Los vocales de la asociación mayoritaria acusan al fiscal general de mantener una actitud «desdeñosa» y de ocultar las solicitudes planteadas por el Senado
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La mayoría del Consejo Fiscal ha expresado su indignación ante la actitud «desdeñosa» por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en las tres ocasiones en la que le han pedido que debatan un informe sobre la futura ley de amnistía para enviarlo al Senado. También le han acusado de ocultar a este órgano la recepción de las cartas en las que la Mesa de la Cámara Alta le requería el dictamen sobre la norma pactada entre PSOE, Junts y ERC.
Los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) han denunciado la actitud de García Ortiz frente a los requerimientos del informe planteados por el Senado y han publicado un borrador sobre este dictamen que esperaban que se incluyera para su debate y aprobación en el Pleno del 25 de abril.
Esta es la tercera ocasión en la que los vocales de la asociación mayoritaria expresan a García Ortiz su voluntad de emitir el informe sobre la ley de amnistía. Y por tercera vez, el fiscal general les respondía simplemente remitiéndoles las dos cartas de respuesta al Senado en las que rechaza la solicitud. La última de ellas, enviada ayer mismo. Y es que la Cámara Alta le pidió por segunda vez que le remitiera el documento con su valoración sobre la futura ley.
En enero, cuando se supo que había recibido el primer requerimiento el 7 de diciembre y que no había dado respuesta al mismo, García Ortiz señaló que no lo había hecho hasta ese momento (el 23 de enero) porque aún faltaban algunos pasos para asumir oficialmente su segundo periodo al frente de la Fiscalía General del Estado.
En aquel momento explicó que no era competencia de la Fiscalía emitir ningún tipo de informe sobre una ley que aún no ha sido aprobada. Y también aclaró que no lo consideraba oportuno porque cualquier opinión que él expresara podía condicionar la labor de los fiscales en sus funciones diarias.
Pero los vocales del Consejo Fiscal, que se enteraron «por la prensa» de lo ocurrido, expresaron su «estupefacción y rechazo» por la ocultación de esta petición por parte del fiscal general durante semanas.
Al solicitar que se elaborase el mencionado informe, García Ortiz les respondió simplemente con un gesto: el envío de la carta remitida a la Mesa del Senado en la que negaba el informe sobre la ley de amnistía. El 30 de enero, le volvieron a pedir el debate y aprobación de un borrador en el pleno de finales de febrero. Nuevamente, no hubo respuesta. Solo se les envió la carta.
La segunda petición del Senado fue remitida a la Fiscalía General del Estado el 27 de marzo. Ayer, una vez conocido el segundo rechazo de García Ortiz, los vocales de la AF mostraron su preocupación por que la petición volviera a ser desatendida y sustraída del conocimiento del Consejo Fiscal. En un escrito, le pedían que incluyera en el pleno del 25 de abril su debate y aprobación y le enviaron una propuesta de borrador para que se lo enviase al vocal designado como ponente.
En este texto, se sostiene que la ley de amnistía es contraria a la Constitución española y al Derecho de la Unión Europea, en línea de lo que señalan el dictamen que sobre esta materia ha emitido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y acorde con lo apuntado por el informe de la Comisión de Venecia sobre la amnistía.
Sin embargo, por tercera vez el fiscal general ha enviado copias de las dos cartas enviadas al Senado como respuesta. Para la Asociación de Fiscales, esta manera de responder a sus peticiones es «desdeñosa» y es una «muestra de descortesía» que «merece reproche», pero lo más rechazable es que se hayan ocultado al Consejo Fiscal las peticiones.
No se puede rechazar
Para la Asociación de Fiscales, las peticiones cursadas por la Mesa del Senado para la elaboración de un informe sobre la ley de amnistía no se pueden rechazar y sostiene que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se tiene que interpretar de manera más amplia que como lo ha hecho el fiscal general en sus cartas al Senado, en las que expresa su negativa.
Recalcan que existe un deber de colaboración con las cámaras legislativas que integran las Cortes Generales. Y subrayan que dada la afectación que tiene la futura ley de amnistía tendría en el ámbito del Ministerio Fiscal, «no resulta comprensible» la argumentación dada por García Ortiz para rechazar la elaboración del dictamen en dos ocasiones.
