El Consejo de Ministros ha pedido hoy al Consejo de Estado «encomendar» al principal órgano consultivo la propuesta de supresión de los aforamientos. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en rueda de prensa que ha asegurado que con ello se «anticipa» el papel del Consejo de Estado para que «desde el inicio contribuya a calidad normativa del texto».
Esto es, el Gobierno no ha aprobado hoy como se esperaba el anteproyecto. Sino que ha acordado que la propuesta de reforma la presente el Consejo de Estado. A partir de una serie de directrices que el Gobierno le hará llegar.
Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablase de «supresión», Celaá lo ha confirmado al hablar de las directrices que la idea del Gobierno es «reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de funciones de cargo público».
Además se centrará en Gobierno, diputados y senadores. Aquellos que vienen reflejados en la Constitución «sin referencia al fuero especial de otros cargos y autoridades que no se mencionan» en la Carta Magna, mencionando expresamente a la familia del Rey, algo que sí demanda Podemos.
Ha sido una rueda de prensa no muy extensa, en la que ni este medio de comunicación ni muchos otros, de uno y otro signo editorial, han tenido turno de pregunta, con lo que la portavoz ha podido escabullirse de las preguntas referidas a los plagios en la tesis y en el libro del presidente del Gobierno. Celaá no contestó a una pregunta que se le realizó sobre si no considera que la polémica esté desgastando al Gobierno. Solo en su balance de la semana, sin citar explícitamente el caso y repitiendo palabras del propio Sánchez, Celaá ha asegurado que el Gobierno tiene toda la «determinación con el compromiso que tenemos por delante» y que «no van a conseguir paralizar la acción de Gobierno».
Desde el Ejecutivo se había trasladado que hoy conoceríamos el anteproyecto que proponen para suprimir los aforamientos, pero no ha sido así. Celaá ha asegurado que «el Gobierno no abdica de las propuestas que realizó», pero se pide al Consejo de Estado que «acote».
Forman parte de esas directrices políticas la voluntad del Gobierno de que los delitos de corrupción no gocen de aforamiento. Pero tampoco tiene claro jurídicamente como discriminarlos, teniendo en cuenta que son unos tipos de delitos que se cometen en el ejercicio del cargo público. Por eso se recurre antes al Consejo de Estado, para que elabore y no para que emita una opinión no vinculante. «Deben tener un aforamiento restringido a las funciones de su cargo. Pero sacar los delitos de corrupción», se ha limitado a decir Celaá.
Proteger la inviolabilidad del Rey
En donde la portavoz no ha dejado ninguna duda es en el asunto de la inviolabilidad del Rey, que el Gobierno se dispone a mantener. Sin explicar tampoco las cuestiones de fondo que llevan al Ejecutivo socialista a rechazar de plano lo que sus socios de Podemos le exigen para apoyar su propuesta, Celaá ha sido tajante: «El Consejo no ha entrado para nada en el tema de la inviolabilidad del Rey. Es importante que el Rey mantenga su inviolabilidad. No hay nada más que pueda añadirles».
