Estamos asistiendo a una situación insólita en la que no hay información de ninguna clase sobre algo tan trascendental como la investidura de un nuevo gobierno. Los candados están echados de tal manera que ni los más avezados periodistas logran saber una sola palabra de la cuestión.
Y eso solo puede deberse a dos cosas, igualmente dañinas para la salud de nuestra sociedad: una, que las negociaciones no avanzan como deberían, en cuyo caso estaremos en un cierre acordado con la otra parte; y dos, que las negociaciones avanzan pero la dirección que están tomando las cosas llevará al escándalo de la sociedad, en cuyo caso la investidura de Pedro Sánchez se convertirá en una vergüenza mayúscula.
No hay otras opciones para explicar esta cerrazón tan absoluta de las fuentes habituales en un partido que está obligado a transmitir en tiempo real los avances o los obstáculos que se alzan ante ellos en una operación tan llena de inconvenientes como la que Pedro Sánchez está abordando con Carles Puigdemont, por vía interpuesta.
Ya es de temer que una de las personas que esté presente en las negociaciones sea el abogado Gonzalo Boye, condenado por terrorismo y procesado por blanqueo en el caso de la red de Sito Miñanco. Pero es todo lo que sabemos por la parte de Puigdemont. Por la parte de aquí sabemos que es Félix Bolaños el que lleva el peso principal de las negociaciones, junto con María Jesús Montero y Santos Cerdán de acompañantes..
Pero del contenido de éstas no sabemos absolutamente nada, ni una palabra y mira que estamos hablando de una ley de amnistía y quizá de un añadido que reconozca a Cataluña como nación, pero eso ya lo abordó el Constitucional cuando lo presidía María Emilia Casas que dejó establecido que la única nación que la Constitución reconoce es la española.
Hay algo que ni unos ni otros tienen en cuenta en estos momentos y es que la ciudadanía tiene el derecho de conocer cuáles son las condiciones en que Pedro Sánchez va a ser investido
Una ley de amnistía que difícilmente cabría en la Constitución y en torno a la cual los negociadores estarán haciendo contorsiones para intentar encajar esa ley en ella. Pero hay algo que ni unos ni otros tienen en cuenta en estos momentos y es que la ciudadanía tiene el derecho de conocer cuáles son las condiciones en que Pedro Sánchez va a ser investido. Y los periodistas son los intermediarios de ese derecho ciudadano.
Porque esto no iba en ningún programa electoral y, por lo tanto, tienen que resultar conocidas esas circunstancias antes, mucho antes de que se celebre la sesión de investidura. No es de recibo que de un día para otro nos venga la parte más presentable de la negociación y se nos descuelgue con una fecha para la investidura sin que hayamos tenido los expertos y los ciudadanos tiempo para examinar a fondo los términos de esa negociación y de la ley resultante.
Es una obligación a la que no puedo apelar a individuos como Gonzalo Boye o el mismo Carles Puigdemont porque su único interés está en lograr una amnistía con la que librar de la cárcel a sí mismo y a unos cuantos como él.
Pero sí puedo y debo hacerles estas consideraciones a quien se sienta a este lado de la mesa porque ellos se deben a los ciudadanos que les han votado y también a los que no lo han hecho.
Deben tener en cuenta, pero muy en cuenta, que esos ciudadanos a los que luego, quizá cuatro años después, pedirán el voto son sujetos de un derecho que ahora mismo se les está hurtando. Y ése es el derecho a la información por un asunto tan trascendental como una ley de amnistía que dará paso, si es posible, a la investidura del señor Sánchez.
Un derecho que en este momento se les está negando.
