El Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce por escrito conocer el vertido de pellets desde el 13 de diciembre. Los documentos que obran en poder de este periódico demuestran que el 20 de diciembre sabía que los pellets que llegaban a las costas gallegas eran del buque Toconao, pero no se informó a la Xunta hasta 14 días después
El Gobierno de Pedro Sánchez planteó el vertido de pellets en las costas gallegas como una campaña contra la Xunta de Alfonso Rueda que empezaba a parecerse mucho a la crisis del ‘Prestige‘. Una crisis medioambiental en Galicia a pocas semanas de las elecciones gallegas era una baza electoral clara para los socialistas. La eurodiputada del BNG asesorada por un etarra, Ana Miranda, llegó a decir en el Parlamento Europeo: «No es algo nuevo, recuerda a la crisis del Prestige». Sin embargo, según los documentos a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce por escrito conocer el vertido desde el 13 de diciembre. Además, se constata que fue la autoridad competente para actuar antes de que las bolitas de plástico llegasen a la costa.
El Ministerio para la Transición Ecológica reconoce de manera documental haber tenido conocimiento del vertido de pellets del buque portugués Toconao el 13 de diciembre. “Lo que consta en este Ministerio es que la primera noticia que recibe el Gobierno el día 13 de diciembre de 2023 es en el centro de coordinación de Salvamento Marítimo de Finisterre (CCS Finisterre) a través de la Xunta, en concreto del servicio del 112 de Galicia«.
El Gobierno asegura que esta fue la primera notificación que recibió de la caída de un contenedor de pellets en el mar. No admite, por tanto, haber recibido notificación por parte del Gobierno portugués el 8 de diciembre a través de la Dirección General de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos de Portugal, como adelantó El Mundo.
En cualquier caso, el Gobierno de Sánchez no movió un dedo, mientras que la Xunta de Galicia procedió a activar «los operativos de respuesta necesarios», según refleja en una carta remitida a la vicepresidenta Teresa Ribera y a la que este periódico ha tenido acceso. Es importante recordar que la normativa, tal y como reconoce el Ministerio de Ribera, establece que la contaminación, cuando se produce en el ámbito marítimo, corresponde a las competencias del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) y la costera, a ayuntamientos, comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
El 20 de diciembre, el Gobierno tuvo conocimiento por segunda vez del vertido de pellets -si admitimos su versión de que se enteró el 13 de diciembre y no el 8 de diciembre, en cuyo caso se trataría del tercer aviso-.
La Xunta posee un correo electrónico que prueba que el abogado de la compañía responsable del Toconao contactó con Salvamento Marítimo tal día para informar del contenido de los seis contenedores que cayeron al mar, uno de ellos con los microplásticos que llegaron a las costas españolas. El Centro Estatal de Salvamento de Finisterre trasladó dicha información a Capitanía Marítima de Villagarcía, que a su vez se la envió a la Dirección General de Costas y a la Delegación del Gobierno.
Al Gobierno autonómico, en cambio, no se remitió la información hasta 14 días después, el 3 de enero. «La Administración del Estado conoce, al menos desde el 20 de diciembre, que la presencia de pellets en las playas tener relación con el accidente del buque y su contenedor perdido«, reza la carta del Gobierno gallego a la vicepresidenta Teresa Ribera.
La Xunta no conoció esta información hasta el que la Administración del Estado al Servicio de Guardacostas de Galicia lo apuntó en un correo electrónico fechado el 3 de enero.
La inacción del Gobierno central
Pese a que el Gobierno central sabía desde el 20 de diciembre que los pellets que llegaron a las costas gallegas pertenecían a los contenedores que perdió el buque Toconao, las autoridades estatales no activaron el Plan Marítimo Nacional ni el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación, como dicta la norma y reprocha la Xunta.
El 5 de enero se llevan a cabo tres actuaciones por parte del Ejecutivo de Alfonso Rueda. Por una parte, activa el Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental (Camgal), aunque previamente y, ante los avisos recibidos en el 112 de llegada de pellet a las playas de Balieiros (13 de diciembre), Espiñeirido (24 de diciembre) y Area Maior (3 de enero), la administración autonómica ya había activado «los operativos de respuesta necesarios».
La Consellería de Medio Ambiente encargó “por razones de emergencia, de acuerdo con la legislación de contratos del sector público, a la Sociedad Pública Estatal TRAGSA (medio propio de la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con su regulación legal) la realización de trabajos», solicitando un incremento de 100 efectivos el 8 de enero.
En tercer lugar, la Xunta remite carta al Ministerio de Transportes, competente en marina mercante y contaminación marina, para solicitar «la colaboración de la Administración del Estado y demandando la activación de los planes estatales”. El Ejecutivo nunca llegó a contestar esta misiva, como refleja por escrito el Gobierno de Rueda: «Sin embargo, a día de hoy, no se tiene constancia de la activación de los planes estatales, ni de respuesta a la carta«.
Mientras las bolitas de pellets seguían llegando a playas gallegas, el Gobierno exige a la Xunta activar el nivel de emergencia 2 del plan Camgal -el uno llevaba activo desde el 5 de enero- y que se solicitase expresamente la movilización de medios estatales. Ángeles Vázquez, vicepresidenta segunda de Galicia, hizo lo propio el 9 de enero, en un correo al que ha tenido acceso este diario: «Tal y como el Gobierno central ha reclamado y ha puesto como condición, la Xunta acaba de elevar al nivel 2 el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia (Plan CAMGAL). Una vez cumplido este requisito, solicitamos que el Gobierno central cumpla con sus obligaciones de búsqueda en el mar, donde tiene competencias exclusivas y donde hay sacos a la deriva, como tiene conocimiento el Gobierno central, desde hace más de un mes».
Mientras, el mismo 9 de enero, la vicepresidenta Teresa Ribera insistía en cargar contra el presidente Rueda, asegurando que “la gestión hubiera sido diferente si no estuviéramos en precampaña». Sin embargo, los datos y las fechas demuestran que podrían haber iniciado las labores de limpieza del mar mucho antes, aunque se aprovechó para señalar al gobierno gallego.
Un día después, la dirección del Plan Camgal remite nota en la que se expresa que «cabe presumir que la mayor parte del material contaminante no llego todavía a la costa y debe procurarse su contención en el mar, lo que exige la actuación de los medios estatales, que ya se debería haber producido desde el 8 de diciembre, que fue cuando Estado tuvo constancia oficial del siniestro, de acuerdo con las competencias exclusivas de la Administración general del Estado, al ser un vertido con origen en el mar».
Exigencia de compensación de daños
Esta cronología y documentación evidencia que el Gobierno no actuó lo antes posible para atajar la llegada de los plásticos a la costa y quiso descargar en la Xunta toda la responsabilidad del vertido. De esta forma, el PSOE habría maniobrado para convertir la crisis de los pellets en un nuevo ‘Prestige’ con fines electorales.
Mención al margen merece la responsabilidad patrimonial del vertido y la asunción de los costes de la limpieza que se ha tenido que llevar a cabo. Y es que, la administración autonómica gallega asumió los gastos derivados de los dos encargos contratados por el procedimiento de emergencia, que solo hasta el 19 de enero ascendían a 747.232,33 euros. Por ello, la Xunta ha solicitado el inicio del procedimiento de exigencia de la responsabilidad medioambiental para la compensación de todos estos daños.
