El sobrecoste de la gestión y los problemas en la aplicación de la nueva norma preocupan a la Universidad y a la red concertada de FP. Hay una moratoria hasta el 31 de marzo .
Con muchas dudas todavía sobre cómo aplicar el nuevo reglamento sobre la cotización de todas las prácticas de los alumnos en empresas, instituciones o entidades, vigente desde el 1 de enero de este año, las organizaciones empresariales empiezan a respirar algo más tranquilas una vez que la Universidad de Zaragoza y el departamento de Educación de la DGA hayan asumido la condición de empresarios, es decir, vayan a ser los que se ocupen de pagar y gestionar esas altas y bajas de los estudiantes, tanto universitarios como FP, cuando hagan prácticas formativas no remuneradas.
«Con buen criterio, Universidad de Zaragoza y Educación han asumido esta obligación», señaló Ana Dehesa, coordinadora del Plan Fija y responsable de Recursos Humanos de CEOE Aragón. «Las empresas no podían cargar ya no tanto con el coste de la cotización, que es pequeño al estar bonificado por la Seguridad Social al 95%, sino con toda la carga burocrática que conlleva tener que gestionar las altas y bajas de cientos de alumnos cuando en realidad que hagan prácticas en sus instalaciones no les reporta otro beneficio que el de cumplir con una labor social», añadió.
«El revuelo y preocupación generada ha sido tremendo», recordó Dehesa, ya que en principio la norma que exige cotizar por todas las prácticas iba a entrar en vigor el 1 de octubre, aunque finalmente se haya retrasado al 1 de enero y haya una moratoria hasta el 31 de marzo para comunicar las altas y bajas del primer trimestre. «Las empresas estaban muy preocupadas por tener que hacer frente a esta nueva obligación legal, ya no por el importe sino por el miedo a la carga burocrática», subrayó.
«Las pymes no pueden asumir tanta burocracia ni la responsabilidad de cotizar por esos alumnos cuando lo que favorecen es que puedan hacer prácticas», corroboró Carmelo Pérez, secretario general de Cepyme Aragón, y menos con criterios de una norma que cambia continuamente y no deja claras muchas variables.
La directora pedagógica de FP en Salesianos, María José Ramón, constató que «este curso escolar lo vamos a gestionar los centros para quitarles ese trabajo a las empresas». De otro modo, indicó, «puede que se hubieran pensado si facilitarnos esas prácticas». En los centros públicos, recordó, lo va costear el departamento de Educación, pero en los concertados, «lo pagaremos nosotros y nos lo devolverán». En todo caso, la gestión indicó, la asumen, si bien, reconoció, tienen que recibir los detalles de cómo gestionarlo, pero a las empresas sí pueden darles la tranquilidad y de momento «ninguna ha dicho que se descuelga». En las grandes están habituados, pero en un taller pequeño no puedes pedirles que lo asuman.
Incertidumbre y dudas
David Berrueco, director del personal docente del Centro San Valero, incidió en el sobrecoste que ha supuesto poner en marcha esta medida del Gobierno. «Lo primero que hemos tenido que hacer es automatizar todo el proceso de recogida de datos de los alumnos y enviarlos a nuestra gestoría para que nos gestione las altas y bajas, porque cada trimestre hay prácticas, aunque el grueso viene en marzo y son casi 400 alumnos». Ha habido que lidiar también con la incertidumbre de quién pagaba todo esto y al final «Educación ha asumido este primer año lo que son ciclos de FP reglados, pero los privados no».
Son muchas todavía, reconoció Berrueco, las dudas sobre esta extensión de la cotización a todas las prácticas formativas. «El alumno se convierte en una especie de trabajador y no sabemos si en caso de un accidente laboral hay que mantener el seguro en prácticas que teníamos o se hace cargo la Seguridad Social». El temor de muchos centros es que no están preparados «para asumir semejante volumen de altas y bajas». Ahora, explicó, recopilando los números de Seguridad Social de sus alumnos para tratar de cometer el mínimo de errores posible. Berrueco comprende «el fin positivo de la medida», pero critica que la hayan tomado sin calibrar «la complejidad del sistema educativo, de la formación para el empleo y con una nueva ley de la FP en puertas». Y lo único que pide es que Educación vuelva a asumir en 2025 el coste.
«Se ha decidido que la Universidad se encargue de la cotización de prácticas no remuneradas de los alumnos cuando esta función no es una labor ni docente ni investigadora», cuestionó Nieves García, directora del Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza. «Con 9.000 alumnos en prácticas estamos desbordados», confesó, máxime cuando no se sabe aún quién tiene que dar el alta en prácticas internacionales o existe casuística sin resolver como si es compatible el alta con prestaciones como la desempleo o de otro tipo.
