El Ejecutivo calificaba a esta compañía de «experta importadora en el mercado internacional» y se jactaba de que sus cuentas estaban «auditadas»
El Gobierno defendió la solvencia y pulcritud de la empresa que presuntamente pagó mordidas a Koldo García hasta en 7 ocasiones. No lo hizo de cualquier manera, sino por escrito y con el sello del Ejecutivo en respuestas parlamentarias a Vox y PP. En estos documentos, a los que ha accedido Vozpópuli, el Gobierno de Pedro Sánchez llega a denominar «experto importador en el mercado internacional» a la pyme Soluciones de gestión y apoyo a empresas, que con solo 4 trabajadores y números rojos alcanzó los 4 millones de beneficio en menos de un año gracias a los contratos a dedo que los Ministerios socialistas le otorgaron en la pandemia.
La primera defensa oficial de esta compañía tiene lugar el 14 de mayo de 2020. Entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez respondía a una pregunta del Partido Popular que pagaba 2,5 euros por mascarilla a la compañía de confianza de Ábalos. El Ejecutivo se congratula de que «aun no siendo necesaria en la contratación de emergencia» documentos como «escritura de constitución, certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social. Asimismo», la empresa los aportó. También compartió «una planificación de fletes y de disposición en fábrica, que garantizaba el suministro urgente«.
Una compañía con un historial negro
El grupo parlamentario Vox fue particularmente incisivo en este asunto, registrando preguntas escritas en la Cámara Baja de manera habitual. En abril de 2020, los entonces diputados Macarena Olona y Víctor González preguntaron por las razones por las que el Ministerio de Ábalos adjudicó compras de mascarillas por 200 millones de euros a dicha empresa. En el escrito Vox recuerda que según publicó El Mundo, Soluciones de gestión y apoyo a empresas estaba especializa en productos ortopédicos para venta en África y contaba con un oscuro historial y los administradores tenían un entramado de sociedades offshore.
También inciden en que la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO investigaron la empresa favorita de Ábalos para las mascarillas por «el pago de sobornos a funcionarios para la construcción de un mercado de abastos en la capital de Angola, hecho por el que el juez de la Mata llamó a investigar a Pedro Díaz de Espada y Antonio Yus, representantes de la empresa». La empresa apareció en el «caso DEFEX por un contrato de venta de material policial a Angola de 150 millones, de los que desaparecieron 100 millones«.
Las justificaciones del Gobierno de Sánchez
Pese a tales antecedentes, el Gobierno defiende por escrito que se contó con esta dudosa empresa por «la necesidad de contar con gestores expertos en un mercado adquisición de bienes desbordado a nivel mundial por la crisis y las necesidades planteadas desde todos los puntos del planeta». Alegan que el Ministerio de Transportes recurrió «a la contratación de la empresa referenciada, empresa importadora con trayectoria desde 1998 en el desarrollo y asesoramiento técnico en proyectos internacionales de salud, energía, agua e infraestructuras agrícolas, para la adquisición de mascarillas en China, como experto importador en el mercado internacional, dado que la producción nacional de mascarillas no cubría en el momento de esta contratación la demanda interna y el mercado internacional estaba fuertemente saturado».
Días después, el 5 junio, Moncloa volvía a insistir en la idoneidad de la empresa predilecta de Ábalos, insistiendo en que tenía «las cuentas auditadas desde el ejercicio 2008. Adicionalmente, en el año 2017 la cifra de negocios habría sido de 5,6 millones de euros. La empresa aportó la información requerida legalmente para contratar». El Gobierno omite sus turbulentos negocios en Angola y también que estaba en números rojos cuando se convirtió en la conseguidora de mascarillas de Koldo García y José Luis Ábalos.
El 13 de octubre de 2020, el Ejecutivo responde a Vox que consulte los contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, sin dar más explicaciones.
El 19 de enero de 2021, el Gobierno volvió a salir al rescate de esta empresa cuando se puso de manifiesto que un lote de sus mascarillas había salido defectuoso. En concreto, Adif comunicó que de un envío de 7.500 mascarillas, 5.300 presentaban defectos. También hubo quejas por otro lote enviado a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), que recibió 7.600 mascarillas defectuosas de un total de 10.700.
El Ejecutivo también tuvo respuesta para este caso: «Los defectos se detectaron a bordo durante la realización de trabajos de mantenimiento. El problema consistía en que en algunas mascarillas los pequeños orificios que disponen las mismas, que deberían estar recubiertos de una película filtrante, no disponían de dicha película».
Otra de las cuestiones que el Gobierno defendió fue el adelanto de 16 millones de euros a esta compañía para el envío de mascarillas. Como indica Vox en su pregunta escrita, el Gobierno adelantó 6,5 millones para las mascarillas de Adif y 10 millones para las de Sasemar. El 2 febrero el Ministerio de Transportes aseguraba por escrito que no había «entregado a la empresa referenciada aval alguno. Al contrario, fue la citada empresa la que entregó a Puertos del Estado la oportuna garantía que asegurase debidamente el cumplimiento del contrato. La exigencia de una garantía que avale el cumplimiento del contrato no sólo es acertada, sino que refuerza la posición de la Administración (Puertos del Estado) en la contratación”.
Pocos días después, el 16 de febrero, el Gobierno señalaba una vez más la honorabilidad de Soluciones de gestión y apoyo a empresas. «El contrato de suministro de mascarillas se ajustó a la normativa excepcional que les resultaba aplicable«, subrayan en una respuesta donde, además, adjuntan el auto del Tribunal de Cuentas inadmitiendo acción pública alguna contra tal empresa por sus contratos de mascarillas.
