Ángeles Sánchez Conde no tendrá en cuenta la contundente posición mayoritaria de la Junta de Sección del Supremo que determinó, por 12 votos contra 3, la necesidad de procesar al ex presidente catalán
Una maniobra in extremis del fiscal izquierdista Joaquín Sánchez-Covisa invocando el artículo 24 del Estatuto del Ministerio Público (EOMF), por su discrepancia con el otro fiscal jefe de la Sección Fidel Cadena, dejaba en manos de la número dos de la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde, el informe definitivo sobre si la participación del ex presidente catalán Carles Puigdemont (Junts) y el diputado de Esquerra (ERC) Ruben Wagensberg, ambos prófugos de la Justicia, se les puede imputar un delito de terrorismo ante el Supremo por su participación en Tsunami Democràtic, como pide el magistrado instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.
Y, todo apunta a que, en contra de la contundente posición de la Junta de fiscales del Alto Tribunal, Sánchez Conde perfila un dictamen para desmontar el criterio mayoritario de 12 de los 15 miembros del Pleno y salvar, así, la delicada situación procesal de Puigdemont favoreciendo su encaje en una ley de amnistía que Pedro Sánchez negocia, contrarreloj, con los interlocutores de su formación política separatista. «El control del Gobierno sobre la Fiscalía es ya indecente», lamentan fuentes próximas a la cuestión.
La número dos de la Fiscalía asumirá las indicaciones del reprobado titular de la institución, Álvaro García Ortiz, al antiguo ponente del caso, el fiscal Álvaro Redondo, quien modificó el sentido de su informe para descartar el terrorismo, después de despachar con su superior.
De nada servirá el« impecable» y «rotundo» resumen «técnico» sobre la «elevada penalidad de los hechos analizados» que el fiscal jefe Cadena ya ha elevado a Sánchez Conde recogiendo los argumentos jurídicos que llevaron a la mayor parte de los fiscales de la Sala del Supremo a considerar que sí hay indicios suficientes para proceder penalmente contra Puigdemont y hacerlo en el TS por su condición de aforado.
«Desestabilizar al Estado»
Por una parte, Cadena se apoyaría en las comunicaciones interceptadas durante el volcado del contenido de los móviles de varios de la veintena de procesados por las acciones violentas de la plataforma Tsunami Democràtic, durante el otoño de 2019, como protesta frente a la sentencia condenatoria del Supremo a los líderes políticos del procés. No en vano, tanto Puigdemont como el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, intercambiaron mensajes con algunos otros imputados, como Josep Campmajó en los que –tal y como determinó la Guardia Civil encargada de las pesquisas– se asumía la gravedad de las acciones previstas.
Por otra, subyace cómo la intencionalidad de quienes conformaron los grupos determinados a provocar altercados violentos de gravedad en «infraestructuras estratégicas» para la economía del Estado –tanto en la toma del aeropuerto del Prat, como en los disturbios de la Plaza Urquinaona y la Vía Laietana de Barcelona– era «desestabilizar el orden constitucional». Es decir, lo ocurrido en Cataluña de la mano de Tsunami encajaría en una de las premisas del delito de terrorismo recogido en el artículo 573 del Código Penal.
Sin embargo, la teniente fiscal Sánchez Conde está dispuesta a salvar cualquier escollo para favorecer los intereses del Gobierno frente a sus socios de Junts, en línea con la posición minoritaria de 3 de los 15 fiscales de la Sección del Supremo encargada del asunto. Pero, también, siguiendo la tesis de su compañero de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, quien se opone en cada uno de sus escritos a la existencia de terrorismo en el caso, a la espera de un ascenso que podría llegar en las próximas semanas para ocupar la plaza vacante de fiscal Jefe de Ciudad Real que ya ha solicitado.
