España dedica un 0,4% del gasto público a la prevención de incendios, por debajo de la media de la UE, pese a ser el país que más sufre
Coinciendo con la ola de incendios forestales que ha arrasado ya más de 400.000 hectáreas en España, Bruselas ha publicado un nuevo análisis sobre los esfuerzos de los países para luchar contra ellos. Y aunque España es el país de la Unión Europea (UE) que más sufre, es el decimoquinto en gasto para prevenirlos.
Las estadísticas que difunde la Comisión Europea, actualizadas con datos referentes al año 2023, reflejan cómo en aquel año registró 7.748 incendios, récord entre los Estados miembros de la UE. Se quemaron cerca de 90.000 hectáreas, una cifra que en aquel año sólo superó Grecia y que este año ya se ha cuadruplicado.
Para tener una fotografía más completa, Bruselas acumula los datos de los últimos 40 años. En esta imagen España y Portugal también quedan retratados como los países más afectados históricamente por los incendios, con 600.000 y 800.000 acumulados desde 1980, respectivamente.
Dos países que, por el contrario, no destacan por su gasto en prevención y lucha contra los incendios forestales. Según la estadística de Eurostat, España se sitúa a la cola en inversión al dedicar a estos servicios de protección un 0,4% del gasto público, lo que en 2023 equivalía a menos de 3.000 millones de euros anuales.
Desde 2015 las administraciones españolas dedican el mismo porcentaje del gasto público a esta partida, situándose desde 2017 por debajo de la media de la UE (0,5%). Rumanía destaca como el país con más gasto, un 0,9%; seguido de Estonia (0,7%), Grecia (0,7%), República Checa (0,6%) y Alemania (0,6%).
El papel de las CCAA y el Estado
La mayor parte del gasto lo ejecutan las comunidades autónomas y las entidades locales al ser las competentes en materia de prevención y extinción de incendios forestales en sus territorios. Según los datos de Eurostat, aportan un 69% del total, cerca de 1.900 millones de euros.
Por su parte, la Administración General del Estado (AGE) apoya a las autonomías con una inversión próxima a los 1.000 millones, según los mismos datos. El Gobierno aprueba cada verano un Plan con medidas que implican a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).
En el ámbito de la AGE, el mayor peso en las tareas de prevención y extinción recae en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que asumió esa misión tras la activación -en 2021- del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Anteriormente, esa responsabilidad recaía en el Ministerio de Agricultura.
La Comisión también analiza el porcentaje de bomberos con los que cuentan los países y España, de nuevo, se sitúa en una posición intermedia. Con datos actualizados a 2024, los cerca de 22.000 profesionales suponen un 0,18% de todos los trabajadores del país, también ligeramente por debajo de la media europea.
