PP y Vox han denunciado la situación por la falta de medios para poder escuchar la traducción simultánea
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El diputado de Junts Josep María Cercera se ha negado este jueves a hablar en castellano durante su intervención en la Comisión de Justicia ante la protesta de PP y Vox por la ausencia de traducción simultánea, al tiempo que la diputada de ERC Pilar Vallugera ha optado por la autotraducción. «Si me quieren expulsar, me expulsan», ha espetado.
El revuelo en esta primera sesión de la citada comisión parlamentaria se ha generado cuando la portavoz del PP, María Jesús Moro, ha advertido que «alguno de los grupos» iba a realizar su exposición en catalán. «No nos preocupa el catalán en absoluto, lo que nos preocupa es que cuando se reformó el reglamento de la cámara ya dijimos que hay que facilitar los instrumentos adecuados», ha recordado.
La política ‘popular’, que ha sostenido que para «debatir hay que entenderse», ha insistido en que no contaban con dispositivos para escuchar las intervenciones traducidas al castellano. El presidente de la Comisión, Francisco Lucas, ha explicado la decisión adoptada por la presidencia: facilitar a los grupos el texto de la intervención en castellano, que sería el que conste en el diario de sesiones.
El diputado de Vox Carlos Flores, por su parte, ha denunciado que «el hecho de no poder entender el debate» que se iba «a llevar a cabo en esta comisión» le priva de su «derecho constitucional al ejercicio del cargo público representativo». «Dicho derecho no se suple con la entrega de un texto en otro idioma, entre otras cosas porque seguramente no habrá un protocolo notarial que acreditará la coincidencia entre la intervención oral y la intervención escrita», ha criticado.
En este sentido, ha señalado que el portavoz de Junts intervendría de manera oral. «Esa es su intervención, y esa sería la que tendría que figurar en el diario de sesiones. Aquí tenemos una doble vulneración. En primer lugar, una vulneración de un acuerdo adoptado en esta Cámara con nuestro voto en contra, por descontado, que es el de uso de las lenguas autonómicas en los debates en pleno y en comisión. Y otra, muchísimo más grave, repito, la vulneración del derecho al cargo público de quienes no entienden o no desean entender el catalán», ha zanjado.
En respuesta a PP y Vox, la portavoz de ERC ha explicado que inicialmente iba a realizar su intervención en castellano dando un tiempo hasta que se llevase a cabo la aplicación de los medios técnicos de traducción. «Pero visto cómo ha reaccionado a la oposición con aquella capacidad que tienen de hacerlo todo fácil pues la vamos a hacer en catalán y además no la llevo escrita. A partir de aquí, yo lo lamento, pero si me quieren expulsar, me expulsan», ha anunciado.
A pesar de esa advertencia, Vallugera ha realizado su intervención a caballo entre el catalán y el castellano. «Porque al final yo me iría al Parlamento inglés y hablaría en inglés, me iría al francés y hablaría en francés, pues me voy al español y hablo en español, porque ya saben ustedes que no me siento concernido por esta legitimidad. Y bueno, por tanto, pues tampoco para mí es un gran problema», se ha justificado. El portavoz de Junts, sin embargo, sí que ha optado por intervenir en catalán.
En lo relativo al catalán, Vallugera ha dejado claro que hay «un serio problema» con el idioma en el acceso a la Justicia. «Es decir, creo que son el 7% de las resoluciones judiciales que se escriben en catalán y un porcentaje un poco más alto de los juicios que efectivamente que se sustancien en catalán, es decir, tenemos un serio problema con las resoluciones judiciales que son alrededor de un 7% las escritas en catalán y un poco superior al porcentaje de los juicios que se sustancian en este idioma», ha explicado.
A su juicio, eso supone una «indefensión para los ciudadanos que quieren ir a la Justicia en su propio idioma, en su país». «No es comprensible que no sea un mérito, al menos para esta estabilización, conocer el catalán. Por otra parte usted ya sabe que para nosotros no debe ser un mérito, sino que debe ser un requisito de acceso a las plazas en Cataluña, al conocimiento de la lengua propia del país», ha incidido.
Así, ha planteado una cuestión al ministro de Justicia, Félix Bolaños. «Si yo les dijera que en algún país del mundo conocer la lengua que se habla allí no es necesario para ejercer la función jurisdiccional, es que no se lo iban a creer. Hasta dirían que se conculcan los derechos humanos de las personas, pues es el día a día en Cataluña y creo que debemos resolverlo», ha zanjado.
El ministro, por su parte, ha reconocido que «en este momento efectivamente no es un requisito hablar catalán, pero sí es un mérito». «Pero es que las personas que se presentan a las oposiciones, a la judicatura, a la carrera fiscal, pueden hacer un examen de idioma», ha aclarado.
«Es verdad que una vez que han aprobado la oposición, ese examen de idioma a las personas que conozcan la lengua cooficial les supone subir nota y por tanto tener acceso a mejores destinos o mejores posiciones en el escalafón, por tanto yo creo que es una fórmula también de reforzar lo que es un mérito», ha continuado.
Así las cosas, Bolaños ha dejado claro que la prioridad del Gobierno «es que la utilización de las lenguas cooficiales» en España «sea de una normalidad absoluta». «Como es lógico, en Cataluña se utiliza el castellano, se utiliza el catalán. En Euskadi se utiliza el euskera con toda normalidad y las administraciones estamos apoyando algo tan básico como es esto», ha apostillado.
Las lenguas cooficiales también han sido un tema relevante para otros portavoces, como para el de EH Bildu, Jon Iñarritu. «Esto se repite como el día de la marmota cada vez que viene un nuevo ministro, el problema que existe tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la Comunidad Foral Navarra es respecto a la euskaldunización de la Justicia», ha arrancado.
Según ha explicado, este miércoles «un diario de Euskadi decía que únicamente 17 de los 248 magistrados de Euskadi son capaces de celebrar un juicio en euskera». «Esto no llega ni a un 10% y 44 años después de tener una lengua cooficial en la comunidad autónoma vasca, creo que los deberes no están hechos y es cierto que todos los ministros y ministras que han pasado por aquí tienen buenas intenciones y buenas palabras pero el hecho es que pasan las legislaturas y esto sigue bastante parecido», ha lamentado.
En esta línea, ha preguntado a Bolaños, si «va a haber un compromiso y van a tomar medidas más serias para lograr una euskaldunización de los magistrados y del personal de la Administración de Justicia».
«Yo ahí no soy sospechoso, que ni siquiera mi gobierno ni mi grupo parlamentario, nuestra apuesta y nuestro apoyo a la utilización de las lenguas cooficiales en todos los rincones de nuestro país es muy claro», le ha respondido el ministro, que ha incidido en que el Ejecutivo tiene «la obligación de defender todas las lenguas cooficiales» en España «porque son una riqueza evidente».
