El PSOE se ha desmarcado de las declaraciones del primer secretario del PSC y candidato a la Presidencia de la Generalitat catalana, Miquel Iceta, sobre los indultos para los exconsejeros que están en prisión y para los líderes de ANC y Òmnium.

«Es opinión de Miquel, la respetamos, pero es su opinión», dicen «sorprendidos» desde Ferraz. «Es su opinión, que respeto, pero en todo caso es la suya», ha asegurado también en los pasillos del Congreso la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

Aunque implícitamente la dirección federal ha reconocido que Iceta no ha coordinado con ellos esa posición, le han quitado importancia, «porque en campaña cualquier candidato puede hacer la propuesta que considere conveniente», según informa Efe. Han subrayado también la autonomía del PSC para hacer promesas que se circunscriben al ámbito de Cataluña en el marco de unas elecciones catalanas.

Estas palabras se producen después de que el líder del PSC indicara en Rac 1 que es partidario de pedir el indulto para los exconsellers presos y los líderes de la ANC y Òmnium encarcelados en caso de que sean condenados. «Sin duda pediría el indulto, porque en este país tendremos que cerrar heridas que tienen un origen político», ha dicho.

Hace días, en una entrevista en el diario «Ara», Iceta ya indicó que «si hay condenas, en algún momento tendrá que haber indultos».

Los Ministerios de Economía y Hacienda están evaluando, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona –que investiga los preparativos del 1-O– los costes del referéndum ilegal. El pasado 30 de octubre, el sustituto del magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer –que fue recusado por las defensas de varios investigados y está apartado del procedimiento desde entonces– ya requirió a todas las consejerías de la Generalitat para que informasen de los costes económicos de la consulta suspendida por orden del Tribunal Constitucional. Pero la respuesta de los trece departamentos no arroja luz alguna: o bien contestan que no tienen conocimiento de partida alguna relacionada con el 1-O o aseguran que no se efectuó gasto alguno con ese fin.

A la vista de esa respuesta, el magistrado Jaime Conejo (que sustituye a Martínez Sunyer hasta que se resuelva el incidente de recusación) invoca la aplicación del artículo 155 de la Constitución –por el cual el Ejecutivo de Mariano Rajoy asumió las competencias de la Generalitat el pasado 27 de octubre– para requerir a ambos ministerios, a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña, a fin de que den «las órdenes oportunas para la exacta y puntual cumplimentación» de los datos requeridos. Así consta en una providencia fechada el pasado 23 de noviembre, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, incorporada al sumario que instruye Ramírez Sunyer por sedición, malversación, desobediencia, prevaricación y revelación de secretos contra varios ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos Josep Maria Jové, el que fuera «número dos» de Oriol Junqueras en Economía y responsable de la logística del 1-O.

En apenas quince días, la Generalitat cumplimentó el requerimiento judicial informando al instructor que «en ninguna» de las trece consejerías «se ha producido coste económico en relación a la celebración de la consulta».

El juez preguntó en particular por el pago con dinero público de informes previos a la celebración del referéndum; publicidad en los medios de comunicación; material electoral (urnas, papeletas o sobres); webs para difundir la consulta o medios informáticos para el escrutinio y verificación de votos; traslado y estancia de los observadores internacionales; actos de apertura y cierre de la consulta (celebrados en el Tàrraco Arena y en la Font Màgica de Montjuïc, respectivamente) y el coste del personal empleado para su celebración. Pero en todos los departamentos la respuesta fue la misma: los gastos o no existen o se desconocen. De ahí que ahora el magistrado quiera que sean los técnicos de los ministerios de Luis de Guindos y Cristóbal Montoro los que buceen en las cuentas de la Generalitat en busca de esos desembolsos que apuntalarían la imputación por un delito de malversación, castigado con penas de tres a ocho años de prisión.

