Europa está abocada a la dependencia alimentaria y los expertos apuntan a que «lo realmente frustrante es que sea la propia UE quien financie la creación de nuevas tierras en Marruecos»
Son días claves para el campo. Tras múltiples avisos, revueltas y huelgas, este jueves han conseguido llegar al Parlamento Europeo, donde al fin se han reunido con Úrsula Von der Leyen, para tratar de llegar a una solución a las revueltas que se están sucediendo en todo Europa. En este contexto, el campo español ha dado un aviso: si no cambian las cosas, y queda muy poco margen, los españoles dependerán de terceros para poder alimentarse en diez años. Concretamente, alertan, perderemos nuestra independencia en apenas una década a manos de Marruecos, que sigue recibiendo las subvenciones de Europa.
Así lo han comunicado oficialmente desde la asociación independiente SOS Rural, después de un encuentro sectorial celebrado en Madrid y en el que también se ha advertido del desastre al que está asistiendo el sector primario español. Y también este mensaje es el que han querido transmitir las principales organizaciones agrarias europeas, lideradas por la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC), a la Unión Europea en una reunión con las instituciones comunitarias, precedida por una tractorada en la Plaza de Luxemburgo.
Durante el encuentro también se ha alertado del «desastre al que está asistiendo el sector primario español». Según SOS Rural, que agrupa a representantes del campo sin niguna vinculación política, resumen los ‘males’ del campo de la siguiente manera: menos hectáreas de cultivo, menos cosechas y, por ello, subidas constantes de los precios de los alimentos, llevando a un descenso del consumo de frutas y hortalizas.
Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, desarrolla que «una de las causas principales de este gran problema es el desmantelamiento acelerado de la producción de alimentos en España, tanto agrícolas como ganaderos».
Claro y representativo es el caso de los tomates, ya que según reconoció la propia Comisión Europea durante la reunión del Observatorio del Mercado de Tomate de la UE ni los españoles tomaremos nuestros propios tomates. Como comunicaron entonces, prevén una caída del 21,5% de la superficie dedicada al cultivo del tomate y del 22% de su producción sólo en España hasta 2035. Y caerá, entre otros motivos, mientras sube la producción e importación de tomate de Marruecos, ya que se ha incrementado en el 52% desde 2013 hasta 2022 (de 365.695 a 557.225 toneladas).
«El ejemplo palmario del tomate, que es un caso entre otros muchos de nuestra huerta, acredita que estamos abocados a que nuestra alimentación básica y diaria dependa de terceros y de sus caprichos políticos. Y que España, un país que ha sido una potencia mundial, no será capaz de producir alimentos para cubrir las necesidades de su propia gente», añade Corbalán.
La experta, con la que ha contactado Vozpópuli, ha añadido, en relación a todo lo que está ocurriendo en el campo del ‘viejo continente’, que «las políticas europeas están provocando su propio suicidio», ya que el caso del tomate se puede aplicar a cualquier otro producto, como la carne. Y agrega: «Lo que es realmente frustrante es que sea la propia UE quien financie la creación de nuevas tierras de cultivo en Marruecos para externalizar la producción, mientras el mundo rural español y europeo agonizan».
Respuesta «contundente y unitaria» del campo
El campo está harto, ahogado por la inflación, por la sequía, y, sobre todo, por una Unión Europea que le lleva al suicidio con unas políticas agrarias de muerte. «Las condiciones de producción desiguales, por disponer de productos fitosanitarios que en la UE están prohibidos o por permitir condiciones laborales semi-esclavistas, provocan que los productos de Marruecos o Egipto revienten el mercado europeo y añadan un factor antes superado de inseguridad alimentaria», apunta la portavoz de SOS Rural.
Por todo ello, las asociaciones rurales exigen una «respuesta política contundente y unitaria del campo español» para evitar su colapso, como ya está ocurriendo en Alemania, Francia o Italia. España padece problemas muy similares a los de estos países. «Los ganaderos de nuestro país se ven abocados a sacrificar su cabaña por una regulación de protección animal que hace imposible mantener las explotaciones; las irracionales exigencias ambientalistas liquidan la agricultura; se criminaliza la actividad agraria, y, al mismo tiempo, se abren de par en par las puertas a la llegada masiva de productos sobre todo de Marruecos», cuentan desde la citada organización.
Mensaje muy parecido mandan desde Asaja, que ha expresado además su «profunda preocupación y disconformidad» ante «las continuas y crecientes críticas injustificadas» provenientes de Francia hacia el sector agrícola español. Según Asaja, estas acusaciones, entre las que están las del primer ministro, Gabriel Attal, quien ya se refirió el pasado domingo a la «competencia desleal» de algunos países o las Ségolène Royal, ex ministra francesa que califican a los productos biológicos españoles de «incomestibles» y «falsos bio», sin ninguna base probatoria, han generado una necesidad imperante de acción y respuesta por parte del Gobierno Español.
