Octavio López, consejero de Fomento y Vivienda del Ejecutivo autonómico, anuncia en un foro organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN la horquilla de precios para el arrendamiento de las primeras viviendas públicas de titularidad autonómica
Los primeros pisos públicos destinados a alquiler asequible promovidos por el Gobierno de Aragón en Zaragoza tendrán un precio que oscilará ente los 305 y los 657 euros siempre con garaje y trastero. Las 607 viviendas públicas del primer lote del programa de alquiler protegido, que se ubicarán en los barrios del Actur y Valdespartera, estarán listas para los inquilinos a principios de 2027, según ha anunciado el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, en la apertura del foro ‘El futuro de la construcción en Aragón’, organizado este miércoles por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en el hotel Alfonso I de Zaragoza, acto que cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón, el Clúster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA), el Ayuntamiento de Zaragoza, el Colegio Oficial de Arquitectos y Aparejadores Técnicos de Zaragoza (COAATZ), el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (COAA) y Caja Rural de Aragón, y el patrocinio de Aqualia.
De este modo, los futuros inquilinos pagarán por un piso con un dormitorio con garaje y trastero entre 305 y 407 euros, según sean o no beneficiarios de las subvenciones al alquiler (se reparten en base al indicador de la renta IPREM para que el coste no supere el 30% de los ingresos y tendrán un límite de 15 años). Para una casa con dos habitaciones también con garaje y trastero, la horquilla abarca desde 422 euros a los 561 euros. Y para una vivienda con tres dormitorios, la cuantía se mueve entre los 493 y los 657 euros.
La primera promoción de vivienda pública ha sido adjudicada a las promotoras Brial y Eizasa, que esperan tener lista la construcción en 20 meses. A estos 607 pisos se sumará un nuevo lote de 550 viviendas en la ciudad de Zaragoza, que en este caso se construirán en parcelas municipales al sur de la capital, en Rosales del Canal y Miralbueno, que el consejero del ramo ha asegurado que se «adjudicará en las próximas semanas». «Nos hemos arremangado para poner en marcha programas que no son promesas esbozadas al viento, sino eralidades palpables. Hemos lanzado más de 2.000 viviendas en un año, que son solo la punta del iceberg del plan a largo plazo que hemos creado para romper las cadenas que maniatan la emancipación de 47.000 jóvenes en la comunidad», ha dicho Octavio López.
El consejero ha recordado que Aragón captó el año pasado más de 40.000 millones de euros en inversión privada para proyectos ligados a los centros de datos, las infraestructuras logísticas ligadas al textil y la agroalimentación o la descaboinzación de la industria. «Nos obliga a estar preparados para lo mucho que nos va a tocar edficiar en los próximos años y las próximas décadas, porque el empleo que van a generar necesita de soluciones habitacionales. Y por eso necestitábamos formación especializada y un plan a largo plazo ante la avalancha constructiva en la que Aragón ya está inmersa», ha apuntado Octavio López.
En este sentido, López ha reivindicado el Plan Más Vivienda, con el que la DGA prevé invertir 400 millones de euros en relanzar la construcción de inmuebles habitacionales. «Es un plan moderado y equilibrado para intervenir en el mercado a través del impulso de la vivienda pública, alejado de la regulación que otros pretenden y que resulta ineficaz, pero que va a revertir una política inexistente en materia de VPO. En apenas 18 meses hemos conseguido duplicar el número de calificaciones de vivienda protegida en la oficina del Gobierno de Aragón», ha dicho López.
«Este es el camino: queremos construir entre 1.000 y 1.500 viviendas publicas al año durante al menos 12 años, porque ahora la situación es insostenible, con una demanda del 40% y una oferta del 9% que incrementa el precio de la vivienda un 12% en España», ha apuntado el dirigente popular. Por ello, López ha llamado a los grupos parlamentarios, en especial al PSOE, a alcanzar un consenso con el que los dos partidos mayoritarios «se sientan cómodos» con el proyecto de ley de Vivienda, que debe sentar las bases del futuro del sector en la comunidad.
