Mercedes González está acusada de dar un trato discriminatorio en las concentraciones frente al Congreso por la Ley de Memoria Democrática
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, tendrá que acudir a declarar por un posible delito de prevaricación después de que la Justicia haya desestimado un recurso de la Fiscalía contra la imputación de la delegada del Gobierno mediante un auto judicial del pasado 16 de diciembre.
Los hechos se remontan a la autorización de González de una concentración el pasado 14 de julio por parte de un grupo de memorialistas frente al Congreso de los Diputados, un día después de que hubiera obligado a desplazarse de sitio otra manifestación impulsada por una asociación de signo contrario que pretendía también realizar su protesta frente a la Cámara Baja.
González no autorizó la ubicación solicitada y trasladó la protesta a “la Plaza de las Cortes, en el espacio comprendido entre la Plaza de Cánovas del Castillo y la confluencia de las calles Duque de Medinaceli y Marqués de Cubas con la Plaza de las Cortes”. Es decir, unos metros más abajo del lugar que deseaban, y entre las 19:30 y las 22:00 horas. Esta circunstancia, según los querellados, les ocasionó un grave perjuicio por la “pérdida de visibilidad” de los manifestantes provocada por el cambio y, además, “por la limitación ilegítima de su derecho de reunión”.
“La querella debe admitirse a trámite y procederse a la práctica de las diligencias pertinentes, tendentes a la acreditación de los hechos”, expone el auto del juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
De esta manera, la delegada del Gobierno en Madrid, tendrá que acudir al juzgado a declarar el próximo 13 de enero por la comisión de un “posible delito de prevaricación”, después de que haya sido admitida a trámite la querella presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
El juez inadmite además el recurso de apelación interpuesto con carácter subsidiario por la representante del Ministerio Fiscal, con lo que la situación de la delegada del Gobierno en Madrid se complica penalmente.
La entidad querellante -la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica– ha mostrado su satisfacción por el auto y “porque la investigación penal contra la delegada del Gobierno en Madrid va a seguir su cauce, lo que demuestra que en España aún queda mucho Estado de Derecho en plenitud, frente a las habituales arbitrariedades gubernamentales”.
La asociación también ha afeado el “mal comportamiento de la Fiscalía, que más que como un Ministerio Público, está actuando en ya demasiadas ocasiones como un instrumento político al servicio de los intereses partidistas que representa la delegada del Gobierno de Madrid, con su decisión de privilegiar concentraciones memorialistas en el Congreso de los Diputados frente a aquellas que se oponen al odio y la radicalidad de la Ley de la Memoria Democrática y sus promotores políticos y mediáticos”.
