Las grandes constructoras de nuestro país han elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez después de las numerosas críticas que ha recibido Ferrovial tras decidir su cambio de domicilio Fiscal a Países Bajos esta misma semana.
La patronal SEOPAN, en las que se encuentran ACS, FCC, OHLA y Sacyr, han cerrado filas con la empresa dirigida por Rafael Del Pino y califican de «injustas e inexactas» las informaciones y declaraciones vertidas por ámbitos dentro y fuera del Gobierno.
El grado de dureza emitido en un comunicado, es tal, que amenazan con emprender acciones legales contra el Gobierno y contra aquellos que han criticado al sector de la construcción.
«SEOPAN debe dejar constancia de su más absoluto rechazo y de su
voluntad de ejercer cuantas acciones pudieran corresponderle ante cualquier medida que, con vulneración de la legalidad vigente, pueda constituir un trato desigual o discriminatorio de la empresa en el ejercicio de su actividad empresarial en España», señala el comunicado.
El último en criticar la marcha de Ferrovial fue el presidente del Gobierno. En una comparecencia ante los medios desde Dinamarca, Sánchez aseguró que los empresarios tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad «en la que nacen y desarrollan toda su acción» y que además hay en España ejemplos «extraordinariamente positivos» de grandes empresarios comprometidos con su país. «Desde luego, con este anuncio, no es el caso del señor del Pino», ha sentenciado.
Desde la organización rechazan el argumentario de Moncloa, en el que se sostiene que Ferrovial y Del Pino se van para ahorrarse impuestos. «Países Bajos no es un paraíso fiscal, como erróneamente se ha venido afirmando, sino que su tributación es muy similar a la española, siendo irrelevante, si no inexistente, el posible efecto favorable en el pago de impuestos», se extrae del comunicado firmado este viernes.
Seopan, por último, defiende los intereses de Ferrovial y arguyen que la maniobra acometida es completamente legal y están dentro de la normativa que rige en la Unión Europea. «La decisión adoptada por el Consejo de Administración de Ferrovial, en el legítimo ejercicio de su derecho y con estricto cumplimiento de la legalidad española y comunitaria, no afectará a su actividad en España, que seguirá constituyendo un país preferente», recalcan.
Ferrovial también se defiende
Tras las críticas del Gobierno a Ferrovial, por primera vez, un alto ejecutivo de la compañía ha opinado al respecto del nuevo plan estratégico de la empresa contratista.
El consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, pide que «nadie dude» de la «continuidad» de la compañía en España y asegura que su plan es «mantener el empleo, la actividad, las inversiones» y seguir «contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho.
Además, ha recalcado que la empresa «espera seguir creciendo» y están «muy ilusionados por esta nueva etapa que esperemos entusiasme también a muchos inversores».
