La concentración ha tenido lugar frente al TS, a donde han acudido cientos de personas para mostrar su apoyo a los convocantes
Al grito de «¡independencia judicial!», cientos de jueces y fiscales de España se han concentrado en la mañana de este sábado ante las puertas del Tribunal Supremo para demostrar su oposición a las reformas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que afectan tanto al acceso a la carrera judicial como al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tras las reformas impulsadas por Félix Bolaños.
Al final de la concentración, pasadas las 12.45 horas, se ha leído un manifiesto en el que se ha asegura que hoy la independencia judicial «está bajo amenaza» y que «no queda más remedio» que acudir a una huelga entre el martes y el jueves próximo.
El mismo ha sido leído por los presidentes y portavoces de las cinco asociaciones de jueces y fiscales: María Jesús del Barco (la Profesional de la Magistratura), Sergio Oliva Parrilla (la Judicial Francisco de Vitoria), Fernando Portillo (Foro Judicial Independiente), Cristina Dexeus (la de Fiscales) y Miguel Pallares (la Profesional e Independiente de Fiscales).
«El Estado de Derecho no es de Izquierdas ni de derechas», se ha asegurado en la lectura del manifiesto: «Es de todos«.
El escenario elegido, el Tribunal Supremo, no es casual, es el edificio en el que los opositores «culminan su camino de acceso al servicio público, tras años de esfuerzo sustentado en los principios de mérito, capacidad e igualdad», como han explicado los convocantes. Asimismo, recalcan que el lema principal del acto será: «Sin Estado de Derecho no hay demoracia».
«Como fiscales no podemos callarnos», ha asegurado el manifiesto con el que se ha clausurado la manifestación. «Estamos aquí para defender lo de todos».
Insultos para Pedro Sánchez
Las asociaciones han hecho extesiva la convocatoria a todos los ciudadanos que, compromedidos con la independencia de la Justicia, quisieran manifestarse. Eso ha llevado a escuchar gritos de «Pedro Sánchez, hijo de puta», los cuales han intentado imponerse a modo de cántico, algo que los convocantes han logrado cortar de raíz: «Señor, el que insulta se está definiendo a sí mismo», ha dicho el portavoz que leía el manifiesto cuando ha sido interrumpido.
Después, se ha matizado, «para que conste en los medios de comunicación», que la concentración era de caracter «cívico y pacífico», por lo que las cuatro asociaciones condenaban los insultos que se estaban escuchando en contra del presidente del Gobierno.
«Porque quede claro desde ya que este acto no es contra el poder ejecutivo, tampoco es contra el poder legislativo: es un acto a favor del poder judicial», ha matizado el poravoz de las asociaciones convocantes, que ha asegurado que el Gobierno lo que está pretendiendo es convertir el Poder Judicial en «un poder con minúscula, un poder más débil en su función de servir de contrapeso, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder político».
Huelga judicial para los próximos días
Tanto esta concentración en el Supremo como los sucesivos días de huelga son consecuencia, en parte, de la masiva protesta del pasado 11 de junio en toda España en la que jueces y fiscales hicieron un parón de 10 minutos para leer, a las puertas de sus respectivos juzgados, otro manifiesto.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado, por unanimidad, que la huelga de los jueces carece de «soporte normativo» y que tampoco tenían competencia para anunciar dicha convocatoria y fijar unos servicios mínimos. Sin embargo, las asociaciones convocantes mantienen que el derecho a huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española y, por tanto, «no cabe interpretación restrictiva». Pues «la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión», han expresado en un comunicado.
Para apoyar su tesis, han recordado una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 1981, que detalla que se trata de un derecho de titularidad individual que cada persona puede ejercer de manera autónoma y sin necesidad de autorización o comunicación previa. «En consecuencia, no existe obligación legal de comunicar por adelantado la decisión de ejercer el derecho de huelga. La comunicación del ejercicio de este derecho es absolutamente voluntaria. Además, puede modificarse hasta el último momento, sin que exista impedimento legal alguno para que unapersona decida finalmente secundar la huelga incluso si inicialmente no lo había previsto», detallan.
Jueces y fiscales ponen el grito en el cielo ante la estrategia del Gobierno de poner «falsamente a Europa como excusa» para impulsar un programa de estabilización que favorecerá la entrada de profesionales «por la puerta de atrás»
