Analiza si puede requerir a la firma una autorización del Consejo de Ministros en el marco que estableció para proteger a las empresas durante la pandemia
El Gobierno no va a dejar que Ferrovial traslade su sede social a Países Bajos sin presentar batalla. El Ejecutivo está valorando todas las opciones que tiene en su mano para ver si es posible detener una marcha que se interpreta por unos -Moncloa- como una falta de compromiso con el país y por otros -el mundo económico- como una muestra de que los ataques a los empresarios y la estructura fiscal española no son el mejor aliado para atraer capitales.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró el fin de semana al respecto de lo que analiza el Gobierno para frenar la marcha que está determinando si puede actuar dentro del «marco de vigilancia con respecto a la inversión en sectores estratégicos» establecido por la crisis. Se trata de ver si «se requiere una autorización explicita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario», aseguró Ribera en unas declaraciones a la Cadena Ser.
Protección
Con motivo de la crisis económica que generó la pandemia, el Ejecutivo levantó un escudo para proteger a las empresas clave del posible apetito inversor extranjero en un momento de importante caída del valor bursátil de algunas firmas estratégicas que ha prorrogado hasta el 31 de diciembre. El paquete incluye medidas como la prohibición de que una firma de un país de fuera de la UE pueda adquirir más de un 10% de una empresa estratégica por más de 500 millones de euros; que se puedan crear compañías en territorio europeo por parte de estas empresas para burlar la restricción o la posible venta de activos.
Argumentos endebles
El Gobierno sigue creyendo firmemente que los argumentos esgrimidos por Ferrovial para justificar su marcha, como son el perfil de su negocio -80% internacional-, la mayor seguridad jurídica de Países Bajos y unos posibles costes de financiación más baratos; no justifican por sí solos la operación. Hoy lunes ha vuelto a incidir en ello la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño. «La información disponible hasta el momento y los análisis técnicos arrojan serias dudas sobre la sustancia de los argumentos (de Ferrovial)«, ha subrayado la vicepresidenta en declaraciones a RNE.
Calviño ha recordado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está analizando los motivos que ha argumentado la empresa para marcharse a Países Bajos, entre ellos el de ubicarse allí para poder saltar a cotizar en Estados Unidos. «Los análisis técnicos de la CNMV no parecen dar sustancia a estos argumentos y por eso prima la impresión de una falta de compromiso con su país», ha precisado Calviño, que ha insistido en que la decisión de Ferrovial es «errónea» e insistió en que demuestra «una falta total de compromiso» con España.
La vicepresidenta ha asegurado que aunque corresponde a la compañía tomar sus decisiones, el Gobierno tiene que analizar también las implicaciones y los argumentos de la marcha de Ferrovial, que es exactamente lo que está haciendo. «Los gobiernos tienen una función y una acción, que tiene que ser la de defender el interés general, y a lo largo de las últimas décadas se ha defendido el interés de las grandes multinacionales españolas, que han crecido con el apoyo de los contribuyentes españoles de los Gobiernos españoles, dentro y fuera de España», ha explicado Calviño, insistiendo en el argumento del Ejecutivo de que Ferrovial ha crecido gracias a los fondos públicos españoles.
La vicepresidenta primera ha manifestado para poner en duda los justificaciones de Ferrovial que «se ha hablado de la “AAA” de Holanda, pero podrían haberse ido a Alemania si estuvieran buscando la triple A. Esto es muy relevante para sectores como el financiero, pero mucho menos para un sector como el de las infraestructuras. A eso me refiero con que el análisis técnico arroja serias dudas sobre los argumentos», ha asegurado.
Al mismo tiempo, y sobre quienes apuntan que la marcha de Ferrovial tiene que ver con la inseguridad jurídica de España, Calviño ha afirmado que «los empresarios saben muy bien que no es así» y que, de hecho, España es un país que ahora mismo está captando «un gran volumen» de inversiones. «La economía española está considerada como particularmente atractiva desde el punto de vista de la inversión y del establecimiento de proyectos empresariales que crean empleo y que crean riqueza en nuestro país, precisamente por la seguridad jurídica que tenemos», ha defendido.
Calviño cree que la evolución que ha tenido Ferrovial en bolsa -cotiza en niveles similares a los del arranque de la semana pasada, antes de conocerse su traslado- abona su teoría de que sus argumentos públicos para irse no son sostenibles. «Yo creo que el mercado no ha integrado de una manera sustantiva este cambio, lo cual contribuye a la evaluación de que no se entienden los argumentos que se han esgrimido», ha resaltado.
En lo que respecta a la posibilidad de que sean motivos fiscales los que han llevado a Ferrovial a trasladarse, la vicepresidenta primera ha asegurado que en Países Bajos «ha mejorado mucho» en los últimos años, «en parte por la presión de las instituciones y de países como España», que ha defendido un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades a escala global «para evitar esa huída y competencia entre distintos sistemas fiscales porque eso nos empobrece a todos».
