Entre los que se posicionaron a favor durante la junta de este martes, destacaron el fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso
Álvaro García Ortiz logró este martes que la Junta de Fiscales de Sala respaldara la amnistía total para Carles Puigdemont. Por 19 votos a favor —incluido el suyo— y 17 en contra, el órgano rechazó la tesis de los cuatro fiscales del procés de que la ley no resulta aplicable al delito de malversación. Entre la minoría que sí apoyó ese criterio y se desmarcó de García Ortiz, destacan el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y la exfiscal general del Estado María José Segarra.
El Gobierno de Pedro Sánchez designó a esta última como máxima representante de la Fiscalía en junio de 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Segarra aguantó en el cargo durante año y medio, pero el resultado de las elecciones de noviembre de 2019 obligó a Sánchez a conseguir la abstención de ERC para su investidura. Como publicó El Confidencial al arranque de 2020, el presidente buscó entonces a «una mujer para desjudicializar el procés desde la Fiscalía«.
La idea de que Segarra no encajaba en ese perfil se vio reforzada por el propio juicio del procés, que había llegado a su fin meses antes en el Tribunal Supremo. Los mismos cuatro fiscales que este martes plantaron cara a García Ortiz fueron los encargados de llevar las riendas durante el mismo y mantuvieron su acusación por rebelión hasta el final. La conclusión del Gobierno fue clara: hacía falta una nueva fiscal general para imponer su criterio.
En enero de 2020, las quinielas apuntaban como posible sustituta de Segarra a la entonces jefa de la Fiscalía del Tribunal Constitucional, María Ángeles Sánchez-Conde, pero el presidente dio la sorpresa y designó a su ministra de Justicia, Dolores Delgado. Durante la Junta de Fiscales de Sala que se celebró este martes, tanto la exministra —y exfiscal general del Estado— como Sánchez-Conde jugaron un papel relevante.
En el caso de Delgado, llamó la atención el mero hecho de que acudiera, pues la junta queda reservada a los fiscales de Sala y el Supremo anuló su ascenso a esa categoría el mes pasado. La clave radica en que esta sentencia todavía no se ha ejecutado y, por tanto, pudo apoyar a su sucesor. Algunas de las fuentes consultadas se muestran sorprendidas por su participación en el debate, aunque reconocen que no hubiese cambiado la decisión final: la votación se saldó por una diferencia de dos votos y, en el hipotético caso de que García Ortiz no hubiera logrado el respaldo, podría haber impuesto sus órdenes porque el criterio de la junta no es vinculante.
En cuanto a Sánchez-Conde, a día de hoy ocupa el puesto de teniente fiscal del Supremo y este martes también apoyó a García Ortiz, pero su papel en torno a la amnistía aún no ha terminado: como los cuatro fiscales del procés se niegan a acatar las órdenes del fiscal general, han quedado apartados de la causa y, en su lugar, la propia Sánchez-Conde y el fiscal jefe de lo penal del Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa, se harán cargo.
De hecho, Sánchez-Conde también lleva la causa de Tsunami, en la que el Supremo investiga a Puigdemont por terrorismo. A diferencia de lo ocurrido este martes, la mayoría de la junta sí se desmarcó de García Ortiz el pasado febrero y avaló la apertura de este procedimiento contra el expresident, aunque una vez más quedó en manos de esta fiscal y ahora está defendiendo la postura contraria. «Nos hallamos ante meras conjeturas o sospechas«, aseguró en el informe que presentó ante el tribunal. Con Sánchez-Conde al frente, Puigdemont tiene garantizado que la Fiscalía apoyará la amnistía en las dos causas que le afectan.
De Anticorrupción al Constitucional
El debate de la junta se centró este martes en la aplicación de la amnistía a la malversación agravada. En concreto, si se produjo «un beneficio patrimonial para los autores» y si sus actos afectaron «a los intereses financieros de la Unión Europea». Al responder de manera afirmativa a las dos cuestiones, los fiscales del procés consideraban que este delito no resulta amnistiable, pero García Ortiz logró imponer el criterio contrario.
Según defendió el fiscal general y apoyó la mayoría del órgano, estaban confundiendo el ánimo de lucro con el enriquecimiento personal. Uno de los que se opuso a ese razonamiento fue el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, cuyo departamento está especializado precisamente en hacer esa clase de diferenciaciones y perseguir delitos como el de malversación. Tanto él como la propia Segarra no dudaron en tomar la palabra este martes para defender sus argumentos, apuntan las mismas fuentes.
Entre los que apoyaron la postura de García Ortiz, destacó la intervención del fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, también se desmarcó de la mayoría de sus compañeros de la Asociación de Fiscales, de corte conservador, y votó a favor de la amnistía total. La decisión final contó a su vez con la abstención del fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, que pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Algunas fuentes también critican que se aceptaran tres votos telemáticos: dos a favor del fiscal general y otro en contra.
Una vez impuesta la tesis de García Ortiz, la decisión final queda en manos del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena —que instruye la causa contra Puigdemont— y de la Sala de lo Penal —de la que depende Junqueras y el resto de condenados—. En el caso del expresident, Llarena mantiene vigente una orden nacional de detención contra él, pero García Ortiz también apunta a que debe levantarse esta medida.
