El ‘aparato burocrático’ del Gobierno dispone de casi 160.000 empleados directos frente a los 101.000 que había en 2018
El empleo público sigue desbocado, sobre todo en la Administración Central (estatal) que controla directamente el Gobierno, a pesar del costoso proceso tecnológico e informático acometido, de la irrupción de la Inteligencia Artificial y de la aplicación de la Ley de Modernización que incrementa la participación ciudadana en las labores administrativas. Las últimas cifras oficiales están incluidas en el ‘incompleto’ Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Según su registro, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado hasta julio de 2025 un 58% el número de efectivos en los ministerios y en sus organismos dependientes desde que en 2018 se instaló en La Moncloa. Todo ello se produce en el momento en que el Estado tiene ya transferidas la mayor parte de sus competencias a las autonomías mientras que Sánchez avanza nuevas concesiones a Cataluña y el País Vasco para asegurarse el apoyo parlamentario en la legislatura.
La inflación de ministerios (22), algunos no pasarían la condición administrativa de una mera dirección general, ha posibilitado que ‘el aparato burocrático’ del Gobierno disponga de casi 160.000 empleados directos frente a los 101.000 que había en 2018. De estas nóminas, Interior dispone de 33.729 (aparte se anotan otras 76.477 de la Policía Nacional y 80.758 de la Guardia Civil). Le siguen: Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con 27.223; Defensa, con 13.966 (también figuran fuera de la estadística del ministerio otros 122.777 efectivos registrados como fuerzas armadas); Trabajo, con 12.716 con el SEPE en primera línea; Educación, con 9.268; Hacienda, con 8.342 (no se incluye a la Agencia Tributaria); Economía, con 5.409; o por ejemplo, Política Territorial, con 6.767. En La Moncloa están censados casi 5.000 empleados. Los departamentos con menos personal son los de Juventud (292); Igualdad (300) y Vivienda (375).
Los ministerios y sus organismos autónomos representan una parte sustancial de la denominada Administración General del Estado (AGE) , que ya dispone de forma global de casi 250.000 efectivos frente a los 201.000 de hace siete años al sumar también el personal registrado como ‘otros entes’, entre ellos la Agencia Tributaria, con casi 37.000 empleados frente a los 32.128 en 2018; las agencias estatales, con casi 21.000 efectivos frente a los 14.000 de hace siete años; los 23.900 de las entidades públicas empresariales censadas con presupuesto limitativo; o las universidades no transferidas (2.640 efectivos) y las Autoridades Administrativas Independientes (CNMV o Airef) con casi 1.900 nóminas.
En todo caso, para conocer el tamaño laboral en su totalidad del Sector Público Estatal a cargo del Gobierno hay que sumar a todas las cifras anteriores los 280.000 empleados de las fuerzas armadas, Policía Nacional y Guardia Civil frente a los 255.000 que había de 2018 así como los 14.400 del personal de los juzgados y tribunales frente a los casi 25.000 de hace siete años. Este descenso de personal en la Administración de Justicia se debe a la ‘volatilización’ estadística de más de 10.000 magistrados, jueces y fiscales que ahora el RCP no considera personal de las Administraciones. En su conjunto, pese a la falta de homogeneidad, la estadística oficial señala que Administración Estatal mantiene a 541.000 efectivos frente a los 512.000 de hace siete años.
Disparidad de cifras
Lo que es evidente es que estas cifras están infraponderadas ya que las fuentes de información son dispares. Por ejemplo, el RCP confecciona los datos de la Administración Central con la información de meros actos administrativos como tomas de posesión, ceses o modificaciones de puestos mientras que, por ejemplo, a la hora de computar el empleo público en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos utiliza las afiliaciones de la Seguridad Social. Es más, en el listado de este personal del sector Público Estatal no aparecen los altos cargos, los cargos electos, el personal al servicio de los órganos institucionales y organismos equivalente, ni el personal de las sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones y otros entes con dotación diferenciada, ni el personal militar en situación de reserva o de segunda actividad o el del CNI.
Es decir, según reconoce el RCP, su estadística es “una imagen global” del personal al servicio público (en las autonomías y en los ayuntamientos también falta personal por consignar) que sirve para “analizar la situación de los efectivos en un entramado tan complejo como atractivo para su estudio estadístico”. Para entender esta falta de realidad, sólo hay que comprobar que, a la Seguridad Social le salía que el Estado ya tenía en julio de 2025 más de 541.000 afiliados con la importante salvedad de que en esta estadística del sistema público no se incluye al personal funcionario que entró en el sector público antes de 2012 y que figura en el Régimen de Clases Pasivas. Se trata de unos 700.000 cuya mayor parte se encuentra en la Administración Central.
De esas 541.000 nóminas oficiales del Sector Público Estatal en su conjunto, 423.000 (78%) están catalogadas como funcionarios de carrera, aunque 265.000 de ellas corresponden a las fuerzas armadas y a la seguridad del Estado. Se observa, sin embargo, un aumento importante del personal laboral contratado sin concurso de méritos u oposición y, sobre todo, del calificado como ‘otro personal‘. Se trata de un portillo de entrada, en el que figura el ejército de asesores fichados ‘a dedo’ del Gobierno que supera con creces el millar, la mitad corresponde al presidente del Gobierno frente a los 600 que había en 2018, así como un ingente número de interinos y empleados en formación o prácticas.
Plantilla envejecida
Aunque curiosamente el propio RCP advierte de la dificultad en conocer la edad de los empleados públicos, ya que en su informe señala que “el número de efectivos cuya edad está disponible es inferior al número de efectivos total”, la Administración Central aparece sensiblemente envejecida, ya que 14 de los 22 ministerios tiene a más de la mitad de sus efectivos con más de 50 años. El 71% del personal adscrito directamente al ministerio de Defensa tiene más de 50 años. Le siguen, por ejemplo: Agricultura, con el 67%; Hacienda, con el 57% Presidencia y Exteriores, con el 55%; e Inclusión y Seguridad Social así como Trabajo, con el 54%. Los ministerios con personal con menor edad son los más recientes en su creación y ligados a Sumar como Igualdad o el de Juventud, en los que sólo el 31% de sus efectivos tiene más de 50 años.
También sigue disparado el empleo en las otras dos Administraciones Públicas. En las CCAA sube un 44% desde 2018 hasta 1.934.027 efectivos y un 10% en los municipios y diputaciones hasta los 632.030. Toda esta madeja suma en el conjunto nacional, según el RCP, 3.107.195 empleados públicos (con un coste superior a los 180.000 millones), unos 524.000 más que hace siete años (20% más). Pero, las cifras no reflejan la realidad ya que al INE le sale en la EPA que en julio de 2025 ya había más de 3,5 millones mientras que según los datos de afiliación de la Seguridad Social había casi 3,2 millones sin contar los 700.000 funcionarios que no figuran en su estadística al estar adscritos al Régimen de Clases Pasivas. A la Contabilidad Nacional le sale una cifra muy superior a los cuatro millones. Después de 50 años de democracia, ningún gobierno se ha atrevido aún a depurar los diversos sistemas de medida del empleo público para conocer su dimensión real.