La factura del 1-O es por ahora un arcano. Si bien los presupuestos de la Generalitat para 2017 preveían un desembolso de 6,2 millones de euros, el propio magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena –que investiga por rebelión a los principales responsables del «procés» (con Puigdemont y Junqueras a la cabeza)– rechazó el pasado 9 de noviembre imponer una fianza de responsabilidad civil por ese importe a Carme Forcadell y otros cinco ex miembros de la Mesa. Y lo hizo, pese a la petición de la Fiscalía en ese sentido, ante la ausencia de pruebas de que la celebración del referéndum se pagara «con cargo a fondos públicos» y «menos aún» que, en su caso, se desembolsaran finalmente esos 6,2 millones.

Las defensas de Puigdemont y los ex consellers sostienen –esgrimiendo una certificación de la Intervención de la Generalitat– que únicamente se gastaron 25.000 euros correspondientes al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), pero matizan que en todo caso se hizo antes de que el Tribunal Constitucional anulase las partidas del referéndum.

La Guardia Civil cifra en 502.639 euros el dinero gastado por la Generalitat en la consulta. En un informe incorporado a la causa acusa al Gobierno de Puigdemont de llevar a cabo «argucias» para impedir conocer ese montante y propone que el Tribunal de Cuentas o la Intervención General realicen una auditoría. Además, no descarta que Òmnium o ANC pagasen los gastos.

El Gobierno será el garante de la recuperación de la “marca Barcelona”. Así lo ha anunciado este lunes la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, tras un encuentro con representantes del sector turístico en el que se han analizado los malos datos de los últimos dos meses y, sobre todo, del puente de diciembre en la capital catalana.

“Es fundamental relanzar la marca Barcelona. Cataluña y especialmente Barcelona tienen un gran potencial, excelentes infraestructuras, capacidad de atracción, infrasestructuras en ámbito turístico de primera magnitud y no es justo que por el procés se haya deteriorado la confianza en una marca que es de calidad” ha señalado Santamaría.

La vicepresidenta del Gobierno se ha reunido durante más de dos horas con representantes de los gremios de hostelería, restauración y comercio de Barcelona, -entre ellos Joan Clos, Amancio López o Joan Gaspar- con los que ha analizado las consecuencias del proceso independentista. El PP catalán ha hecho de la factura económica del procés uno de los ejes de su campaña, y su candidato, Xavier García Albiol, ha incidido especialmente en la defensa del sector que más directamente ha notado los efectos del 1-O y sus derivadas, acumulado a los de los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado agosto.

“Es importante que no se cronifique” el deterioro económico que ha generado el proceso independentista, ha señalado, tras apuntar que los hoteleros le han trasladado caídas del 30% de la facturación y las reservas, pese a que se han bajado precios.

El turismo es empleo, ha destacado para señalar la importancia de estos datos que ha completado advirtiendo de que en los meses de octubre y noviembre el paro creció un 7% en el sector servicios en Cataluña mientras en el resto de España “se ha creado empleo en este sector”.

En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que “es crucial cambio de clima en la Generalitat que permita al Gobierno tener interlocutor que dentro de la ley se preocupe por dar la vuelta al momento económico difícil que se está viviendo. Si restauramos la fractura social podremos darle la vuelta a la factura económica”.

El 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un colectivo que, como los demás, también tiene derecho a trabajar. Pues bien, lejos de estar de fiesta, hay miles de discapacitados en Cataluña a los que la Generalitat les debe dinero. Concretamente una subvención de 16 millones de euros destinada a pagar parte de sus nóminas y cuya cuantía, además, fijó por debajo de lo que establece la ley. Los afectados son los discapacitados físicos y sensoriales que trabajan en los Centros Especiales de Empleo (CEE) de la región, alrededor de 5.000 personas.

«Si tienes todo el día la cabeza en un sitio, no la puedes tener en otro y el último Gobierno de Cataluña sólo pensaba en la independencia». Sólo así se explica José Antonio Canillas, director gerente del CEE L’Horitzó, que, a finales del mes de noviembre, no se hubiera repartido una subvención destinada a financiar las nóminas anuales de los discapacitados que trabajan en centros como el suyo. La situación colapsa la tesorería de estas instituciones, el principal caladero de trabajo para ellos.

