Hubo terrorismo en Tsunami. Así lo concluye por mayoría la plana mayor de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha decidido este martes tumbar el borrador de su compañero Álvaro Redondo y considerar que los graves disturbios que tuvieron lugar en Cataluña en 2019 como respuesta a la sentencia del ‘procés’ no fueron meros desórdenes públicos, sino delitos de terrorismo y, como tales, deben ser investigados.
El informe será remitido ahora a la Sala Segunda del Supremo, que deberá decidir si acepta la exposición razonada enviada en noviembre por el instructor del caso, Manuel García-Castellón, o le devuelve el procedimiento para que continúe la investigación. Fue precisamente esta Sala Penal la que dio traslado al Ministerio Público para que informara.
La reunión de la junta de fiscales llegaba en medio de la polémica generada por el cambio de criterio del fiscal al que correspondía informar sobre el caso en el Supremo, Álvaro Redondo, que en tres días pasó de elaborar un informe en el que veía terrorismo en Tsunami y oportuno ahondar en la investigación a Puigdemont como «vértice» de ese movimiento independentista, a considerar, tras un «profundo y exhaustivo» estudio, que los hechos acaecidos, entre ellos, el caos en el aeropuerto de El Prat, sólo se podían encuadrar en un delito de desórdenes públicos graves.
La cuestión no es baladí, pues la ley de amnistía atascada en estos momentos en el Congreso contempla el perdón para los delitos terroristas derivados del ‘procés’ siempre y cuando, «de forma manifiesta y con intención directa», no hubieran causado «violaciones graves de derechos humanos».
El fiscal Redondo emitió un comunicado este lunes en el que niega haber recibido ninguna presión por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para modificar el dictamen inicial, en el que concluía, como informó a su jefe de la sección penal, Fidel Cadena, que «la finalidad de todas las actuaciones de Tsunami Democrático (…) no era otra que desestabilizar gravemente las estructuras económicas de España, obligando a los poderes públicos a negociar la autodeterminación de Catalunya, alterando gravemente la paz pública al causar dicha desestabilización, y al exigir públicamente tal negociación claramente inconstitucional, lesionando para ello gravemente la integridad física y moral de los ciudadanos, y afectando gravemente a su libertad personal».
Redondo reconoce la existencia de ese primer borrador y atribuye el cambio a un «profundo y exhaustivo estudio de los complejos hechos relatados» en la exposición de García-Castellón.
