Asegura que siempre vela por la «seguridad jurídica», pero elude aclarar si habrá sanciones
El Gobierno ha eludido aclarar si va a sancionar a las empresas fugadas de Cataluña como pide Junts. Tanto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han repetido en numerosas ocasiones, ante las preguntas de los medios, que «velan siempre por la seguridad jurídica». No han salido de ahí en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes después de que se conociera que Junts exige sanciones para avalar los tres Reales Decretos-leyes que vota este miércoles el Pleno del Congreso.
Junts quiere arrancarle al Gobierno sanciones para las empresas que se fueron de Cataluña pero mantienen producción en la comunidad. Es el punto fuerte de la negociación para Junts, según ha trasladado este martes su vicepresidente, Josep Rius, en TVE, y ha avanzado La Vanguardia. Se trataría de sancionar a las empresas que sólo se llevaron su sede social, lo que podría afectar a buena parte de las cerca de 7.000 que se fueron desde el 1-O de 2017, empezando por La Caixa y Sabadell.
Rius también ha planteado que los posconvergentes quieren que haya incentivos fiscales para fomentar el regreso de las empresas a Cataluña. En su relato, esto afectaría a las que realmente dejaron de producir en Cataluña.
Más de 3.000 empresas se mudaron de Cataluña entre octubre y diciembre de 2017. Entre las cerca de 7.000 empresas que se fueron desde entonces y hasta la fecha, con pocos retornos, hay trece cotizadas en el Ibex, CaixaBank, Sabadell, Gas Natural Fenosa, Cellnex, Abertis y Colonial. También se han ido Catalana Occidente, Applus o Naturhouse.
En el pacto de investidura entre el PSOE y Junts que se hizo público el 9 de noviembre el PSOE se compromete a «facilitar y promover el regreso a Catalunya» de las empresas huidas tras el 1-O de 2017.
Más inversión en Justicia
Rius también ha puesto el foco en que su formación reclama más inversión en Justicia en Cataluña entre las medidas que contiene el Real Decreto-ley aprobado el 19 de diciembre.
Sin embargo, en sus declaraciones en TVE no ha puesto el foco en el conflicto inicial con este Decreto, que a su juicio permitiría paralizar de inmediato la amnistía.
Rius ha subrayado que a clave es que el Gobierno tiene que negociar los Decretos con Junts y ha planteado que aún hay tiempo, quizás en alusión a que los Decretos pueden retirarse del Pleno del miércoles y llevarse más adelante. También ha plantado que pueden retirarse y decaer y aprobarse en unos pocos días de nuevo por el Consejo de Ministros.
El Gobierno negocia in extremis pero tiene difícil retirar los Decretos del Pleno del miércoles.
Sobre ello se ha pronunciado Carles Puigdemont, que asegura que la pelota está sobre el tejado de los socialistas. «Ni zanahorias, ni chantajes», ha escrito el expresident en Twitter (ahora X) al respecto de las negociaciones de estos decretos. «Parece que la pausa navideña ha ablandado la memoria de algunos y hay que reforzarla» sigue en el texto en la red social, marcando una postura inamovible por parte de los independentistas.
