El Gobierno lleva medio año negociando el desembolso con la Comisión Europea ante la incapacidad de cumplir algunos de los compromisos asociados a los fondos UE
La Comisión Europea ha bloqueado cerca de 1.000 millones de los 25.000 millones que España había solicitado de los fondos europeos Next Generation EU. Un quinto desembolso que se ha retrasado medio año por la incapacidad del Gobierno para cumplir ciertos compromisos asociados al pago, y que finalmente se ha saldado con una ‘embargo’ temporal de parte del dinero.
En concreto, el Ejecutivo no ha aprobado, en el marco de la reforma fiscal, una subida del impuesto al diésel, como pedía la Comisión y se incluyó en el Plan a finales del año pasado, dentro del hito 388, que se refiere a la entrada en vigor de todas las medidas fiscales. Tampoco se da por cumplido el hito 167, condición de este quinto pago, y relativo a la digitalización de entidades regionales y locales.
Pero, además, la Comisión Europea ha embargado dinero a España en este desembolso por otro hito asociado a la reforma para la modernización y digitalización de la Administración, el 144, que incluye el compromiso de reducir la tasa de temporalidad entre los trabajadores públicos.
Este último hito fue valorado positivamente en el primer pago de fondos UE y ahora la Comisión se retracta, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya dictaminado que algunas prácticas españolas relacionadas con los funcionarios interinos son contrarias al derecho comunitario. Solo por esto, Bruselas bloquea ahora 627 millones de euros.
«El pago de 626.615.891 euros se suspenderá del (de los) desembolso(s) posterior(es) de la ayuda no reembolsable según lo establecido en la sección 2(3) del anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo de 15 de julio de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia para España hasta que sea necesario para la suspensión del importe total», reza la decisión.
A esto se suman otros 500 millones de euros por los hitos no cumplidos que están asociados propiamente al quinto pago, es decir, la subida al diésel y la inversión en digitalización en las entidades locales y regionales. España puede acabar perdiendo el dinero ‘embargado’ si no es capaz de cumplir ambos compromisos en el tiempo ‘extra’ que ahora concede Bruselas, seis meses desde que se haga oficial (el Gobierno tiene ahora un mes para responder).
Es la segunda vez que la Comisión embarga parte del correspondiente pago a España. La anterior fue hace justo un año, en el cuarto desembolso, por incumplir un hito de inversión sobre la digitalización de pymes, aunque la cuantía fue significativamente inferior: 158 millones de euros. La cantidad en riesgo depende de la importancia del compromiso, y las reformas tienen la valoración máxima para Bruselas.
Suspende fondos UE tras medio año de «negociación»
El Gobierno solicitó en diciembre 9.000 millones de euros en subvenciones y otros 16.000 millones en préstamos ‘blandos’. Cambio el Plan antes de la solicitud de este desembolso triplicando la cantidad de dinero prevista en este pago, pues España ya acumulaba un retraso importante por el anterior pago, cuando se atascó al reforma del subsidio por desempleo.
Desde el Gobierno aclaran que el desembolso aprobado asciende a 24.137 millones de euros brutos, que se convierten en unos 23.000 millones en términos netos, si se tiene en cuenta el dinero ya adelantado, de los cuales 6.991 millones corresponden a transferencias y 15.935 millones a préstamos. Y destacan que «estamos ante el mayor desembolso aprobado por la Comisión Europea a cualquier país desde que se puso en marcha el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2021».
Desde que pidió el quinto desembolso ampliado en diciembre de 2024, el Gobierno ha planteado a la Comisión tres cambios del Plan donde se plasman los objetivos a cumplir, y aún así no ha podido esquivar el bloqueo de 1.000 millones. «Queda pendiente la validación de parte de dos de los hitos presentados para el quinto desembolso. Los equipos técnicos de la Comisión y de España continúan trabajando de forma coordinada para completar su validación en los próximos meses», asegura el Gobierno.
Sin detallar la cuantía de ‘penalización’, Hacienda explica que queda pendiente la modificación de la fiscalidad del diésel. «Cabe recordar que la retirada de la bonificación fiscal al diésel se incluyó en una enmienda parlamentaria que no logró el respaldo suficiente en el Congreso de los Diputados», señalan desde el Ministerio.
En cuanto al hito relativo a la digitalización de entidades regionales y locales, aseguran que «el grueso del hito está cumplido, si bien la Comisión ha pedido más tiempo para seguir trabajando en el análisis de parte de las evidencias presentadas, a fin de poder evaluar su cumplimiento completo».
Por último, tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, desde Hacienda aseguran que «se está trabajando en la adaptación del hito sobre la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a la primera solicitud de pagos».
