Un portavoz señaló que las autoridades de la UE han actuado como en otros casos en los que un país tiene «problemas con el Estado de derecho»
La amnistía a los dirigentes independentistas implicados en el ‘procés’ es ya una realidad. El expresidente regional Carles Puigdemont y dos de sus consejeros, Lluís Puig y Toni Comín, dejarán de ser prófugos de la Justicia, además de los alrededor de 400 implicados en las consultas ilegales del 9-N y el 1-O, así como los que protagonizaron los violentos disturbios que acompañaron la celebración del juicio al ‘procés’ en 2019.
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Antes de que pasasen 24 horas desde el anuncio del pacto que hará presidente a Sánchez, el comisario de Justicia de la Unión Europea trasladó por carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y a la de Justicia, Pilar Llop, su seria preocupación por las consecuencias que pueda tener la futura Ley de Amnistía, reclamando por ello más información sobre su contenido.
Es la primera vez que la Comisión se dirige al Gobierno en funciones en estos términos, pidiéndole directamente detalles concretos. En ella aprovechan también para reiterar su disconformidad con que siga sin renovarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El jueves, mientras el dirigente de Ferraz Santos Cerdán presentaba formalmente el acuerdo con Junts, el portavoz de la Comisión para los asuntos jurídicos, Christian Wigand, afirmó que la carta para abordar un «asunto tan relevante» se envío al igual que «ha hecho la Comisión en otros casos en los que hay un problema con el Estado de derecho, como Polonia, Rumanía y Bulgaria«.
Una admisión en toda regla de que la Comisión Europea ve indicios de resquebrajamiento de la democracia y el Estado de derecho en nuestro país en esta polémica decisión del PSOE de Sánchez. «No daré más detalles, pero cuando hay problemas con el Estado de derecho, como en el procedimiento de sanción a Polonia en el ámbito judicial, o en los mecanismos de cooperación y verificación contra la corrupción en Rumanía y Bulgaria, actuamos como en este caso«, trasladó concretamente en su comparecencia de prensa.
La UE compara así los últimos pasos del Gobierno con las sanciones que fueron impuestas a estos tres países del Este por violar repetidamente los valores fundamentales de la UE.
Polonia está sometido a un proceso de sanción por amenazar con sus reformas legislativas la independencia del poder judicial del país y, con ello, el Estado de derecho. También Hungría después que sus gobiernos violasen los valores fundamentales de la UE al poner en serio peligro con su actividad ejecutiva la independencia judicial, la libertad de expresión, la lucha contra la corrupción, los derechos de las minorías y los derechos de los inmigrantes y refugiados.
En el caso de Rumanía la situación a la que hacen referencia desde Bruselas guarda numerosos paralelismos con esta amnistía impulsada por Pedro Sánchez. En 2019 el gobierno rumano ocupado por los socialistas, que en ese momento ostentaban también la presidencia europea, aprobó una ley de amnistía para liberar de cargas judiciales a otros políticos, entre los que figuraba el líder de su propia formación, Liviu Dragnea.
En aquel entonces la actuación de la Comisión fue drástica y rápida. El que era presidente, Jean-Claude Juncker, avisó con anterioridad a las autoridades de Rumanía que si esa ley era aprobada por el parlamento se produciría un «paso atrás en el Estado de derecho» ya que suponía la despenalización de actos relacionados con la malversación de fondos públicos. El pasado diciembre el Senado aprobó derogar del Código Penal el delito de sedición y rebajar las penas para el de malversación.
