El PSOE marca perfil bajo en un debate en el que la Cámara ha tumbado por amplia mayoría todas las enmiendas de totalidad, y que llega solo un mes después de arrancar su tramitación exprés
El Gobierno ha logrado salvar el segundo gran escollo en el camino para aprobar la supresión del delito de sedición con una amplia mayoría, aún con fuerzas de la mitad de los grupos del Congreso de los Diputados en contra, y con la bancada del Ejecutivo vacía durante parte del debate, como criticó la oposición. La velocidad con la que Pedro Sánchez quiere salvar un asunto espinoso y alejarlo de las elecciones autonómicas y municipales es evidente: no es habitual que la Cámara vote las enmiendas de totalidad de una reforma de varios artículos del Código Penal solo siete días después de aprobar tramitarla. Ni tampoco lo es que el Gobierno esté ausente (hacia el final del debate han llegado a coincidir un máximo de tres de 21 ministros, María Jesús Montero, Irene Montero y Alberto Garzón) en una votación clave de una reforma que consideran trascendental.
El Congreso ha tumbado este jueves las cinco enmiendas de totalidad contra la norma: PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la Cup se han unido para rechazar este texto, cada uno por distintos motivos. Si los tres primeros han clamado contra la supresión del delito por el que fueron condenados los líderes del procés, en lo que consideran una cesión de Sánchez a los independentistas, las formaciones catalanas han criticado los riesgos que estas modificaciones entrañan para las protestas sociales.
Carlos Rojas (PP) ha afeado al Gobierno que convoque «un pleno extraordinario y urgente» para abordar esta materia, y no para corregir la ley del sí es sí «y evitar la salida de violadores de la cárcel», y ha denunciado que los «delincuentes» condenados por sedición «están dictando la ley» que eliminará este delito del Código Penal. Rojas también criticaba que tratasen de que este trámite pasara «rápido y desapercibido», en la misma línea que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que les afeaba que se «escondan» de sus propias leyes. «Quieren que el próximo golpe de Estado de estos señores les salga más barato», apuntó. Javier Ortega Smith (Vox), directamente pidió a los independentistas que «renuncien a la nacionalidad española». «Tomen un avión y márchense, pidan la nacionalidad en Corea del Norte, Cuba o Venezuela, y márchense», les espetó.
La portavoz de la CUP, Mireia Borrás, y Josep Pagès, de Junts, alertaron también del riesgo de que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados y el resto de cambios de la norma supongan un arma más para la «criminalización de la protesta». El PSOE no tiró del diputado que defendió sus posiciones hace una semana, Francisco Aranda Vargas, y dejó en manos de Felipe Sicilia la tarea de vender un cambio legal criticado hasta por algunos barones socialistas. Jaume Asens, de Unidas Podemos, volvió a la tribuna para asegurar que esta no es la receta dictada por los independentistas, sino por los grupos que conforman el Gobierno; el suyo ya anticipó esta receta para la «desjudicialización» del «conflicto» en Cataluña antes de las últimas elecciones generales.
Con todo, un debate que se esperaba largo y espinoso ha pasado sin pena ni gloria, en menos de dos horas, con la oposición criticando que coincidiera con un partido de fútbol de la Selección española, útil para desviar el foco de este debate (aunque el partido estuviera programado para cuatro horas después de que concluyera el pleno). El primer debate sobre la sedición ya tuvo lugar tras el maratoniano pleno de cuatro días sobre presupuestos, pasadas las 21.40 horas de la jornada en la que el Gobierno se colgaba la medalla por haber aprobado sus terceras y últimas cuentas públicas de la legislatura. La reforma del delito de malversación, esbozada por ERC pero nunca materializada en ningún documento, brillaba por su ausencia en los discursos de los republicanos, PSOE y Unidas Podemos.
Como ocurriera entonces, y como lleva pasando desde el pasado miércoles, tras los insultos de una diputada de Vox a Irene Montero el ambiente se ha tornado especialmente tenso. Tampoco ha ayudado la acusación de la ministra de Igualdad al PP de fomentar «la cultura de la violación». Este jueves, las intervenciones de varios portavoces han estado cargadas de dardos para poner a prueba los límites que la Presidencia de la Cámara marcaría ante estas palabras. «Etarras» o «terroristas» eran dos de los términos elegidos por Ortega Smith y Arrimadas para referirse a Bildu, ante la pasividad de la Presidencia, que el martes ya retiró la palabra a una diputada de Vox por referirse a este partido como «filoetarras».
El abrazo entre la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y un emocionado Adolfo Suárez Illana (PP) que se despedía de su escaño puso la nota de color a un pleno en el que se han escenificado posiciones ya más que anunciadas, y que precede a la cita definitiva para aprobar la supresión de la sedición del Código Penal en la Cámara Baja, no más allá del 22 de diciembre. El PSOE tiene mucha prisa por soltar esta patata caliente.
