El titular del Ministerio Público se defiende, en una carta dirigida al Consejo General de la Abogacía Española, de las evidencias que sitúan en una orden directa suya la actuación de la Fiscalía madrileña
«Incontrovertidamente alejado de la verdad queda que el objetivo y voluntad de la Fiscalía pueda ser interferir en las sagradas relaciones abogado-cliente y, más aún, revelar el contenido de una oferta de negociación de un letrado al Ministerio Fiscal», asegura el máximo responsable de la institución pública, Álvaro García Ortiz, en una carta dirigida a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. El fiscal general del Estado sostiene que, en todo momento, «se ha salvaguardado» el deber de reserva en el caso de Alberto G.A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, investigado por un presunto delito fiscal.
Sin embargo, en los últimos días, varias fuentes próximas a la Carrera consultadas por El Debate apuntaban a que las filtraciones de datos protegidos del novio de Díaz Ayuso, en un comunicado de la Fiscalía madrileña, en el que se revelaron secretos sobre las comunicaciones mantenidas con su abogado, procedían de un mensaje enviado por el propio fiscal general, con órdenes sobre cómo proceder. Las indicaciones se habrían dirigido, en un comienzo, a los fiscales del Tribunal Superior de Justicia autonómico (TSJM) que declinaron dicha posibilidad, según esas mismas fuentes. No así la fiscal jefe de Madrid, recientemente designada por el propio García Ortiz y alto cargo durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
En este sentido, ahora, el jefe de la Fiscalía incide en que «la concreta propuesta de conformidad de ocho páginas, fechada el día 2 de febrero de 2024 y dirigida a la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, no fue revelada ni comunicada a la opinión pública» y, por lo tanto, mantiene que la actuación de su Departamento fue ajustada a Derecho.
A su juicio, y según consta en la misiva remitida este mismo lunes al CGAE, «solamente se comunicaron aquellos aspectos (conocidos anticipadamente por la opinión pública como consecuencia de una indeseable filtración) que resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales». Unos fiscales cuya «profesionalidad y honorabilidad» le corresponde «proteger y defender» en el ejercicio de su cargo.
Se trata, en definitiva, de dar respuesta a la «declaración institucional en defensa del respeto a la confidencialidad de las comunicaciones en los protocolos de actuación para juicios de conformidad» que el Consejo General de la Abogacía Española adoptó el pasado viernes en relación con la denuncia de la Fiscalía contra Alberto G.A.; y, anticiparse a la Junta de Gobierno que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) mantendrá, esta misma tarde, para adoptar decisiones concretas en la defensa del secreto profesional que se ha «vulnerado» por parte de la Fiscalía hacia el abogado del novio de Díaz Ayuso, colegiado madrileño.
Cabe recordar que el Consejo General de la Abogacía Española reclamó una investigación «para determinar su autoría e iniciar las acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda». Por su parte, el ICAM se negó a firmar una comunicación conjunta con la Fiscalía para calificar como «defectos» de funcionamiento del sistema lo que, en realidad, sugiere una mala praxis de la Fiscalía que podría tener consecuencias, no menores, para sus responsables.
La teniente fiscal niega la prevaricación
En otro orden de cosas, la número dos de la Fiscalía, María Ángeles Sánchez-Conde, ha instado la inadmisión de la querella presentada por el Partido Popular en el Supremo contra Álvaro García Ortiz, por la supuesta prevaricación que habría cometido en su decisión de ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría del Ministerio Público. Así consta en el escrito de alegaciones que ha registrado la teniente fiscal en el Alto Tribunal para desvirtuar las alegaciones que dan origen a la querella: «Aparecen huérfanas de todo sustento probatorio, siendo expresiones meramente asertóricas».
El PP acudió al Supremo al entender que la actuación de García Ortiz era «susceptible de ser calificada» de un delito de prevaricación porque obró con «arbitrariedad» para «pagar una deuda personal de gratitud» con su predecesora en el cargo. Unas apreciaciones refrendadas tanto en el propio fallo de la Sala Tercera que anuló el ascenso de Delgado, como en el dictamen sobre la «inidoneidad» de García Ortiz que emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de su renovación.
Los populares pusieron el acento en el hecho de que el jefe del Ministerio Público «se apartó del parecer del Consejo Fiscal, que respaldó por mayoría al otro candidato, D. Luis Rueda», y que «lo hizo además sin ningún esfuerzo argumentativo, sin respaldo normativo y sobre la base de unos méritos ajenos a la jurisdicción militar exclusivamente amparados en su exclusiva obstinación personal».
Además, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo insistió en que el fiscal general «formuló su proposición a sabiendas de que Dolores Delgado no era la candidata idónea para la cobertura de la vacante». Según los ‘populares’, García Ortiz la propuso «de forma arbitraria y pese a no ser la candidata mejor posicionada».
Ahora, la teniente fiscal del Supremo sostiene que en la querella del PP «ninguna infracción legal se denuncia ni referida a la competencia, normas procedimentales, o a la idoneidad de» Delgado e insiste en que, por el contrario, se reconoce que, «con independencia de la preferencia» de los ‘populares’ por el otro fiscal que se postuló para el cargo, Delgado «reunía todos los requisitos para ser nombrada».
Sánchez-Conde incide en que no puede hablarse de un delito de prevaricación porque lo que se le imputa a García Ortiz «no es el dictado de una resolución, sino haber efectuado una propuesta de nombramiento sobre la que carecía de poder decisorio, al estar atribuida dicha decisión a otro órgano distinto, en concreto al Consejo de Ministros».
