El Ejecutivo ha requerido oficialmente a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que «se abstenga de aprobar o aplicar» cualquier medida antiabortista en la línea del anuncio que realizó el pasado jueves el vicepresidente regional, Juan García-Gallardo (Vox).
«El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente», advierte Presidencia en un comunicado de esta misma tarde, en el que también señala que Moncloa «velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna».
En este sentido, Moncloa reclama el «cese inmediato» de cualquier protocolo que hubiera adoptado Castilla y León y que obligue o recomiende a los profesionales sanitarios tomar medidas antiaborto. De la misma manera, el Gobierno exige a la Consejería que comunique «de manera inmediata» al Ministerio de Sanidad aquellas directrices, «instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales» al respecto.
En caso de la Junta desatienda las advertencias del requerimiento, el Gobierno señalar que «no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico».
El PSOE ya lo estudió
El PSOE, en las últimas jornadas, daba señales de no descartar emprender acciones legales contra el plan de la Junta de Castilla y León para fomentar la natalidad. Entre sus principales medidas, que se centran en evitar los abortos, destaca que los médicos deberán ofrecer a las embarazadas atención psicosocial, escuchar el latido del corazón del feto y una ecografía 4D, aunque ellas pueden decidir si quieren hacerlo o no. Los socialistas han mostrado, desde que estalló la polémica, un frontal rechazo a lo que consideran una «limitación de los derechos sexuales y reproductivos que puede producirse en Castilla y León». De hecho, según fuentes de la dirección de Ferraz, se está estudiando en detalle la medida para intentar pararla en los tribunales.
La ejecutiva del partido, que se reunió este viernes en Ferraz, trasladó un duro comunicado en el que consideraban que estas medidas suponen «la institucionalización en la sanidad pública de medidas que coaccionarían y limitarían la libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos». Tanto la obligación a los sanitarios de ofrecer la posibilidad de escuchar el latido del feto, como que los progenitores puedan tener una ecografía en 4D, «tienen como objetivo introducir dentro del sistema de sanitario público el control y el hostigamiento que antes se producía en los alrededores de los centros sanitarios», según denuncian.
Más allá de que la inclusión «de las estrategias de la ultraderecha más reaccionaria en el sistema de salud de Castilla y León supondría un terrible retroceso para los derechos de las mujeres», desde el PSOE consideran que podría tratarse de una afrenta que también es jurídica. Según su primera lectura, «restarán garantías en el ejercicio de un derecho reconocido«, pero también inseguridad para los profesionales, al considerar que estos planteamientos «contravienen los postulados de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción».
Sobrevuela un recurso
Antes de la interposición de un recurso, la Junta de Castilla y León deberá aclarar si este plan se realiza vía modificación de un protocolo o a través de una nueva norma. De tratarse de lo primero, no cabría recurso de inconstitucional, según la consideración de los expertos. En cualquier caso cabría la vía de presentar un recurso contencioso-administrativo. Si se tratase de una reforma de ley o una nueva norma, cabría recurso de inconstitucionalidad y con su admisión a trámite se podría paralizar la aplicación del plan mediante medidas cautelarísimas. A la espera de concretar si se emprenden acciones legales, desde el partido señalan que trabajarán «para que las mujeres que lo desean puedan interrumpir su embarazo en condiciones de igualdad, intimidad y dignidad, así como protegiendo la libertad y seguridad, especialmente en aquellos momentos en los que las mujeres se pueden sentir más vulnerables».
Desde la Junta de Castilla y León no precisan cómo sacarán adelante este plan. Desde el PP consideran que ni siquiera sería necesario modificar los protocolos médicos e insisten en que se trata de un acuerdo con sus socios de Vox. Estos últimos lo enmarcan también en un acuerdo de su coalición de Gobierno y entienden que no precisa de la aprobación de ninguna iniciativa legislativa para que entre en vigor.
Los socialistas han puesto su punto de mira en estos planes, denunciando que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Castilla y León ya se encuentra muy limitado. «Solo existen dos hospitales públicos en los que se pueda ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El 97,5% de las mujeres de Castilla y León tiene que interrumpir su embarazo fuera de su ciudad, fuera de su hospital de referencia o en una clínica privada», lamentan para recordar que «acceder a esta prestación sanitaria en el centro hospitalario más cercano a la residencia de la solicitante es un derecho reconocido en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo».