Sistema complejo

«Siempre digo que nuestro primer objetivo no es vender pescado en conserva, sino insertar discapacitados en el mundo laboral», cuenta a ABC Jaume Grau, socio fundador de la «Factoría del Mar», una conservera donde trabajan 55 personas, todas ellas con alguna discapacidad. «Menos una, el gerente, que es un chaval nuevo», especifica Grau, cuya compañía se ha tenido que endeudar para pagar a sus trabajadores.

El panorama de las subvenciones en Cataluña es complejo. Según los datos facilitados por la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Empleo, la Generalitat ha dedicado en 2017 unos 80 millones a fomentar el empleo de discapacitados. Según sus cálculos, 45 millones proceden de una transferencia estatal que se utilizó, como señala Julio Martínez, presidente de la Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (FECETC), para pagar «parte de las nóminas» de una parte de los 15.150 discapacitados que trabajan en los CEE. Desde Cataluña puntualizan que tuvieron que adelantar este dinero porque el Ministerio de Empleo, con quien este medio ha tratado de contactar sin éxito, aún no habría realizado la transferencia.

Los 35 millones restantes proceden de las arcas catalanas y de ahí sale un programa de subvenciones de 33 millones de euros que se convocó tres días antes del 1-O y que todavía no se ha resuelto (ni cobrado, claro). Este programa se divide a su vez en dos líneas que también sirven para pagar parte de las nóminas de los trabajadores discapacitados. La primera, de 17 millones pagará el 50% del SMI de los discapacitados de «especiales dificultades» que no hayan podido recibir una ayuda de los fondos nacionales.

Y el problema llega aquí, con la segunda línea, cuantificada en 16 millones que, contra lo que enuncia la ley de la discapacidad, otorgará el 25% del SMI -la mitad de lo decretado- a todos aquellos discapacitados físicos y sensoriales -con un grado reconocido entre el 33% y el 65%- que no hayan recibido dinero de otras subvenciones. En Cataluña, según los datos -actualizados a 31 de diciembre de 2016- a los que ha tenido acceso ABC, hay 5.239 personas que cumplen el último requisito. Por ello, Martínez habla de «agravio comparativo» entre los discapacitados a los que el Govern paga lo que por ley les corresponde y los que no.

«Estos trabajadores no han percibido ninguna mensualidad de la ayuda del 50% de su SMI. Están contra las cuerdas», denuncia Martínez, quien especifica que en Cataluña hay «210 centros especiales de empleo». «Nunca antes» –dice– se había llegado a estas alturas del año sin percibir dinero público para pagar los salarios.

Consecuencias

«Algunos centros no están pagando las nóminas y otros están hasta con EREs», expone Martínez, quien critica a los artífices de la distinción entre discapacitados de primera y de segunda en Cataluña. Se refiere a la exconsejera Dolors Bassa –en prisión hasta el pasado lunes– que aprobó la reducción de la aportación a una parte del colectivo hasta el 25% del SMI con las federaciones DINCAT, AMMFEINA SMC, AEES DINCAT, Forum Salut Mental y CETIP, según la nota de prensa de la Generalitat.

Hoy no hay Gobierno, el porcentaje de la ayuda ha rebasado el umbral legal mínimo y, a juicio de Martínez, las ayudas no van a servir para sostener los sueldos de trabajadores como José Carrera quien, tras sufrir de niño un accidente de tráfico, presenta daños mentales y físicos. Tiene reconocido el 36% de discapacidad y lleva casi ocho meses trabajando en el CEE de L’Horitzó. «Doy gracias por que me hayan dado esta oportunidad». «El futuro es bastante oscuro», vaticina Martínez.

Después de la presión que ha realizado el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el Gobierno acelere la privatización de Bankia, el Estado, a través del FROB, ha dado orden para vender el 7% de sus acciones en el mercado. Tras esta operación, el Estado pasará de controlar el 67,63% al 60,63%. El sistema utilizado es una colocación acelerada de acciones que tienen un valor de mercado de 840,47 millones, ya que las acciones cerraron la cotización este lunes a 4,17 euros. La colocación se hará entre fondos de inversión, de pensiones y aseguradoras internacionales y está previsto que se cierre la noche de este lunes con un descuento inferior al 4% sobre el cierre del lunes. Los dirigentes de Bankia se han manifestado en repetidas ocasiones a favor de la privatización porque cree que es bueno dar más liquidez al valor para que entren más inversores y se cierren futuras ventas.

