Un tribunal francés encontró responsable al exmandatario por delitos vinculados a fondos extranjeros en su campaña, aunque fue exonerado de otras acusaciones. El expresidente ha anunciado que recurrirá la sentencia
En 2011, mientras la aviación de la OTAN castigaba Libia, el hijo del dictador Muammar Al Gadafi, Seif Al Islam, concedió una entrevista a Euronews en la que mostraba su malestar con el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy, uno de los artífices principales de la campaña militar occidental. En unas sorprendentes declaraciones, Seif Al Islam aseguraba que el régimen libio había financiado la anterior campaña electoral del líder galo, como parte de los esfuerzos de Trípoli por romper su aislamiento internacional y ganar amigos en Europa. «Yo mismo fui testigo de la entrega de la primera parte del dinero a[l secretario de presidencia] Claude Guéant en Trípoli», afirmó.
Hoy, la justicia francesa considera probados esos hechos. El expresidente francés ha sido declarado culpable este jueves de varios de los delitos por los que estaba acusado en relación con estos hechos, en particular por asociación de malhechores. Sarkozy fue, sin embargo, absuelto de malversación de fondos públicos y de haber incumplido el código electoral, cargos por los que también estaba encausado.
El Tribunal Correccional de París, que empezó la lectura de la sentencia poco después de las 10.00 locales (8.00 GMT), ha condenado a Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión. El tribunal emitió una orden de prisión preventiva, alegando que se trataría de «hechos excepcionalmente graves que podrían socavar la confianza de los ciudadanos en quienes los representan». También le ha multado con 100.000 euros y se le ha impuesto una prohibición de cinco años de ejercer sus derechos civiles, cívicos y familiares, así como una prohibición de cinco años de ser elegible para las elecciones. La fiscalía había solicitado siete años de prisión, una multa de 300.000 euros, cinco años de inhabilitación y la prohibición de ejercer funciones judiciales.
A la salida de los juzgados, y acompañado de su mujer, el expresidente se ha defendido frente a los medios: «Iré cuando me llame la justicia. Soy inocente. Es una injusticia escandalosa. Me acusan de algo que no he hecho». Anunció también su intención de recurrir la sentencia ante la corte de apelaciones y señaló al poder judicial: «Si alguien ha traicionado a los franceses, no soy yo, es la Justicia que acabamos de ver». «Es de una gravedad extrema para el Estado de derecho, para la confianza en la Justicia».
Los jueces consideran a Sarkozy culpable por haberse servido de su influencia como presidente del partido conservador UMP y como candidato presidencial para que colaboradores suyos, como Claude Guéant y Brice Hortefeux, cometieran delitos de corrupción con el régimen de Gadafi. En concreto, la presidenta del tribunal señaló que el entonces pretendiente al Elíseo permitió que esos dos próximos colaboradores, que posteriormente ocuparían puestos destacados durante su mandato presidencial, «obtuvieran apoyos financieros» de Trípoli para la caja de la campaña de 2007.
Hechos investigados a fondo
Para Sarkozy, evitar esta condena era casi imposible a estas alturas. La financiación ilegal por parte del régimen libio de su campaña en 2007 había sido acreditada no solo de forma documental, sino también en múltiples libros escritos por periodistas de investigación franceses, como «Sarkozy-Gadafi: Historia secreta de una traición» (2013), de Catherine Graciet, o el volumen colectivo más reciente «Sarkozy-Gadafi: Los billetes y las bombas» (2019). En 2012, el diario Mediapart publicó un documento atribuido a los servicios de inteligencia libios en los que la dictadura libia se comprometía a proporcionar 50 millones de euros al equipo del entonces candidato, si bien la cantidad oficial declarada por su campaña presidencial fue de 20 millones.
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La sentencia de este jueves establece que ese delito de asociación de malhechores fue cometido entre 2005, fecha de un viaje de Sarkozy a Libia como ministro del Interior, hasta el 15 de mayo de 2007, cuando comenzó su mandato presidencial, momento a partir del cual estaba cubierto por la inmunidad en tanto que jefe del Estado. Pero le absuelve de los otros delitos por los que también se sentó en el banquillo, como los de haber infringido las reglas electorales en la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 o los de malversación de fondos. El delito de asociación de malhechores puede conllevar una pena de hasta 10 años de cárcel.
Sarkozy ya ha sido condenado en dos procesos anteriores, uno por corrupción y tráfico de influencias, por el que fue sentenciado a un año de cárcel y que ya es firme; y otro por la financiación de su campaña de 2012, por el que fue sentenciado en Apelación a 6 meses de prisión y está pendiente del recurso ante el Tribunal Supremo.