El asesor era consejero de dicho organismo en el momento en el que se produjo la operación. «Si el ministro te dice que tú lo tienes que hacer, tú lo haces», dice una alta fuente de Puertos
José Luis Ábalos firmó el 20 de marzo de 2020, en los peores días de la pandemia, una orden ministerial para que Puertos del Estado asumiera la compra de ocho millones de mascarillas. Esta orden se publicó en el BOE el 21, fecha en la que ya se suscribió el acuerdo con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la compañía en torno a la que gira la trama presuntamente corrupta del ‘caso Koldo‘. Es decir, horas después de ser oficial, ya se había adjudicado por 20 millones de euros.
La adquisición, según ha constatado este diario, no pasó por el Consejo Rector de Puertos, y se pergeñó en la cúpula del departamento de Ábalos. Por eso la Guardia Civil se personó el martes en las oficinas del ente, para preguntar por el procedimiento y los pormenores de este contrato, y para tomar declaraciones, según confirman a este diario fuentes internas.
Además, dos fuentes distintas de la cúpula operativa de Puertos del Estado coinciden en señalar a EL MUNDO que la compra fue una imposición directa del Ministerio de Transportes. «Se nos obligó desde el Ministerio a hacerlo nosotros, nos obligaron», reconoce un alto cargo del organismo. «Si el ministro te dice que tú lo tienes que hacer, tú lo haces», añade. No en vano, Puertos depende orgánicamente del departamento de Transportes. «Nos forzaron a pagar una gran cantidad de mascarillas», reconoce otro directivo portuario, y «a un precio inflado». En concreto, a 2,5 euros cada una, presuntamente FFP2.
¿Por qué Puertos? En principio, algunos dirigentes del organismo pensaron que Ábalos lo usaba como vehículo de la compra porque «había caja». Pero ahora que ha estallado la trama, las mismas fuentes revelan una circunstancia que los propios Ábalos y García mantenían oculta.
¿Cuál? Pues que Koldo García Izaguirre era entonces consejero de Puertos del Estado. Además, mantenía, según Anticorrupción, una relación «directa» con quienes tramitaron la compra de las mascarillas. El asesor de Ábalos ocupaba una de las vocalías de la Consejo Rector. De hecho, permaneció en ese puesto desde 2019 hasta su cese, en 2021.
Hasta ahora, se había hablado con profusión de cuánto extrañaba a los directivos de Renfe Mercancías la presencia de este asesor de Ábalos -ex escolta- en su consejo, pero su pertenencia a la dirección de Puertos del Estado había pasado por debajo del radar.
Este consejo, que en el organigrama de la entidad se sitúa por encima de la presidencia, lo forman el presidente de Puertos -entonces, Francisco Toledo-, un secretario y varios vocales.
El auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno es claro al señalar que el contrato de Puertos del Estado con Soluciones de Gestión estaba ya «concertado» antes de que se firmase la orden ministerial. «Del examen de la cronología relativa a todos los contratos investigados y a otros firmados por Soluciones de gestión, se desprende que la publicación de la orden para la adquisición y distribución del material sanitario se produce el mismo día que la adjudicación a Soluciones de gestión de un contrato para cubrir la necesidad», apunta.
Como ha publicado este diario este viernes la empresa de la trama logró el contrato a las 24 horas de una orden del ministro y pese a no tener ninguna experiencia en el sector ni mostrar solvencia.
Y eso, a ojos del juez, «hace evidenciar un concierto previo entre los responsables de la toma de decisiones en Soluciones de gestión y la Administración Pública». ¿Cómo? A través de Koldo García, que trabajaba en ambos lados.
Ese «concierto» también aparece reflejado «en los contratos que esta compañía firmó con otras sociedades en ese momento temporal, con el fin de cubrir la entrega de los equipos de protección», añade el juez.
El modus operandi, por tanto, era siempre el mismo, según el juez: prevalerse de su cercanía al ministro para acordar una venta de mascarillas… y formalizarla cuando ya estaba lista.
En Puertos ponen ahora el foco sobre el reparto forzoso que les obligaron a hacer a otras entidades públicas. En concreto, cuatro de los ocho millones de mascarillas.
Dos millones fueron a parar a Correos; 80.000 a ADIF; 620.000 a Renfe-Operadora; 4.800 a la entidad pública empresarial ENAIRE; 102.000 a AENA para su posterior distribución en el ámbito del sector aéreo; y 1,13 millones al propio ente Puertos del Estado y Autoridades Portuarias «para su distribución en el ámbito del sector marítimo».
Todos ellos debían abonar, forzosamente, la cantidad pactada por la empresa de la trama y el Ministerio, para repartir el coste de la operación.