Según los planes, en la mañana del martes 10 de diciembre estará cerrada la venta del 7% de las acciones. En un comunicado enviado al regulador bursátil, se anuncia que las tres entidades colocadoras serán Deutsche Bank, Morgan Stanley, International y UBS. En febrero de 2014 el Estado ya vendió otro 7,5% de las acciones de la nacionalizada Bankia. En aquel momento logró con el paquete (que tenía el día que se comercializó un valor de mercado de 1.365 millones de euros) 1.304 millones de euros. En aquel momento se vendió a seis euros por acción, ahora será a unos cuatro. El esta ocasión es probable que el Estado obtenga cerca de 800 millones.

Con estos precios, el Gobierno venderá ligeramente por debajo de la última valoración que tiene de Bankia, situada en 12.346 millones, según el último informe del Tribunal de Cuentas. Este lunes Bankia cerró con una capitalización de 12.040 millones y se venderá con descuento. Por supuesto, también estará por debajo del coste de rescate, que se sitúa en 22.424 millones.

¿Por qué vende ahora el Gobierno? Tras vivir malos meses, los bancos han vuelto a estar en el objetivo de los inversores porque se ha cerrado el nuevo acuerdo de capital denominado Basillea III, que no exigirá grandes esfuerzos de recursos propios adicionales. De hecho, desde el 21 de noviembre pasado, Bankia ha subido un 10% en Bolsa. El Gobierno estudió la posibilidad de sacar un paquete de acciones en octubre, pero la inestabilidad creada por la situación de Cataluña lo desaconsejó, según fuentes conocedoras de la operación. Ahora, el factor soberanista ha dejado de ser un factor desestabilizador en Bolsa, aunque pudiera volver a serlo tras el 21-D.

El futuro de Bankia, clave para el sector

El Gobierno llevaba tiempo preparando la colocación de otro paquete de acciones de la entidad y el ministro de Economía, Luis de Guindos, comentó que se realizaría probablemente en otoño. La previsión era sacar entre el 7% y el 9%de las acciones. Tanto el BCE como el FMI consideran que la reestructuración bancaria española está terminando, pero el cierre de la privatización de Bankia es un elemento capital, que determinará cómo acaba configurado el mapa financiero. Si la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri sigue independiente o vendida a un competidor, es la mayor incógnita sobre la banca española.

Luis de Guindos, ministro de Economía, parece haber aprovechado ahora el interés de los inversores internacionales, así como que la privatización de Bankia no provoca quejas políticas de los demás grupos parlamentarios. Además, de no haberlo hecho ahora, no sería posible vender acciones de Bankia hasta la segunda mitad de febrero porque la entidad presentará resultados en enero y, en esas fechas, está prohibido colocar capital. Esta colocación se hace poco antes de que se haga público el cierre de la fusión de Bankia con BMN, que supondrá la salida de trabajadores y cierres de oficinas.

Durante esta misma tarde, las entidades colocadoras están desarrollando actividades de difusión y promoción de la colocación «con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición de las acciones por parte de potenciales inversores», según el comunicado. Una vez cerrado el procedimiento, probablemente esta misma noche, se hará público el resultado con una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Uno de los objetivos que la Guardia Civil y los jueces intentan esclarecer desde que arrancaron las investigaciones en torno al ‘procés’ es evidenciar que los preparativos para la ruptura fueron un desafío a la legalidad coordinado por varios responsables: Govern, políticos sin cargo público, líderes del soberanismo social, técnicos y asesores externos.

La Unidad de la Policía Judicial de Cataluña encontró durante un registro el pasado septiembre un documento clave en ese aspecto. Un escrito, de puño y letra de uno de los ‘fontaneros’ del proceso y cerebro tras el 1-O, que recoge el listado más completo de quienes elaboraron esa estrategia. Entre ellos se incluye a Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, pero también a la secretaria general de ERC y ‘numero 2’ de la candidatura republicana para el 21-D, Marta Rovira.

