La Guardia Civil señala que fue Soluciones de Gestión la que avisó al Servicio de Salud de que tenía «un avión repleto de mascarillas»
La documentación que remitió el Gobierno balear de Francina Armengol a la Guardia Civil en relación a la adjudicación a Soluciones de Gestión, la empresa de la «trama Koldo», de un contrato de 3,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas en plena pandemia no convenció a los agentes. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporado al sumario del «caso Koldo» deja constancia de que la Administración balear dejó varias lagunas sobre esa tramitación, que considera «preconcedida» antes de la firma de contrato alguno.
«Se desconoce de qué manera y qué personas físicas son las que gestaron los acuerdos» -especifica ese informe policial- «respecto a las cantidades de mascarillas a suministrar e importe a abonar». Para los investigadores, «el hecho de ejecutarse la prestación del servicio antes de la formalización del mismo es indiciario de que la adjudicación estaría preconcedida, cosa que no está permitida en la contratación pública, ni siquiera en la tramitación de emergencia».
Entre la documentación aportada por el Servicio de Salud balear en septiembre de 2022, lamentaba la UCO, no se localizó «ningún documento que refleje los contactos previos con la empresa adjudicataria para el perfeccionamiento de los contratos», ni tampoco ningún contrato o acuerdo «en el que se concreten los términos de desarrollo del servicio ni se nombre a los responsables del mismo».
Los agentes sí han aclarado que fue Soluciones de Gestión la que «se puso en contacto con el Servicio de Salud balear «para avisar de que tenían un avión repleto de mascarillas FFP2», dejando claro que para cerrar el acuerdo era «necesaria la contratación de Lantimar Aduanas y Tránsitos».
El Servicio de Salud de las Islas Baleares adjudicó dos contratos a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad en el ojo del huracán de la investigación tras resultar adjudicataria contratos por valor de más de 53 millones de euros en pandemia. El primero, el 8 de mayo de 2020, por importe de 3.701.500 euros, y el segundo el 19 de junio de ese mismo año, por los trámites aduaneros (56.715,24 euros) por el transporte del material a Palma de Mallorca, en beneficio de la empresas que impuso Soluciones de Gestión.
Precisamente la reclamación de más de 2,6 millones de euros a Soluciones de Gestión por mascarillas defectuosas ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza para la «trama», que recurrió a Koldo García para frenar ese contencioso, unas gestiones en las que según el juez del «caso Koldo», Ismael Moreno, pudo actuar como intermediario el propio José Luis Ábalos.
El suministro, antes de la declaración de emergencia
La Guardia Civil ha podido determinar las fechas clave de la tramitación analizando la documentación remitida: una factura datada el 26 de abril de 2020 estipula el suministro de mascarillas al Servicio de Salud por esos 3,7 millones y otro documento deja constancia de que la mercancía entró en la aduana de Palma de Mallorca, figurando como expedidor Soluciones, como destinatario el Servicio de Salud de las Islas Baleares, y como declarante la sociedad Lantimar Aduanas y Tránsitos.
A los agentes les llamó la atención que la entrega de mascarillas se produjera el 27 de abril, antes incluso de que, dos días más tarde, se solicitara al órgano de contratación, el Servicio de Salud balear, la declaración de tramitación de emergencia para el contrato de suministro de mascarillas, una resolución que no se acordaría hasta el 4 de mayo respecto a ese suministro. «La entrega del material sanitario se produjo antes de que se formalizara contrato alguno, incluso antes de que se acordara la tramitación de emergencia de ese suministro en concreto», hace hincapié la UCO.
La Guardia Civil precisa no obstante que el 18 de marzo el Gobierno de Baleares estipuló que a todos los contratos suscritos para atender los suministros de material sanitario por la pandemia «les sería aplicable la tramitación de emergencia», dejando en manos del órgano de contratación la potestad para contratar libremente sin sujeción alguna a los requisitos formales de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público.
No hay documentos sobre la formalización del contrato
Con esa decisión en la mano, asume la UCO, «se podría interpretar que el suministro de mascarillas por parte de Soluciones tenía autorización para ser adjudicado por el trámite de emergencia». No obstante, precisa que «como medida fiscalizadora son los propios órganos de contratación los que deben discernir» qué contratos están amparados por ese acuerdo del Consejo de Gobierno balear y cuáles no. Y recuerda que en este caso Antonio Marcaró, entonces subdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud de las Islas Baleares, solicitó el 29 de abril al órgano de contratación la tramitación de emergencia para el contrato con Soluciones. Y posteriormente, añade, Julián Fuster, como director general del Servicio de Salud balear, acordó que se tramitara así el 4 de mayo, formalizándose cuatro días después. Por lo tanto, la Guardia Civil entiende que la declaración de tramitación de emergencia se produjo el 4 de mayo, y no el 18 de marzo con el acuerdo del Gobierno balear.
Esta distinción es importante, puesto que la referida ley de contratación del sector público establece que no se puede ejecutar un contrato antes de la formalización del mismo, salvo cuando se declare esa adquisición de emergencia, «hecho que en el caso que nos ocupa y según la documentación analizada, se produce el 4 de mayo de 2020». De ahí que, subraya, cualquier actuación entre Soluciones y el Servicio Balear de Salud que se hubiera producido con anterioridad a esa fecha «se entiende contraria a la Ley que regula los contratos celebrados por las entidades pertenecientes al sector público».
Pero la UCO va más allá y afirma que «para más abundamiento en las irregularidades detectadas», tampoco se ha localizado en la respuesta de la Administración balear «documentación sobre la formalización del contrato» que incluya como mínimo «la identificación de las partes, la definición del objeto del contrato, las condiciones de recepción de las prestaciones» o siquiera «comunicación alguna entre las partes», como obliga la citada normativa. Tampoco se fija, se queja, «un responsable del contrato que supervise la correcta ejecución del mismo».
