Dan este paso después de que el PSOE se haya comprometido a sacar adelante una ley de amnistía y a poner en marcha «comisiones de investigación» sobre el supuesto ‘lawfare’
Los fiscales Anticorrupción han firmado un manifiesto en el que muestran su «reconocimiento y apoyo» a los colegas que han intervenido en procedimientos vinculados con el procés tras los «ataques injustificados que vienen recibiendo y la amenaza de fiscalización política«.
El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, lo firman 21 de los 29 fiscales que forman parte de este departamento y llega en un momento en el que gran parte de la carrera se muestra crítica con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por guardar silencio ante las referencias al «lawfare» que recoge el pacto suscrito entre el PSOE y Junts per Catalunya. «Mostramos nuestro firme compromiso en defensa de la división de poderes, del principio de igualdad en la aplicación de la Ley y en defensa de la independencia de los tribunales», advierte el manifiesto.
Todas las asociaciones de fiscales también han criticado con dureza el pacto del PSOE con Junts por comprometerse a poner en marcha comisiones de investigación parlamentarias sobre este supuesto lawfare. «Es inadmisible la utilización del término guerra judicial», critica la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera. «Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes”, denuncia la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Entre los miembros de esta última asociación, destaca el propio fiscal general, pero él ha evitado pronunciarse en contra de los acuerdos. Según defendió en una carta remitida a todos los fiscales el 16 de noviembre, «ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad» y «respetar el principio de separación de poderes constitucional al Estado de derecho».
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García Ortiz publicó esta carta después de que los cuatro fiscales de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, le pidieran amparo: «El solo hecho de que se arroje la sospecha sobre los fiscales de una actuación ilegal admitiendo que se podría calificar el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias como injusto, desproporcionado y guiado por motivos políticos solo puede entenderse como un ataque a la institución que debe ser objeto de respuesta inmediata», sostenían en su misiva.
La Asociación de Fiscales también ha pedido que el Consejo Fiscal debata en su próximo pleno «la aprobación del expreso amparo» a todos los fiscales que han participado en causas vinculadas con el procés: «Se ha puesto en entredicho la adecuación a los principios constitucionales de los fiscales que han intervenido y aún siguen interviniendo en los procesos judiciales afectados por tal proposición», denunciaron en un escrito este jueves.
Los 21 fiscales Anticorrupción se suman ahora a estas críticas al mostrar su respaldo a sus colegas y pedir respeto a la división de poderes, pero García Ortiz evita por el momento elevar el tono: «Lo que me quede de mandato, soy la primera garantía de autonomía y de respeto al trabajo realizado», aseguró este jueves durante las jornadas de fiscales de civil que se están celebrando en Córdoba. Tal y como informó El Confidencial, el Consejo de Ministros tiene previsto ratificar en el cargo a García Ortiz el próximo 28 de noviembre.