Se trata de la constatación de la existencia de una suerte de Comité Estratégico del ‘procés’ que ya se describía en un informe previo también requisado por el Instituto Armado. Bautizado como ‘Enfocats’ y considerado como una hoja de ruta embrionaria, en la misma se incluía ya a varios líderes politicos y sociales soberanistas como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y Òmnium y todavía encarcelados por orden del Supremo.

En esta ocasión, los investigadores cuentan con una agenda manuscrita que, además de detallar el nombre de los implicados en la construcción del ‘procés’, también narra, reunión a reunión y durante casi dos años, la operativa para llevar al Estado al choque y forzar la intervención internacional en Cataluña.

El documento, a cuyo contenido ha tenido acceso EL MUNDO, se encuentra entre los últimos informes entregados al Juzgado número 13 de Barcelona y se erige en pieza clave de una causa por la que, por el momento, se mantiene imputadas a una veintena de personas.

La investigación de la Guardia Civil ha motivado, precisamente, que el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, haya reclamado este mismo lunes un informe «individualizado» sobre todos los implicados en la estrategia soberanista. El juez ha ampliado la investigación ya abierta a Marta Rovira y a Anna Gabriel, ex presidenta del grupo parlamentario de la CUP.

Localizada el 20 de septiembre en una vivienda particular, la agenda personal pertenece a Josep Maria Jové, secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat y uno de los 14 cargos del Govern detenidos aquel día por un presunto delito de sedición.

El manuscrito -una ‘Moleskine’ grande de color negro- identifica a los responsables de una estrategia que gira en torno a una premisa general: : «La única manera para que desde fuera presionen al Estado sobre el referéndum es que vayamos hasta el final», según queda escrito en una de las reuniones, en febrero de 2016.

Las citas descritas en la agenda, celebradas entre febrero de 2015 y noviembre de 2016, mencionan la participación de los máximos responsables del Govern. En las entradas se identifica en reiteradas ocasiones al ‘president’ cesado, Carles Puigdemont; al vicepresidente Oriol Junqueras; o a los ex ‘consellers’ Carles Mundó y Raül Romeva. También participaron en las cumbres cargos públicos que abandonaron el Ejecutivo catalán antes del 1-O. Se trata de la ex consellera Neus Munté y el ex senador de ERC Santi Vidal, apartado tras revelar públicamente uqe se obtenían de forma ilegal datos fiscales de los catalanes.. También participó en múltiples reuniones Joan Vidal de Ciurana, hombre de confianza de Mas mientras fue president y quien también dejó el Govern antes de culminar el referéndum.

Jové, además, tomó notas precisas de cumbres en las que participaron diputados de todos los partidos soberanistas. Entre ellos se incluye a Marta Rovira, o a diversos miembros de la CUP. El ex presidente de la Generalitat Artur Mas y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también participaron en encuentros en los que se decidió qué pasos debían darse y hasta dónde. Se incluye en las negociaciones estratégicas a varios representantes, también, de la CUP. Jové recoge reuniones en las que participaron los diputados anticapitalistas Anna Gabriel, Eulàlia Reguant, Benet Salellas o Gabriela Serra.

Según concluye la Guardia Civil de Cataluña en su informe al juzgado, durante poco menos de dos años Jové realizó un esquema global de «la hoja de ruta y el proceso hacia la independencia». En su agenda explica parte de los preparativos para el referéndum ilegal del 1-O, la creación de las estructuras de Estado como la Hacienda o la Seguridad Social catalanas hasta la aprobación de las denominadas «leyes de desconexión» y cómo burlar los controles del Parlament. También se esgrimen los pasos previstos para «la estrategia de desobediencia» al Gobierno y a los jueces españoles.

La agenda de Jové también recoge la estrategia particular de ERC para controlar las áreas clave el ‘procés’ o las cumbres de urgencia convocadas entre partidos independentistas cuando el proceso flaqueaba por las presiones del Estado o por las divisiones internas.

El contenido de la agenda supera en concreción sobre los planes soberanistas al informe anterior bautizado como ‘Enfocats’, en el que se realizaba un esbozo, a grandes trazos, de la hoja de ruta. El primer documento especificaba que el ‘procés’ se sostenía en dos grandes grupos, un Comité Estratégico y otro Ejecutivo.