Pretenden que el Consejo apruebe una declaración institucional contra una medida que se sustenta en un «interés personal»
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Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido a su presidente, Vicente Guilarte, la convocatoria de un Pleno extraordinario para aprobar una declaración institucional contra la amnistía, que consideran la «abolición del Estado de derecho». Los vocales, del sector conservador, justifican la ruptura de su «prudente» silencio en que es ahora cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado ya públicamente sobre la concesión de esta medida asumiendo que efectivamente ha pactado esta ley con partidos políticos («que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida«) y que lo hace en «interés de España para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral«.
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«El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España. Cualquiera que sea la justificación formal o aparente que se le quiera dar en el preámbulo de la futura ley, su motivación real ya ha quedado expresada, y más allá de la discusión sobre si realmente son constitucionalmente aceptables las amnistías para soslayar la prohibición constitucional de indultos generales, lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento real expresado por el presidente del Gobierno en funciones», señala el texto que pretenden que respalden sus compañeros.
En estos momentos el CGPJ cuenta con 16 miembros. Bastarían nueve votos para que esta declaración saliera adelante. El texto que se va a llevar a pleno está firmado por los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y Ángeles Carmona.
Alternancia política
Añaden los vocales que confundir el «interés de España» con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es «algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político», valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. «Pero hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora».
«Supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio de un interés personal»
A su juicio, «no es compatible con el principio de Estado de derecho proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución, y ni tan siquiera con el principio de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3, que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno. Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España».
«Una casta impune»
Pero hay más, dicen. A su juicio, supone «generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos» lo que, con no justificarse en ningún fin constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso «el más elemental» principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución.
Asimismo, se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico: «si la independencia es el instrumento necesario para que los tribunales puedan actuar con neutralidad y garantizar, mediante la efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica, mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales. La enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera«.
En su opinión, lo que se violenta con la medida anunciada por el presidente del Gobierno «no sólo es la Constitución con la que nos dotamos los españoles como marco de convivencia, sino también los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial».
