La redacción de la famosa disposición adicional -foco de la polémica- es lo suficientemente ambigua como para que en ella quepan las dos lecturas: la de los socialistas y la de los populares
Un solo texto, dos interpretaciones distintas. El Gobierno y el PP no se ponen de acuerdo sobre las implicaciones de la disposición adicional que incluyeron en su pacto para la renovación del CGPJ y la despolitización de la Justicia: esto es, la parte referida a la reforma del sistema de elección de los jueces, el cabo suelto de esta entente entre los dos principales partidos.
Sobre el papel, la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal mandata al nuevo CGPJ a que, en el plazo de seis meses, elabore dos documentos. Por una parte, un informe en el que examine los sistemas de elección de los jueces en otros países europeos del entorno. Por la otra parte, una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 vocales designados entre jueces y magistrados; avalada, esta última, por tres quintos del CGPJ.
La disposición adicional que figura en la proposición de ley conjunta del PSOE y el PPEl Debate
La cuestión es que socialistas y populares hacen interpretaciones distintas, antagónicas incluso, sobre lo que el pacto les obliga a hacer con esa propuesta de reforma que redacte el órgano de gobierno de los jueces. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha venido declarando en las últimas horas que el CGPJ solo hará una propuesta, pero que ésta «no será vinculante» para los depositarios de iniciativa legislativa. Que son el Gobierno y los grupos parlamentarios.
Sin embargo, para los populares es evidente que el acuerdo obliga a ambos partidos a aceptar el modelo que propongan los jueces y convertirlo en una proposición o proyecto de ley. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, advirtió este jueves a Bolaños: «O esa ley se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará, porque el acuerdo es muy claro: es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el Consejo. Tramitarla y aprobarla en el mismo Pleno», afirmó en esRadio.
La redacción de esa disposición adicional es lo suficientemente ambigua como para que en ella quepan ambas lecturas, la de los socialistas y la de los populares. En concreto, ésta estipula: «Dicha propuesta (la del CGPJ sobre la reforma del sistema de elección) será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación».
Es decir, en el futuro tiene que haber un proyecto de ley (en el caso de que lo impulse el Consejo de Ministros) o una proposición de ley (en el caso de que la iniciativa legislativa parta de los grupos parlamentarios) sobre la reforma del modelo de elección de los jueces. Pero en ningún sitio pone que esa iniciativa tenga que seguir a pies juntillas la propuesta del CGPJ. El documento tampoco aporta ningún plazo para su tramitación, a pesar de que al CGPJ sí le pone márgenes temporales: seis meses.
Como ya informó El Debate, la proposición de ley que registraron el miércoles los grupos del PSOE y del PP en el Congreso estará definitivamente aprobada el 31 de julio y entrará en vigor un día después de que se publique en el BOE. El 4 de julio la Cámara Baja ha convocado un Pleno extraordinario (julio es un mes inhábil en el calendario ordinario de sesiones) para debatir su toma en consideración. Su trámite parlamentario se concentrará en las cuatro semanas siguientes.
