Un documento oficial de la Delegación del Gobierno reconoce que falseó la asistencia sin ningún informe que respaldara sus cálculos
Por primera vez en décadas, la calle no es de la izquierda. Y eso le preocupa a Sánchez, que intenta minimizar o caricaturizar la masiva protesta ciudadana con dos fake: convertirla en una respuesta radical de nostálgicos del franquismo o, como ha ocurrido con una de las mayores manifestaciones de España tras la de Miguel Ángel Blanco, falsear las cifras para reducir su impacto.
Esto es lo que literalmente hizo la Delegación del Gobierno en Madrid con la masiva concentración celebrada el pasado 18 noviembre en la plaza de la Cibeles: inventarse una cifra de asistentes reducida al lado de la que, en realidad, clamó contra Sánchez y su ley de amnistía convocada por distintas organizaciones de la sociedad civil.
Así figura en un sorprendente documento de la propia Delegación del Gobierno en propiedad de El Debate, en el que se reconoce la manipulación de las cifras de asistencia que dio públicamente, de 170.000 personas, frente al millón largo que ofreció la organización.
Un bulo de la Delegación
Tras la ‘guerra’ de cifras, este periódico ha desmontado las estimaciones y cálculos difundidos públicamente por la Delegación del Gobierno, que rebajó la cifra final dada por los organizadores, en torno al millón de personas, hasta la cifra de 170.000.
Una diferencia notable que ahora, tal y como prueba este periódico, carece del respaldo de informe alguno elaborado por la Delegación del Gobierno en Madrid y que recojan el número de asistentes. Tales informes no existen.
El Debate solicitó expresamente a la Delegación del Gobierno en Madrid una «copia de los informes elaborados por la Delegación del Gobierno en Madrid que expresen la asistencia» a la manifestación celebrada en la madrileña Plaza de Cibeles.
La Delegación del Gobierno confiesa que no tiene ningún informe que cifre la asistencia a una manifestación abrumadora
Sin embargo, no ha sido capaz de hacerlo. En su lugar, Agustín Torres Herrero, director General de la Administración General del Estado en el Territorio, organismo dependiente del Ministerio de Política Territorial que coordina a las delegaciones, ha asegurado en un documento de fechado el pasado 1 de diciembre y que obra en exclusiva en poder de este periódico que «según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Madrid, «no existen los documentos solicitados».
Es decir, el organismo de máxima representación gubernamental en la capital, liderado por Francisco Martín Aguirre, no ha elaborado ninguna estimación de asistentes, pese a que sí que ha proporcionado una cifra para tratar de ningunearla.
Fragmento de la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
No es la primera vez que desde la Delegación del Gobierno madrileña evitan pronunciarse sobre la cifra de asistentes a una manifestación. Ya lo hizo a principios de año, a raíz de la manifestación convocada contra el Gobierno el 21 de enero, cuando su cifra se quedó en 31.000 personas frente al medio millón calculado por la organización.
En aquel momento, cuando El Debate solicitó de forma oficial al departamento entonces dirigido por Mercedes González los documentos donde constase la estimación de participantes, reconoció que no los tenía en su poder.
«La documentación sobre la estimación de la asistencia real a las manifestaciones y concentraciones es elaborada por la Policía y, por tanto, corresponde al Ministerio del Interior decidir sobre su acceso», se escudó entonces el Gobierno en un informe firmado por el Director General de la Secretaría de Estado de Política Territorial, Agustín Torres Herrero, de cuyo Ministerio dependen las Delegaciones del Gobierno.
Así, el Ejecutivo repite modus operandi, y evita pronunciarse sobre las polémicas cifras intentando minimizar el impacto de unas manifestaciones que ponen en evidencia la distancia sideral que existe entre las posturas del Gobierno y una parte de la ciudadanía española.
La propaganda en contra
Posiblemente todo ello atienda a la estrategia personalísima de Sánchez de estigmatizar a toda disidencia, resumida en sus propias palabras en el Congreso, durante su investidura, cuando propuso levantar «un muro» para frenar a la supuesta ultraderecha que a su juicio encarnan el PP y VOX.
Desde que lanzó esas palabras, la maquinaria gubernamental se ha dedicado a despreciar las manifestaciones masivas en las 52 capitales de provincia de España, en la Cibeles o la más reciente en el madrileño Templo de Debod, todas con una gran asistencia de público y un compromiso de distintos líderes, como el popular Núñez Feijóo, de seguir convocándolas constantemente.
Además, se ha pretendido convertir los incidentes aislados en las concentraciones diarias frente a la sede del PSOE, en Ferraz, en la vara de medir todas las protestas cívicas que recorren España de norte a sur, en una movilización popular con pocos precedentes desde 1978.
