El jueves 22 de diciembre, mientras el país seguía con pasión el sorteo de la Lotería y los medios dedicábamos nuestras portadas al premio Gordo y a las celebraciones poco originales de los afortunados, en el Congreso y en el Senado se aprobaban 17 leyes. ¡Ahí es nada! A eso se le llama productividad. Nada más terminar las votaciones, sus señorías salieron corriendo hacia sus casas, muchos viven fuera de Madrid, para celebrar la Navidad.
El atracón legislativo abarca leyes tan importantes como la de presupuestos, la ley del deporta, la ley trans y… la reforma del Código Penal, que incluye la eliminación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación.
La mayoría parlamentaria del llamado «bloque de investidura» actúa como un rodillo que ni siquiera vivimos cuando había gobiernos con mayoría absoluta. Por mucho que sea legal -que esto también es dudoso- no deja de ser una chapuza que una reforma tan importante como la del Código Penal se haga por el procedimiento de la proposición de ley para evitar los controles del Consejo de Estado, el CGPJ.
Esa manera de hacer las cosas -como sea- evidencia el objetivo real de Pedro Sánchez, que no es homologar nuestro Código Penal a los estándares europeos, ni nada que se le parezca, sino cumplir un compromiso con ERC para que, a cambio, los independentistas le apoyen con igual disciplina, o incluso más, que los diputados del PSOE.
Al transformar la realidad penal al gusto de los delincuentes se ha producido un hecho insólito. Lo que ocurrió en Cataluña en 2017 ahora se califica como un delito de desordenes públicos agravado, con una pena máxima de 5 años y una inhabilitación máxima de otros tantos. El otro delito al que fueron condenados los líderes del procés, el de malversación, en su nueva modalidad de malversación sin ánimo de lucro, se penaliza ahora con penas de seis meses a tres años de prisión.
Recordemos que Oriol Junqueras, uno de los cabecillas del procés junto a Carles Puigdemont, fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión y a 13 años de inhabilitación. Ya veremos cómo la Sala Segunda aplica el nuevo Código Penal, pero la condenad de Junqueras -que además está indultado- no pasará de cuatro años, y el recorte en el delito de inhabilitación le permitirá presentarse a las elecciones catalanas en 2025.
Volvamos por un momento a 2017. Más en concreto al 3 de octubre de 2017. Ese día, Felipe VI pronunció el discurso más importante desde que asumió el trono. Dijo que estábamos «viviendo momentos muy graves» por «la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada -ilegalmente- la independencia de Cataluña». Habló de «deslealtad inadmisible»; de «quiebra de la convivencia en la sociedad catalana»; de «inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña», … y por ello apeló -y ese era el principal mensaje de su discurso- a la «responsabilidad de los legítimos poderes del Estado para asegurar el orden constitucional».
Pedro Sánchez actúa como si fuera el presidente de una república en la que convive con un Rey al que deja prácticamente sin funciones, al no ser las meramente representativas
De hecho, el 27 de octubre, el Senado aprobó, con los votos a favor del PP y del PSOE, la aplicación, por primera vez en la historia, del artículo 155 de la Constitución, que suponía de facto la supresión de la autonomía de Cataluña, la destitución del Gobierno de la Generalitat y la disolución del Parlament.
En definitiva, el discurso del Rey, acorde a la grave situación política que se estaba viviendo en esos meses, propició la aprobación de un artículo que dejaba fuera de juego a las instituciones de Cataluña recogidas en su Estatuto de Autonomía.
A la vista de lo que ha sucedido ahora, el mensaje de Felipe VI, retransmitido en directo a toda España, resulta anacrónico, casi vintage.
La cosa no sería tan grave si el cambio de política respecto al independentismo se hubiera llevado a cabo con consenso, con la participación del principal partido de la oposición, y la aquiescencia del Jefe del Estado, a quien la Constitución le designa «árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones» (Título II, artículo 56 de la CE).
Lo más pernicioso de ese cambio de política auspiciado por el presidente Sánchez es que se ha hecho con el único objetivo de asegurarse una mayoría parlamentaria. Y eso lleva a que el Partido Popular, si ganase las próximas elecciones, volvería a retrotraer la situación legal a como era antes de este 22 de diciembre de 2022. Con todo lo que ello lleva consigo, aunque no tuviese repercusión penal sobre los condenados.
Sánchez ejerce el poder de una manera especial. Sólo él y un grupo reducido de ministros y asesores conocen las claves con las que se maneja el Gobierno. Eso pasa con Cataluña, pero también con Marruecos, por mencionar un caso paradigmático de esa política de camarilla.
«Es un presidente muy presidencialista», reconocen en Moncloa. Hasta tal punto que, en ocasiones, más parece el presidente de una república que el presidente de Gobierno de un país en el que el Jefe del Estado sigue siendo el Rey.
Aunque en situaciones puntuales Pedro Sánchez ha salido en defensa de la institución y de Felipe VI (sobre todo a raíz de la investigación a Juan Carlos I y su forzado exilio), el presidente siempre ha visto en el Rey una figura menor, no una institución del Estado. De hecho, en tiempos de Iván Redondo, se pergeñó un plan para popularizar a Su Majestad, que incluía abandonar el Palacio de la Zarzuela para vivir en un piso, eso sí, en el barrio de Salamanca. Un Rey de andar por casa, que va a los desfiles y ejerce de representante de la nación en cumbres internacionales. Una figura decorativa.
Aunque ahora ese plan está guardado en un cajón, lo que lo inspiró, esa idea de amoldar la figura del monarca a un país escéptico respecto a la institución, sigue flotando en el Palacio de la Moncloa.
Por eso no fue casual que el presidente hiciera esperar a Felipe VI el día del desfile del 12 de octubre, o que en la inauguración del AVE a Murcia se saltara el protocolo y anduviera por el andén delante del Rey como si de una persona de su equipo se tratara.
Hoy Felipe VI pronunciará su tradicional mensaje de Navidad. La situación de tensión y polarización en la que vive la sociedad española es preocupante. El desgaste de las instituciones, también lo es. Las acusaciones de «golpe de Estado» entre unos y otros han estado a la orden del día. En fin, que muchos españoles desearíamos que el Rey llamase a la concordia, cumpliendo con su función.
Lo hará, pero me temo que no con el ímpetu y la claridad que a él le gustaría. Sus palabras tienen que pasar por la censura previa de Moncloa.
