El Departamento de Educación tilda de «insuficientes» las dotaciones de las que considera que se excluyen a los centros concertados
La educación pasa a primer plano en un nuevo debate entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno central, que han enfrentado sus opiniones en cuanto a la distribución de fondos de cooperación territorial de Formación Profesional en la Sectorial celebrada este lunes. La crispación viene de los criterios empleados por el Ministerio de Educación para el reparto de estas ayudas, que están destinadas a modernizar la FP y que el Departamento de Educación aragonés ha rechazado por considerar que se ha excluido del cálculo al alumnado de los centros concertados.
Para detallar. Las ayudas para la Formación Profesional deben tener en cuenta a todos los alumnos que estudien en centros sostenidos con fondos públicos, entre los que se incluye la escuela concertada. Para Aragón, la cantidad a recibir sería de 2.137.500 euros para crear 1.140 nuevas plazas de FP y de 385.000 euros para abrir siete clases de tecnología aplicada. Y son estas las cifras que la consejera de Educación de Aragón, Tomasa Hernández, ha denunciado de insuficientes y excluyentes. Y es que, según han considerado desde el departamento, esta dotación “no tiene en cuenta ni los docentes necesarios, ni las infraestructuras, ni las inversiones y equipamientos que requiere la apertura de cualquier nuevo grupo de FP”.
La crítica del Gobierno de Aragón ha ido a más al manifestar también su desacuerdo con las cuantías establecidas para convertir las clases en aulas de tecnología aplicadas, que sería de 55.000 euros por aula y que consideran «totalmente insuficiente». Además, han tildado de «incoherente» el número de aulas por centros al sostener que en la Sectorial no se ha concretado si podría crearse más de un aula Ateca podrían crearse en un mismo centro, una medida que defendió la secretaria general de FP a petición de las comunidades autónomas.
Pero ninguna de estas ideas defendidas desde Aragón las ha compartido el Gobierno central. Enfatizando en dos puntos principales, fuentes del Ministerio de Educación han respondido a las declaraciones de la consejera Hernández para detallar el porqué de sus decisiones.
Por un lado, han subrayado que los fondos de mecanismo de recuperación están dirigidos a las actuaciones de Formación Profesional en los colegios públicos, un criterio que, además, no es de su competencia y que establece el Mecanismo de Recuperación. A ello han añadido que, de la creación de plazas, un 20% está destinada a las escuelas concertadas.
Por otro lado, desde el Ministerio no han dudado en recordar que Aragón es una de las comunidades que, como otras gobernadas por el Partido Popular, renunció expresamente a las partidas para la creación de plazas bilingües de FP, que comprendían 1,5 millones para instaurar 570 nuevos huecos. También rechazó los 1,3 millones de euros destinados a la acreditación de competencias, lo que suma un total de 2,8 millones de euros que estaban destinados al plan de modernización de la FP y que el Departamento de Educación aragonés desestimó.
Aragón no ha sido la única comunidad que ha alzado la voz para criticar los criterios marcados por el Estado. A ella se han sumado otras que también han considerado «muy insuficientes» las dotaciones para redimensionar la oferta. Y ello, han subrayado desde el Departamento de Educación aragonés, con independencia de que «después la financiación es soportada enteramente por las administraciones autonómicas». Así, han reivindicado que, con el compromiso de crear 38 nuevos grupos, serían 2,13 millones de euros los que debería recibir la comunidad. «Si tanto cree el Gobierno central en la FP, debería demostrarlo», ha criticado la consejera.
Aprovechando la protesta de base, la baja cuantía, la comunidad ha reprobado las formas adoptadas para adoptar los acuerdos. Así, han lamentado que se ha empleado el correo electrónico sin aportar ninguna causa justificada y sin dejar paso a la interacción, el intercambio de opiniones o la construcción de criterios comunes. “Reducir la Conferencia Sectorial a la mera emisión de voto no contribuye a alcanzar amplios consensos, sino a acogerse a la fría aritmética, cuando no existe razón motivada para ello», han sostenido desde el departamento, y han instado a que el Gobierno central «ejerza las funciones previstas en su reglamento».
Por otra parte, en la reunión vía correo electrónico, se ha acordado también el reparto de los fondos de cooperación territorial para el impulso del primer ciclo de educación infantil. Para esta cuestión, Aragón recibirá 2,1 millones.
