El acoso a Ayuso o a Feijóo no tapa las evidencias que el presidente y su esposa no han sido capaces de aclarar
Por mucho que Pedro Sánchez se empeñe en distraer la atención, con un ruido ensordecedor y una bochornosa utilización de las instituciones del Estado para hostigar a sus adversarios, el caso de su esposa exige explicaciones urgentes y precisas.
Ayer quedó en evidencia la mentira del caso de la acusación a la mujer de Núñez Feijóo de trabajar para la firma Sargadelos y que ésta recibiera en ese periodo una subvención de más de 100.000 euros de la Xunta de Galicia presidida por Feijóo. Era un caso cuyo único objetivo era demostrar que todos son iguales. Pero no lo son. Ayer se vio obligado a retractarse el medio al que torticeramente se filtró esa «información», Infolibre, después de que el vicepresidente de la Fundación Sargadelos, Alberto Leiro, aclarase que el medio –y el Gobierno aunque el no lo dijera– confundían el Real Patronato de Sargadelos, ente público que tiene como objeto la reconstrucción, mantenimiento y puesta en valor, incluida la musealización del conjunto histórico de Sargadelos, y la Fundación Sargadelos, formada por la Fábrica de Cerámica de Sargadelos S.L. y la Fábrica de Cerámica del Castro S.L. que no tienen ninguna relación ni vínculo en común. Huelga decir que la subvención de la junta fue a la primera y la mujer de Feijóo trabajaba en la segunda. Pero da igual. Difama que algo queda.
Así que volvamos al verdadero escándalo. No existe precedente, ni en el caso de España ni en el de ninguna democracia occidental, en el que la pareja del primer ministro desarrolle una trayectoria profesional, comercial y rentable vinculada íntimamente a la condición institucional de su marido. Tampoco a sus decisiones políticas, con repercusiones económicas. Y mucho menos cuando éstas benefician a empresas relacionadas, de un modo u otro, con tramas obscenas de corrupción. Todo eso, y a la vez, concurre en el caso de Begoña Gómez. Logró nombramientos en la esfera pública al alcanzar Sánchez la Presidencia, en ámbitos académicos y económicos públicos o próximos a esa esfera. Se convirtió en interlocutora y patrocinada, da igual cómo y por cuánto, de compañías que a continuación gozaron de un rescate millonario con dinero público, por decisión de Pedro Sánchez y de su Consejo de Ministros. Y aparece en el mismo listado de nombres donde se mezclan intermediarios de la trama de Koldo García, socialista de carné y alto cargo del Gobierno; ejecutivos de empresas receptoras de fondos públicos y políticos que facilitaron todo ello.
Ya de entrada, el comportamiento de Begoña Gómez, y por extensión de Sánchez, es inadmisible: alguien que vive en la Moncloa no puede tener una vida profesional propia y privada si, en alguna medida, depende de la esfera política, institucional, administrativa y reguladora de un dirigente con el que comparte espacio y vida. Pero si además de eso se intuye la más mínima relación de causa y efecto entre su prosperidad personal y las prebendas de quienes la contratan, el escándalo es mayúsculo.
Y eso, precisamente eso, ocurre en el caso de Sánchez y Gómez, por mucho que traten de taparlo con repugnantes campañas de acoso al novio de Ayuso o a la mujer de Feijóo, víctimas de una cacería impúdica con la que Sánchez pretende tapar, a la vez, la corrupción de su partido y su sumisión inconstitucional al separatismo. El PP ha acertado al anunciar que utilizará todos los recursos legales e institucionales para llegar al final del asunto de la esposa del presidente. Y por mucho juego sucio que sufra por hacer lo correcto, no debe recular ni un centímetro. Porque en una democracia decente las parejas de los máximos mandatarios no se dedican a hacer negocios que, de no ser por sus parejas, simplemente no serían viables, con casi total seguridad.
