El ministro del Interior se compromete a que no haya «agentes investigados» y asegura que no se cederán competencias en inmigración como sostiene Junts
A pesar de los esfuerzos que está haciendo esta tarde Fernando Grande-Marlaska para templar los ánimos en la Policía y de los compromisos que ha adquirido, el Cuerpo mantiene su actitud de desconfianza hacia él. Es la primera vez desde que es ministro del Interior que preside el Consejo de la Policía. Las circunstancias y el clima de máxima tensión que vive el Cuerpo obligaban su presencia. Pese al acercamiento que ha puesto en práctica, las reticencias a sus compromisos son tan notorias que los miembros del Consejo lo quieren todo por escrito y de manera pública.
En su comparecencia ante el órgano que conecta a la Administración central con la Policía Nacional, el ministro transitó por todos los puntos que inflaman a los agentes y se detuvo especialmente en los dos más severos: el de la posibilidad de amnistiar a los agentes que participaron en el 1-O y el reciente anuncio de Junts de que el Gobierno central tenía la intención de transferir al catalán las competencias en materia de inmigración fueron la piedra angular del encuentro. La Policía recela de todo lo que sean sólo palabras y exige una «comparecencia pública» para sellar las palabras del ministro del Interior.
Grande-Marlaska aseguró estar trabajando para que ningún policía que acudió a Cataluña para cubrir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 tenga un procedimiento judicial abierto. «Pedimos al ministro una declaración pública que exonere a los policías, donde se haga constar que fueron a Cataluña enviados por mandato de interior y autoridad judicial, además del apoyo legal. Todo ello en comparecencia pública», exigen desde el Cuerpo.
«Se está trabajando para que no haya ningún compañero (policía) investigado», dijo textualmente el ministro. Los miembros del Consejo advirtieron de que iban a estar «especialmente vigilantes» para que se cumpliera. En cuanto al anuncio de Junts de que el Gobierno central cederá las competencias en inmigración al Ejecutivo catalán, el titular de Interior fue tajante y se pronunció en la misma línea en la que lo ha hecho Pedro Sánchez.
«En cinco años no he traspasado ninguna competencia de la Policía Nacional y no se van a traspasar competencias de Interior en materia de extranjería a los Mossos d’Esquadra», dijo. Sin embargo, la Policía quiere garantías «por escrito» de que esto va a ser así. «No se van a ceder ninguna de las competencias exclusivas del Estado», zanjó Grande-Marlaska.
El anuncio de la nueva ley orgánica «integral» anunciada por los independentistas -desconocida para todos los actores implicados- ha dejado claro que nadie sabe realmente en qué va consistir ni qué alcance tendrá. La comunicación sin más explicaciones de que las competencias en inmigración serían transferidas causó desconcierto y, lejos de aplacarse con el paso de los días, esta sensación se acrecienta en la Policía Nacional.
La ausencia de datos concretos incluso ha puesto en guardia a los Mossos ya que, de ser cierta la sospecha de quitar a la Policía la competencia en inmigración, serían ellos los encargados de hacer el trabajo. Y concluyen que no están preparados: ni por número de agentes, «somos 17.000», ni por formación. «Destinar agentes que no tenemos a algo que se cubre, y muy bien, por la Policía Nacional, no tiene ninguna funcionalidad. Es una burrada», argumentaba un mando de la policía autonómica.
Al término del Consejo, las organizaciones sindicalesno han ocultado su preocupación por la «falta de concreción» del ministro. Desde el SUP, a través de su secretaria general Mónica Gracia advirtieron de que van a estar muy encima de los proyectos de futuro. «Vamos a estar vigilantes ante el eventual traspaso mediante esa ley orgánica de competencias a Cataluña para evitarlo, poniendo todos los mecanismos necesarios a nuestro alcance. Incluso instando si es necesario a los partidos políticos a que presenten un recurso de inconstitucionalidad», señaló. En el asunto de la amnistía, solicitó a Grande-Marlaska una declaración pública.
En Jupol continúan sin dar por buena la versión sobre el futuro de la gestión de la inmigración en Cataluña. «Nos hacen falta hechos y pruebas», resaltó su secretario general Aarón Rivero. «Si como dice Junts, se ceden competencias sería un despropósito y supondría el inicio del proceso para la expulsión de la Policía Nacional de Cataluña, uno de los principales objetivos de los partidos independentistas socios del Gobierno de Pedro Sánchez». En cuanto a la ley de amnistía manifestó: «Pedimos la libre absolución para todos los agentes».
