La imputación de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y uno de los hombres del Peugeot, se estima como inevitable. El cerco judicial se acerca también a Juanfran Serrano, mandamás en el aparato del partido
El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) rompe el cordón de seguridad en el que se ha cobijado Pedro Sánchez frente a la corrupción. Durante meses, el presidente del Gobierno ha logrado contener el desgaste político de las distintas investigaciones judiciales siguiendo una misma estrategia: aislar cada caso, presentar a sus protagonistas como responsables individuales y evitar que unos procedimientos contaminaran a otros. José Luis Ábalos era un problema distinto al de Santos Cerdán. Leire Díez actuaba, según la versión oficial del PSOE, por iniciativa propia. Es decir, cada crisis tenía su perímetro.
Pero el último informe de la UCO hace saltar por los aires este marco porque aparecen nuevos nombres y porque cambia el objeto de la investigación. La Guardia Civil ya no intenta solo determinar qué hizo cada uno de los protagonistas, sino que intenta reconstruir cómo se relacionaban entre sí, qué papel desempeñaba cada uno y si detrás de las actuaciones investigadas existía una coordinación estable. Esa es una hipótesis policial que ahora deberá ser corroborada o descartada por el juez, pero políticamente ya ha modificado el escenario.
La principal consecuencia para el PSOE es que la investigación deja de concentrarse solo en la Secretaría de Organización y comienza a proyectarse sobre los dos grandes círculos de confianza del presidente. Por un lado, el aparato orgánico que durante años dirigió Santos Cerdán. Por otro, el núcleo histórico que acompañó a Pedro Sánchez desde las primarias de 2017 y que hizo posible su regreso al liderazgo socialista.
La incorporación de Juan Manuel Serrano es mucho más que un nombre. No fue únicamente presidente de Correos. Fue uno de los hombres del denominado “Peugeot”, jefe de gabinete del PSOE y uno de los colaboradores que han acompañado a Sánchez durante toda su etapa de reconstrucción política. Que la UCO dirija ahora el foco hacia él confirma que las pesquisas ya no afectan exclusivamente a dirigentes del partido, sino a personas pertenecientes al círculo de máxima confianza del presidente. Su imputación se ve inminente,
Al mismo tiempo, la investigación mantiene el foco sobre Juan Francisco Serrano, durante años número dos de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización. Si el juez decidiera ampliar las diligencias respecto a él -una decisión que corresponde exclusivamente al magistrado y que no puede darse por hecha-, el alcance político sería evidente: las pesquisas afectarían simultáneamente al aparato del PSOE y al núcleo político que ha acompañado a Sánchez desde el origen de su proyecto.
Ese es precisamente el cambio que introduce el informe de la UCO. Hasta ahora la imagen era la de una suma de episodios, pero, a partir de este documento, la Guardia Civil intenta construir otra tesis: la de una posible estructura de relaciones entre dirigentes políticos, una empresa pública como Correos y los distintos protagonistas investigados. El objetivo deja de ser únicamente identificar conductas individuales para tratar de explicar cómo funcionaba ese entramado y cuál era la posición de cada uno dentro de él.
También cambia el papel de Correos. La empresa pública deja de aparecer como un escenario secundario para convertirse, según la hipótesis de los investigadores, en una pieza relevante dentro de la operación judicial y policial. La UCO intenta determinar si determinadas decisiones relacionadas con contrataciones o incorporaciones respondieron únicamente a criterios de gestión o si formaban parte de una actuación coordinada (con corrupción económica de por medio).
Otra de las claves del informe es que desplaza el foco desde la ejecución hacia la cadena de decisiones. «En este tipo de investigaciones no basta con determinar quién realizó una actuación concreta, sino que lo determinante es establecer quién la conocía, quién la impulsó, quién la autorizó y quién podía beneficiarse de ella. Esa reconstrucción de relaciones constituye el verdadero salto cualitativo», señalan fuentes policiales.
El siguiente movimiento corresponde al juez. El informe no implica por sí mismo responsabilidades penales ni supone una resolución judicial. Su función es aportar indicios para que el magistrado valore si procede practicar nuevas diligencias, requerir más documentación o citar a nuevas personas como investigadas. Sin embargo, desde el punto de vista político el efecto ya se ha producido porque refuerza la tesis de una actuación coordinada para intentar obtener información reservada, desacreditar investigaciones judiciales y policiales y proteger intereses políticos. Conecta la estructura del partido con recursos materiales de la trama y eleva la presión sobre Interior.
