La visita de los siete juristas independientes ha puesto en guardia al Gobierno, que quiere minimizar los riesgos de un informe desfavorable. En ello se está empleando el ministro
La visita de siete juristas de la Comisión de Venecia a España entre el jueves y el viernes para examinar la futura ley de amnistía ha puesto en guardia al Gobierno. Este órgano consultivo del Consejo de Europa será el primero que se pronuncie sobre la norma a nivel internacional, de ahí la expectación. Un informe negativo supondría un mazazo para el Ejecutivo y munición jurídica para el PP, aunque las conclusiones de la Comisión de Venecia no sean vinculantes.
Por eso, y en la medida de lo posible, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha tratado de controlar la agenda de los ilustres visitantes. Con el objetivo de minimizar los riesgos de un informe desfavorable; que es, precisamente, el que el PP y Vox esperan.
Bolaños se aseguró de ser el primero en recibir a los miembros de la Comisión de Venecia
Por una parte, este jueves Félix Bolaños quiso ser el primero en recibir al sanedrín de Venecia para marcar la pauta y trasladar un mensaje claro: «El Gobierno valora positivamente esta proposición por su contribución a la convivencia y por su pleno respeto al texto constitucional, al derecho europeo y a los principios del derecho internacional por los que vela la propia Comisión de Venecia», según sus propias palabras.
Además, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que depende orgánicamente del Ministerio de Bolaños, ha organizado para este viernes un encuentro de varios de sus expertos con la delegación de la Comisión de Venecia. El CEPC está presidido por la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón Rosario García Mahamut. A finales de noviembre, una vez registrada la ley de amnistía en el Congreso, ésta escribió un artículo a favor en Eldiario.es que firmó al alimón con el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, también catedrático de Derecho Constitucional. Se titulaba Arriesgada y defendible: la ley orgánica de amnistía bajo control judicial.
Para redondear, a última hora se sumó a la ronda de contactos el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en su caso se verá con la Comisión de Venecia este viernes. Se trata de otra voz favorable a la amnistía y en plena sintonía con el Gobierno. Como lo demuestra su negativa a someter la ley al examen del Consejo Fiscal -pese a la petición del Senado- por temor a que la mayoría de sus miembros cuestionara la constitucionalidad de esta amnistía.
Bolaños tenía un acto con el Rey este jueves a las 11 de la mañana. Concretamente, la inauguración de la nueva sede del Colegio de Registradores de España. Así que citó a los siete juristas de la Comisión de Venecia a las 9 horas en la sede del Ministerio e hizo retrasar la visita de estos al Congreso hasta pasadas las 11. Los miembros de la Comisión de Justicia que iban a participar en el encuentro en la Cámara Baja no tuvieron confirmación de la hora hasta apenas 24 horas antes, una vez que el ministro hubo cerrado su encuentro.
Los miembros de la Comisión de Venecia, en las inmediaciones del Congreso Europa Press
Ya en el Congreso, la consigna con la que entró a la reunión el portavoz de Justicia del PSOE era clara: insistir ante los juristas en que la ley de amnistía es «sólida, impecable y constitucional», según declaró el propio Francisco Aranda a la salida. Eso y reducir la preocupación de la Comisión de Venecia a meras «cuestiones técnicas». Una tarea en la que le ayudaron los portavoces de ERC y Junts, Pilar Vallugera y Josep Maria Cervera, según los cuales el órgano consultivo del Consejo de Europa no tiene dudas sobre el encaje de la amnistía en la Constitución.
Durante toda la jornada, los siete juristas permanecieron encapsulados, inaccesibles para la prensa. No dejaron a los periodistas acercare a ellos ni en la sede del Ministerio de Justicia, ni en el Congreso, ni en la sede del CGPJ, ni tampoco en el Senado. Solo los gráficos pudieron tomar algunas imágenes. Pero ni una sola frase salió de la boca de ninguno de los siete.
En el CGPJ
Además de escuchar a Bolaños y a los grupos políticos en ambas cámaras legislativas, en su primer día en España también se entrevistaron con el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y con los vocales José Antonio Ballestero y Mar Cabrejas, que representan cada uno de los dos sectores. De manera que la división de opiniones sobre la amnistía se trasladó también al ámbito judicial. No obstante, hay algo en lo que sí coincidieron los vocales del CGPJ y los representantes de las cuatro asociaciones de jueces, que participaron de la ronda de reuniones en la sede del CGPJ: en denunciar los ataques a los jueces por parte del independentismo y las acusaciones de lawfare.
Aunque la previsión de la Comisión de Venecia es aprobar su informe de conclusiones en el plenario que celebrará los días 15 y 16 de marzo, los populares van a pedir a sus miembros que intenten agilizarlo, dada la gravedad de la situación. «La amnistía es una transacción corrupta, incompatible con la Constitución española, con el Derecho europeo y con el sentido ético más elemental. La amnistía condenaría no solamente a España, sino también a Europa. No es un asunto interno español, sino que afecta al conjunto de Europa», alertó la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo.
Es posible que el primer veredicto internacional sobre la ley de amnistía llegue antes de que ésta vuelva al Pleno, si el PSOE no logra alcanzar un acuerdo con Junts pronto y sigue retorciendo el Reglamento del Congreso y los plazos parlamentarios.
