En una carta a Guterres, subraya que el PP condena el golpe de Estado y la «represión franquista» y le traslada la «indefensión» por no haber sido consultados por los relatores antes de emitir su informe.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha recriminado por carta al secretario general de la ONU, António Guterres, las «inexactitudes, falsedades y omisiones» que, a su juicio, incurre el informe de los tres relatores sobre la ley aprobada por PP y Vox, con el apoyo del PAR, para derogar la ley de memoria democrática. Azcón sostiene que la «exclusión» del Gobierno de Aragón, que no fue consultado, «socava gravemente la objetividad del informe y la obligada imparcialidad de sus conclusiones». Por ello, le adelanta que le hará llegar un informe de alegaciones «tan pronto como sea posible».
En su misiva, de tres folios, traslada su «profunda contrariedad» por el contenido del informe al considerar «del todo incomprensible e inédito» que no se le diera a la DGA trámite de audiencia previa como parte directamente aludida. «Dicha garantía jurídica y democrática hubiera evitado la indefensión que ahora nos vemos obligados a invocar», apunta.
El informe denuncia que la derogación de la ley de memoria aprobada en 2018 «invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista», dado que no hace referencia explícita ni condena el régimen. Reprocha que recoja expresamente la supresión de la web de memoria, que incluye el mapa de fosas, y de gran número de iniciativas y actividades de memoria histórica previstas en la legislación derogada, como el censo y las rutas de memoria o el centro de investigación. Además, subraya que la sostenibilidad de las ayudas pueden estar «en riesgo».
Azcón sostiene que el resultado de la «omisión» de la DGA es que el informe contenga «información sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de España». Y añade: «En consecuencia, desvirtúa la realidad y está plagado de inexactitudes, falsedades y omisiones».
El presidente aragonés traslada al secretario general de la ONU que la pretensión del plan de concordia que aún tiene que pactar con sus socios de Vox no es el de invisibilizar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, sino de la de «honrar a todas ellas». Este reconocimiento, añade, pretende hacerse extensivo a las víctimas del periodo democrático y cita a las ETA y, «por extensión», las del terrorismo. Y aprovecha para enfatizar que lo hará con el anunciado plan y no a través de un proyecto de ley al que «impropiamente» se refiere el informe.
Para dejar clara sus críticas a las «inexactitudes, falsedades y omisiones» del informe, les dedica dos folios de su carta, que ha remitido tres días después de que se hiciera público el documento de los relatores. Uno de ellos, Fabián Salvioli, ya contestó al desmentido inicial del propio Azcón. «Es una ofensa a la inteligencia de la población decir que no existe algo que existe», dijo.
El líder popular insiste en cuestionar la ley de memoria al aseverar que imponía un «relato sesgado», con una interpretación partidista de la historia. Y vuelve a considerar que la norma «idealizaba la Segunda República» y excluía «la violencia política» ejercida en ese periodo. Este argumento ya se esgrimía en el preámbulo de la derogación y es, precisamente, uno de los principales puntos de la censura del informe de los relatores: «No hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (1939-1975), sino que se refiere a las “atrocidades cometidas por un bando durante la Guerra Civil, mientras que sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada Segunda República que le antecedió».
Azcón prosigue en su argumentación que en la ley aprobada hace dos meses y medio se apunta que la derogación «no impedirá que las administraciones públicas faciliten a ciudadanos y asociaciones la búsqueda exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión, cualquiera que fuera el bando en el que militaran, su ideología o demás circunstancias personales”. Con ello, niega que se pretenda invisibilizar a las víctimas y añade que el presupuesto de este año incrementa un 10% la partida para exhumaciones. No obstante, las cuentas no recogen una partida específica para este fin ni tampoco en su memoria, como ha denunciado la oposición
Al igual que hicieran en su comparecencia la portavoz de la DGA, Mar Vaquero, y la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, el viernes tras hacerse público el informe, niega que se haya suprimido el portal web sobre memoria democrática, el mapa de fosas comunes de Aragón ni la información sobre los lugares de memoria democrática de Aragón. A este respecto, el informe alude a lo recogido por la ley de derogación publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), como aclaró el relator Fabián Salvioli. Dicho texto indica que quedan suprimidos «consecuentemente» las tres iniciativas mencionadas por Azcón, que incorpora en su misiva los enlaces al portal web para demostrar que todo sigue operativo.
Por último, niega de forma tajante que las subvenciones a proyectos públicos de memoria histórica queden en una situación incierta como temen los autores del Informe. «La justificación de las subvenciones constituye una imposición legal regulada en la legislación española, propia de un Estado de derecho y democrático», explica.
