El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria se opuso a instalar carpas para al menos mil personas
El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para alojar al menos a mil inmigrantes. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado este sábado una orden para instalar carpas de acogida temporal en la zona del muelle de Poniente. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria votó el viernes en contra de la medida. Pese a la resistencia del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el realojo estaba pactado y fue incluido en la modificación del real decreto que aprobó la situación de interés para la seguridad nacional. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ejerce como autoridad funcional del mando único, señaló la necesidad de aumentar los espacios de acogida para acelerar las expulsiones.
Puente ha firmado la orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. Gracias a ella, se autoriza la instalación de carpas con una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario para al menos mil inmigrantes. El Gobierno cifra en 5.000 los irregulares que aún continúan en Ceuta tras la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio, pero las autoridades locales elevan la cantidad por encima de las 8.000 personas.
La decisión de produce después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votara este viernes en contra de la instalación de las carpas. La orden de Puente desactiva la resistencia del puerto de la ciudad autónoma, controlado por Vivas. El texto detalla que el objetivo es «la instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional».
El objetivo del Gobierno
La orden precisa que «la ocupación se materializará mediante la instalación, con carácter provisional, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad».
Puertos del Estado, dependiente de Transportes, ha emitido un informe en el que concluye que, «aun pudiendo la ocupación temporal proyectada incrementar determinados riesgos asociados de protección de infraestructuras críticas y la operativa portuaria, concurren razones de interés general que justifican» la medida. La orden emitida por Puente permite que se puedan continuar las tareas de instalación que comenzaron el viernes y que frenaron los responsables del puerto.
El pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres señaló que ya existían 3.500 plazas para alojar a los inmigrantes y que pronto se alcanzarían las 6.000. Un escenario necesario para realizar los pertinentes triajes y acelerar las expulsiones. El uso del puerto de Ceuta ya estaba incluido en la modificación del real decreto que aprobó la situación de interés para la seguridad nacional y, aunque había sido pactado, ha disgustado a las autoridades locales.
Vivas asumió la decisión en dos reuniones con el Gobierno, una del mando único y otra del Consejo de Seguridad Nacional. El Ejecutivo, que aprobó el pasado martes una partida extra de 309 millones de euros para la ciudad autónoma, ve detrás de esa resistencia una maniobra política. El uso del puerto de Ceuta tiene un precedente en Canarias con la crisis del Hantavirus, que también contó con el rechazo del presidente regional, el popular Fernando Clavijo.
Traslados a la Península
«Nosotros siempre supeditamos la utilización de espacios al beneplácito de los vecinos», explican a THE OBJECTIVE desde la presidencia de la ciudad autónoma. El uso del puerto de Ceuta se ha activado, precisamente, por ser una zona alejada de la población, que protagonizó diferentes protestas al conocer el borrador del real decreto que incluía los espacios para ubicar inmigrantes. Se tuvo que eliminar el hospital militar, los polideportivos y la fábrica de La Harina e incorporar otros, como el mencionado puerto y otros terrenos del Ministerio de Vivienda.
Para el Gobierno local, la decisión de Puente de tomar el control del puerto de Ceuta constituye «un grave error». Consideran que el puerto de Ceuta es una «infraestructura crítica» y piden que la celeridad que se está aplicando en buscar alojamiento a los inmigrantes debe emplearse en agilizar los procedimientos de devolución de quienes accedieron de forma irregular desde Marruecos.
El Gobierno sigue a la espera de que el presidente de Ceuta firme en los próximos días el convenio alcanzado con entidades privadas para trasladar 500 niñas de manera inmediata a la Península. Con esa decisión, el Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, busca aliviar el colapso de los sistemas de acogida. Desde la ciudad autónoma explican que no tienen constancia «por escrito» de la existencia de esas plazas. Diversos ministros se comprometieron a que ninguno de los 80.000 inmigrantes que llegaron a finales de julio cruzarían el Estrecho de Gibraltar.
