Vox se revuelve contra el pacto entre PSOE y Junts en materia migratoria

Los de Abascal se reivindican como los únicos que han denunciado «el problema» en Cataluña

La ‘podemización de Vox’, por Macarena Olona

La Constitución establece que la inmigración que el Gobierno cede a Junts es competencia «exclusiva» del Estado

Vox contempla con recelo la penúltima cesión de Pedro Sánchez ante el independentismo catalán. Esta vez no solo por una cuestión eminentemente nacional, sino porque supone la emergencia de un nuevo competidor en un área en la que el partido de Santiago Abascal ejercía prácticamente un monopolio hace unos pocos años. La formación derechista se ha visto obligada a agitar estos días la bandera antiinmigración, al comprobar cómo el Gobierno pactó con Junts la delegación de competencias a Cataluña.

Las elecciones catalanas podrían estar a la vuelta de la esquina, en función de cómo se desarrollen las europeas de junio, y la irrupción en el mapa de Aliança Catalana –partido independentista de extrema derecha– ha movido algo las fichas del tablero. Junts, la formación del prófugo Carles Puigdemont, solo accedió a abstenerse en los tres reales decretos leyes del macropleno del Congreso del día 10 –logró salvar dos de ellos– cuando obtuvo el compromiso de cerrar el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña.

Ahora mismo, el Gobierno autonómico está en manos de ERC, pero a Junts le sirve el pacto para reivindicar la consecución de una competencia más –otro ‘paso hacia la independencia’– y para lanzar al aire sus propuestas en materia migratoria y, a la vez, cerrar el paso a Aliança Catalana. Distintos portavoces neoconvergentes deslizaron tras el acuerdo que iban a poder controlar flujos migratorios y aplicar políticas como la expulsión de los inmigrantes que delincan de manera recurrente. Una medida, por cierto, en los programas de PP y Vox.

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, matizó después que solo está dispuesto a delegar atribuciones relativas a la integración de los inmigrantes, Junts insiste en que la Generalitat podrá expulsarlos, a pesar de que la Constitución establece la inmigración como competencia exclusiva del Estado. En Bambú, mientras tanto, toque de corneta. Uno de los caladeros de voto más importantes de Vox es el del ciudadano preocupado por la globalización y la inmigración irregular, y la formación derechista percute en su discurso.

El lunes pasado, tras la reunión semanal del Comité de Acción Política de Vox, su secretario general, Ignacio Garriga, fue rotundo al tachar de «maniobra electoralista» el despertar de Junts en materia migratoria. «Quiero recordar cómo es el separatismo, Junts y ERC, quien ha convertido Cataluña en la región de España más islamizada, en la cuna de yihadistas europeos; quiero recordar cómo el separatismo abanderaba, con pancartas en mano, el famoso lema ‘volem acollir’, el queremos acoger», dijo quien también es el líder de Vox en el Parlamento catalán.

Mientras, criticó Garriga, el Gobierno catalán pide cien millones de euros a la Administración General del Estado para mantener a los menores extranjeros no acompañados, y los independentistas votan en contra de todas las propuestas de Vox «para perseguir a multirreincidentes y para expulsar a los ilegales que siembran el terror y han incrementado la inseguridad en Cataluña de manera exponencial». El número dos de Vox relacionó directamente inmigración irregular y delincuencia, en una vinculación habitual en su partido.

Al día siguiente, en una rueda de prensa previa a la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, incidió en la misma idea: «Hay barrios islamizados, barrios enteros, y esto es culpa de los que están gobernando allí, que son los separatistas». «No hay nadie, salvo Vox, que se haya sentado a ver el problema real en Cataluña respecto a la inmigración». ‘Solo queda Vox’, podrían decir, en la oposición frontal a la «inmigración ilegal».

En los últimos meses, han hecho propuestas de máximos en esta materia, contestadas por lo general por el resto de los grupos parlamentarios. En octubre, tras el atentado que acabó con la vida de dos ciudadanos suecos en Bruselas, la formación de Abascal registró una propuesta en el Congreso para detener de forma inmediata la concesión de la nacionalidad española a todas las personas procedentes de la «cultura islámica». Un mes antes, con motivo de la crisis migratoria en la isla italiana de Lampedusa, Vox rescató de su programa la idea de un bloqueo naval para impedir la llegada de embarcaciones con inmigrantes a costas europeas, en la línea de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 9,6 por ciento de los españoles sitúa la inmigración como uno de los tres principales problemas del país. Es exactamente la misma media que la de los votantes del PP, que la meten en los primeros puestos del ‘ranking’, pero mucho menor que la de los de Vox.

El 25,3 por ciento de quienes eligieron la papeleta del partido de Abascal contestan que la inmigración es uno de los tres mayores males de España. El segundo partido con representación electoral en esta clasificación es Junts, donde el 11,3 por ciento muestra su especial inquietud. Son datos que contrastan con los del PSOE (7,7), Sumar (4,9) y ERC (4,4). Precisamente, la cesión del PSOE a Junts generó malestar en Sumar y ERC, incómodos con las posiciones de la formación de Puigdemont en el asunto migratorio. En paralelo, Vox marca territorio.