Resulta paradójico que, en un momento en el que la inflación multiplica las necesidades de las familias más desfavorecidas, el mayor beneficiario de la solidaridad de los españoles vaya a ser el Estado. La Gran Donación —la campaña que todos los años organiza Banco de Alimentos de cara a las fechas navideñas, en la que los voluntarios recogen productos no perecederos a la entrada de los supermercados— movilizará a más de cuatro millones de ciudadanos y tiene previsto recoger donaciones, según estima la entidad, por encima de los 21 millones de kilos.
El problema viene porque, por cada uno de esos kilos, los ciudadanos habrán pagado su correspondiente IVA, que se embolsará finalmente el Estado. Una cantidad millonaria a la que hay que añadir los impuestos que también tiene que soportar la propia ONG cada vez que compra, con las donaciones en efectivo que ha recibido, los alimentos más urgentes.
«Entre las donaciones particulares y las compras de los Bancos de Alimentos, el Estado está ingresando entre 3 y 3,5 millones de euros cada año, en concepto de IVA», explica a ABC Francisco Graciano, Director de la Federación de Bancos de Alimentos.
La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios pide que los donantes no tengan que pagar IVA
Aunque el Congreso aprobó aplicar un IVA del 0%, la asociación advierte de que, la ley solo es aplicable a las donaciones de los grandes supermercados, pero no a las donaciones de los ciudadanos que participan en estas campañas solidarias
Lo sangrante es que en abril el Congreso aprobó, en una disposición final a la Ley de Residuos, que se aplicará «el tipo del 0 % de IVA a las entregas de bienes realizadas en concepto de donativos a las entidades sin fines lucrativos». Sin embargo, según Hacienda, un problema técnico impide aplicar esa norma tanto a particulares, como a la ONG, y, de momento, solo se está teniendo en cuenta en las donaciones de alimentos que hacen los supermercados.
Años de reivindicación
La reforma aprobada en abril recoge una reivindicación de años de varias entidades solidarias, encabezadas por la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios (ANDAS). La modificación supone un paso importante para los supermercados que, hasta entonces, se veían obligados a computar como gasto las donaciones a las ONG de los alimentos no perecederos o próximos a caducar.
Así, tenían que pagar a Hacienda el IVA correspondiente –un 4% para productos de alimentación como pan y harinas, frutas y verduras, hortalizas, huevos, leche y quesos, legumbres, cereales y tubérculos, y un 10% para el resto–. Que a su donación tuvieran que añadir ese sobrecoste del IVA, hacía que algunas empresas optaran por la destrucción de los alimentos en vez de donarlos.
Sin embargo, el criterio aplicado para las empresas no parece convencer a Hacienda en el caso de los particulares. Cuando los representantes de ANDAS y de los Bancos de Alimentos se reunieron con el organismo público el pasado octubre, de cara a preparar la campaña navideña, se encontraron con la sorpresa de que no había articulado ningún mecanismo para no cobrar o retornar el IVA a los particulares que hicieran donación de alimentos, incluidas las compras de la ONG.
«Quedamos absolutamente sorprendidos de que, si bien la ley es aplicable a las donaciones de las grandes superficies de alimentación, no lo es a nivel técnico a las donaciones que hacemos los más de cuatro millones de ciudadanos que participamos en estas grandes campañas de recogidas de alimentos«, explica Santiago López, director de ANDAS.
Como solución provisional, les propusieron que instaran a algún grupo parlamentario para que presentara una enmienda a los Presupuestos Generales de 2023 para que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, devuelva el Importe del IVA a la ONG que promueva la campaña, en este caso a los Bancos de Alimentos.
El guante lo recogió Ciudadanos, que presentó una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a «prestar toda la asistencia técnica necesaria e inmediata a los supermercados y grandes superficies« para no cargar con IVA la compra de productos destinados a su donación. Además, en el caso de que esto no fuera posible por cuestiones técnicas, reclama al Ejecutivo que revierta el IVA recaudado por »la adquisición de más alimentos destinados a personas en situación de pobreza«.
En su escrito, la formación política hace una estimación a partir de los datos facilitados por las ONG de la «Gran Recogida de 2020». Las restricciones impuestas por la pandemia impidieron ese año hacer una recogida física de alimentos y todas las donaciones fueron económicas. Así, según explica la enmienda «el Estado percibió en concepto de IVA más de 2 millones de euros del total de 31 millones donados en forma de alimentos básicos para los más vulnerables«. Un cálculo realizado con un IVA promedio del 7,5%, a partir de los ingresos de la campaña de Navidad, al que habría que sumar el de la compra de alimentos con los donativos ordinarios.
Sin perspectivas de cambio
Desde la formación naranja no las tienen todas consigo en que la enmienda sea finalmente aprobada. Su portavoz de Agricultura y Alimentación, la gaditana Mª Carmen Martínez, teme que las componendas entre los grupos parlamentarios lleven a rechazarla, «aunque en privado todos se han mostrado a favor», ha explicado a ABC. «Va a estar difícil, el riesgo que corremos es que el Gobierno negocie con grupos afines que no se aprueben ciertas enmiendas. Intentaremos buscar una mayoría alternativa«, añade.
Martínez también critica la actuación del Gobierno hacia los más desfavorecidos en estos momentos de crisis. «Recaudan por cosas que no son de sentido común. Sube la factura de la luz y se embolsan ese IVA de más. En este caso nos parece todavía más sangrante, cuando ya está resuelto para las grandes superficies«, concluye.
Tampoco ve una solución inmediata el Director de la Federación de Bancos de Alimentos. «Estamos luchando para que esto cambie. Es cierto que para las donaciones de particulares hay que buscar una fórmula más compleja, pero el que los Bancos de Alimentos no paguen el IVA en sus compras es una decisión muy sencilla«, explica Graciano.
Iniciado ya noviembre, y con la campaña de donativos a punto de arrancar, parece que a los ciudadanos sólo les va a quedar el consuelo de aquel viejo lema del «Hacienda somos todos», cuando piensen, al hacer sus donativos a los más desfavorecidos, que el mayor beneficiario acabe siendo, un año más, el Estado.
