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Ejercicio de transparencia: no existe un listado completo y detallado de todas las entidades que convocan las manifestaciones mensuales contra Carlos Mazón por la gestión de la dana. La tragedia que asoló la provincia de Valencia aquel 29 de octubre de 2024 trajo una ola de descontento social que ciertos colectivos han sabido llevarse al terreno político, intentando exprimir cada gota de sufrimiento real. Algo muy parecido ha ocurrido con las asociaciones de víctimas, donde casualmente hay cargos de Compromís. Detrás de las manifestaciones que sólo piden la dimisión de Mazón están sociedades subvencionadas por gobiernos de izquierdas, sin arraigo en las zonas afectadas por la riada y que históricamente han defendido la inclusión de la Comunidad Valenciana dentro de unos utópicos ‘países catalanes‘.
La izquierda valenciana de vanagloria de las imágenes de las manifestaciones, otorgándoles una sobredimensión social para utilizar el dolor de la tragedia como arma política. Es más, entre los convocantes no aparece destacada ninguna de las 17 asociaciones de víctimas y afectados de la dana de Valencia, son prácticamente todas de un marcado sentido político. Así se entiende que en las manifestaciones sólo se vean carteles contra Mazón, lemas alejados de la dana como «Queremos votar» y esteladas catalanistas.
En un primer momento se anunciaban las manifestaciones con el apoyo de convocatoria de «200 entidades sociales y culturales», pero El Debate sólo ha podido concretar poco más de una veintena de asociaciones de diferentes ámbitos, pero todas del mismo espectro político. En este conglomerado aparecen tanto colectivos subvencionados por el Gobierno de Pedro Sánchez y el autonómico catalán de Salvador Illa como, por ejemplo, los autores del último ataque a la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Asociaciones subvencionadas
De entre todas las asociaciones destaca Acció Cultural del País Valencià (ACPV) como ‘líder’ de la organización de las manifestaciones. Su presidenta Anna Oliver ha realizado declaraciones durante las marchas como una de las «portavoces de los convocantes».
ACPV está nutridamente subvencionada por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, así como por parte del Ejecutivo autonómico catalán de Salvador Illa. Ambos gobiernos socialistas sustentan que dicha entidad catalanista pueda tener una gran sede en pleno centro de Valencia y que se realicen actividades para la promoción de la «cultura catalana» en la capital del Turia.
Por si fuera poco, Acció Cultural de País Valencià está personada en la causa que instruye la jueza Nuria Ruiz Tobarra para investigar la gestión de la dana de Valencia. La entidad se sirve de ser acusación popular para la solicitud de pruebas y testificales con las que intentar abocar la investigación a un control específico sobre el papel de Carlos Mazón en la toma de decisiones aquella tarde del 29 de octubre.
Además, ACPV forma parte de la Federación Llull junto a Ómnium Cultural y la Obra Cultural Balear, que trabaja por «un futuro compartido para los países catalanes». Es por ello que su presidenta Anna Oliver participó en la última Diada de Cataluña alentando al servilismo valenciano sobre cualquier cuestión catalana.
Otra de las entidades conocidas que están entre los convocados de las manifestaciones que sólo se centran en pedir la dimisión de Mazón es Escola Valenciana, colectivo que en octubre recibió 100.000 euros del Gobierno autonómico de Salvador Illa. La entidad creada para impulsar el uso del valenciano es realmente un satélite lingüístico para extender el catalán por tierras valencianas, un elemento más para blanquear una irreal cultural y lengua «común» entre la Comunidad Valenciana y Cataluña.
La tercera entidad conocida es la Societat Coral El Micalet, colectivo que realmente tiene un papel más cultural y musical, pero que se ha servido de la dana para evidenciar su marcado carácter político. Oficialmente dicen tener como objeto social «el fomento de la instrucción de las Bellas Artes, particularmente de la música, la danza, el teatro, la imagen y la comunicación, así como de los distintos aspectos culturales». En su sede se presentó una de las asociaciones de víctimas de la dana, en cuya representación está Mariló Gradolí, de Compromís.
Conglomerado asociativo de la izquierda
La extrema izquierda también está representada en utilizar a las víctimas de la dana para sostener la visión política de la gestión de la tragedia. Ahí aparece Arran, asociación que esta misma semana atacó la sede del PP de la Comunidad Valenciana y que se autodefine como «organización juvenil revolucionara de los ‘países catalanes’».
En la miscelánea de la izquierda valenciana para convocar y promover las manifestaciones contra Mazón por la dana también están colectivos como Amical de Mauthausen, Assemblea de Barri de Montolivet, Bloc d’Estudiants Agermanats, Ca Bassot, Ca Revolta, CNT València, Coordinadora Associacions Memòria Democràtica País Valencià, Decidim, FAMPA València, Intersindical Valenciana, Joves d’ACPV, JovesxRussafa, Plataforma 14 d’abril per la República, Plataforma pel dret a decidir del País Valencià, Teixint Patraix, Arrels del Canvi, Comissió Ciutat-Port, LAMBDA, Associació Cultural És País Valencià y Entrebarris.
Y así es como la izquierda política se sirve de la izquierda asociativa para en vez de convocar mensualmente una cita en memoria y recuerdo de las víctimas, se utiliza a los afectados para mantener el pulso político de la tragedia. Sería impensable que este conglomerado asociativo se erigiera en defensor social de la moralidad si en el Palau de la Generalitat hubiera un presidente de izquierdas.
