La Comisión Jurídica afea que se reduzcan o eliminen las penas por malversación
La presión europea para que España despolitice su poder judicial sigue aumentando. Después de que el comisario de Justicia, Didier Reynders, advirtiese de las consecuencias que podrían acarrear el bloqueo del CGPJ y la laxitud frente a la malversación de fondos públicos en el procés, ahora es la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo la que ha pisado el acelerador para que España reaccione. Este organismo envió ayer a todos sus miembros su borrador de informe anual sobre el Estado de Derecho, y el documento, al que ha accedido EL MUNDO, contiene tres advertencias muy claras contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
La primera es una apelación a dotar de una mayor independencia al CGPJ, con una reforma legal para que al menos la mitad de sus miembros los elijan los propios jueces. La segunda es la petición de que se prohíban a partir de ahora las puertas giratorias desde la política hacia la Justicia. La tercera es una llamada a no rebajar en ningún caso las penas por el delito de malversación (ni a eliminarlas, como en una amnistía), e incluso a rectificar las que ya se han hecho. De hecho, el informe le pide a la Comisión Europea que apriete más a quienes «reducen los niveles de protección» contra esta forma de corrupción de fondos públicos. Es una referencia velada a España.
El ponente del informe es el eurodiputado español líderAdrián Vázquez, de Ciudadanos, que preside esta comisión parlamentaria conocida como JURI. El documento que ha preparado puede recibir enmiendas de los grupos en la Eurocámara, pero el texto original no se suele modificar apenas. A priori, lo apoyarían el PP Europeo y los liberales de Renew, y es probable que contase también con respaldo de los Conservadores y Reformistas (el grupo que incluye a Vox), con los parlamentarios húngaros y polacos en el aire (se pueden dar claramente por aludidos).
Además, los socialistas de algunos países -por ejemplo, Alemania– comparten las tesis del informe, subrayan fuentes de JURI. Cuando se apruebe, este documento empujará en la dirección que ya ha emprendido la Comisión. No será vinculante, pero cargará de razones a Reynders, quien ya ha transmitido en privado que se alinea por completo con estos postulados, según las mismas fuentes. Más aún, si finalmente obtuvieran el aval de la Eurocámara.
El documento es muy claro al pedir que se cambie el modelo de elección del CGPJ, ya que destaca «la importancia de consejos judiciales independientes, los cuales deben estar compuestos mayoritariamente por jueces elegidos por sus pares y contar con autoridad sustancial sobre los procedimientos de selección, promoción y disciplina de jueces».
Además, el texto esboza que el Parlamento «lamenta profundamente que no todos los Estados miembros hayan cumplido completamente con sus obligaciones en este sentido», e insta a la Comisión Europea «a ser más exigente en la implementación de estas reformas cruciales en los casos en que los sistemas de los Estados miembros no cumplan con los estándares prescritos».
Vázquez, que también es secretario general de Ciudadanos, trae a colación en el documento el caso de Dolores Delgado, nombrada fiscal general del Estado inmediatamente después de dejar el cargo de ministra de Justicia: «El Parlamento Europeo subraya, en particular, que el problema de las puertas giratorias no se limita únicamente a preocupaciones sobre ex ministros que pasan al sector privado después de su mandato en el sector público, sino que se extiende a situaciones en las que individuos pueden asumir roles críticos dentro del poder judicial o la fiscalía inmediatamente después de su servicio como ministros o afiliación a un partido político».
Por eso, el informe «insta a la Comisión a tener en cuenta este tipo de casos en sus próximos informes sobre el Estado de Derecho dentro de la UE; urge a la Comisión a exigir firmemente a los Estados miembros que se abstengan de estas prácticas, específicamente, mediante la implementación de disposiciones legales que impidan de manera proactiva que ex ministros y altos funcionarios políticos asuman posiciones de liderazgo en los altos tribunales de justicia o la fiscalía, salvaguardando así la independencia y la integridad de estas instituciones clave».
Una clave importante será qué enmiendas presentan los eurodiputados socialistas españoles ante estas tres recomendaciones. Y qué votan después. Sobre todo, porque en las últimas negociaciones (fallidas) para intentar desbloquear el CGPJ, el PSOE ya se comprometió a eliminar las puertas giratorias, por ejemplo.
En relación con la reciente reforma del delito de malversación, que rebajó las penas como parte del pacto entre el PSOE y sus socios independentistas, el informe del Parlamento Europeo urgirá a la Comisión a que, «en los casos en que se encuentre que se han reducido los niveles de protección de los fondos públicos, se comunique de inmediato con el Estado miembro o Estados miembros afectados, solicitando la implementación inmediata de las medidas necesarias para rectificar esta situación».
En este sentido, Bruselas ya ha advertido este mes que hay «ciertos límites» a la hora de aprobar una amnistía, y que estará muy atenta al impacto que tendría la norma, en especial en lo que se refiere a delitos de malversación. Asimismo, Reynders alerta de que la UE «actuará» si observa cualquier «regresión» en el principio de separación de poderes.
Éstos son los tres puntos relativos a España, pero el informe es mucho más extenso. Hay que recordar que cada año la Comisión elabora un informe en el que calibra el Estado de Derecho en cada uno de los países miembros, sobre todo en lo relativo a la independencia judicial, la separación de poderes o los mecanismos de garantía de derechos y libertades que se hayan visto deteriorados.
Aunque todos los países presentan áreas de mejora, algunos como Hungría o Polonia han sido advertidos en sucesivas ocasiones por sus políticas judiciales. En el caso de España, Bruselas viene llamando la atención sobre la falta de renovación del CGPJ y la ausencia de una reforma legislativa para garantizar que la mayoría de sus miembros sean nombrados por y entre los propios jueces, y no por los partidos políticos, como sucede hasta ahora.
