Tal fue la intromisión del entonces juez instructor del caso Gürtel en la campaña de las vascas y gallegas de 2009 que la Fiscalía Anticorrupción ignoró sus órdenes para no hacerle el juego
Baltasar Garzón implicó en el caso Gürtel al entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al eurodiputado Gerardo Galeote a cuatro días de que se celebraran las elecciones gallegas y vascas de 2009. Y, sin embargo, el PSOE no solo no le acusó de entrometerse en la campaña electoral, como ahora están haciendo los socialistas con el instructor del caso Begoña, sino que salió en su defensa.
Ocurrió en la mañana del miércoles 25 de febrero de 2009, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. El domingo 1 de marzo, gallegos y vascos estaban llamados a las urnas. En Galicia gobernaba el socialista Emilio Pérez Touriño y Alberto Núñez Feijóo se presentaba por primera vez a los comicios. Las encuestas no traían buenos augurios para los socialistas.
El entonces juez de la Audiencia Nacional, después inhabilitado por prevaricación, dictó una providencia en el marco de la operación Gürtel en la que daba 48 horas a la Fiscalía Anticorrupción para que le informara de si le convenía inhibirse en favor del Tribunal Supremo, al haber encontrado indicios de responsabilidad penal contra Bárcenas y Galeote. Ambos eran aforados y, por eso, el instructor no los podía imputar directamente.
La maniobra de Garzón fue tan evidente que Anticorrupción se negó a cumplir el plazo de dos días y trasladó al juez que le contestaría después de los comicios del 1 de marzo, cuando hubiera estudiado a fondo la documentación. El Mundo publicó entonces: «La forma en la que Garzón está utilizando el secreto sumarial en el proceso está causando un fuerte malestar en la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes de esta institución no ocultan su irritación por las ‘formas arbitrarias’ del juez en el manejo del secreto sumarial y la utilización que pretende hacer de la Fiscalía para que se pronuncie ‘precipitadamente’ sobre los aforados justo en la recta final de las elecciones vascas y gallegas».
El País abrió la portada del día siguiente así: «La investigación de Garzón alcanza el corazón de las finanzas del PP. Y en el subtítulo: «El juez implica al tesorero del partido, el senador Bárcenas».
La portada de El País del 26 de febrero de 2009 El País
El líder de la oposición, Mariano Rajoy, se quejó de que Garzón irrumpiera a cuatro días de unas elecciones y de su empeño en no inhibirse en el caso Gürtel, dada su parcialidad manifiesta -según el PP-. Rajoy recordó que se había presentado a las elecciones generales de 1993 en la candidatura de Felipe González. Zapatero y el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, salieron en defensa del juez frente al «proceso de amedrentamiento» y las «intimidaciones» que, según ambos, estaba sufriendo por parte del PP.
Por aquel entonces era fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, hoy presidente del Tribunal Constitucional. Dos días después de las elecciones, el 3 de marzo, participó en una conferencia y negó que la Gürtel y la maniobra de Garzón hubieran tenido influencia en los comicios. Le echó un capote. «Los asuntos judiciales no tienen, a mi entender, específica incidencia en el ámbito electoral», señaló Conde-Pumpido. Núñez Feijóo consiguió su primera mayoría absoluta en aquellas elecciones, desbancando al PSdeG y al BNG.
No obstante, ya siendo presidente del Constitucional Conde-Pumpido ha debido de cambiar de opinión. Porque, en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, el TC decidió posponer el debate sobre los recursos presentados por los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los EREs. La razón que dio la institución presidida por Conde-Pumpido fue que la fecha inicialmente prevista, el 22 de mayo, no era «la más conveniente»: el día 28 todos los españoles estaban llamados a votar.
«Que ahora hable el PSOE de ‘normas no escritas’ y de decisiones judiciales que influyen en campañas electorales…», señalan con estupefacción en la sede del PP. Porque los socialistas llevan desde el martes por la tarde embarcados en una feroz campaña contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Al que Sánchez señaló con su dedo acusador en su carta a la ciudadanía, por no haber respetado la «regla no escrita» de «no citar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral». El portavoz de los populares, Borja Sémper, denunció ayer que es «de extraordinaria gravedad» que el presidente «deslice la idea de que los jueces prevarican».
Este miércoles, ni siquiera Fernando Grande-Marlaska, juez en excedencia, defendió este miércoles a su colega, el juez Peinado. Según el ministro del Interior, las actuaciones de los jueces pueden ser «evaluadas» en un Estado de Derecho. Aunque lo que están haciendo los socialistas con el instructor del caso Begoña es más que eso.
No obstante, el instructor del caso que afecta a la mujer de Sánchez encontró el respaldo de tres asociaciones de jueces, las principales: la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. Todas denunciaron que no es de recibo que el presidente «traslade a la ciudadanía la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas».
