La Jefatura de Información de la Guardia Civil ha concluido que se puede perseguir a cuatro miembros de la cúpula de ETA por el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco en julio de 1997. Así lo expone en un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que ha reabierto el caso: “Las acciones terroristas que eran llevadas a cabo por los comandos armados de ETA no eran sino el reflejo de la estrategia diseñada en el seno del Comité Ejecutivo”. La acción terrorista pudo ser evitada por los dirigentes de la organización, como apuntó la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) en su querella, así que el hecho de no haberlo parado es motivo para continuar contra ellos, dicen los agentes.
El informe con fecha del pasado 20 de junio al que ha tenido acceso LA RAZÓN ha analizado diferentes actas del Comité Ejecutivo y expone cómo se componían los comandos que solían estar formados por dos o tres personas a las que se sumaban los colaboradores. “Era de este reducido núcleo decisorio de donde emanaban las instrucciones sobre qué acciones terroristas había que cometer en cada momento, en función de la estrategia elegida”.
Tal y como adelantó este periódico, los agentes señalan a José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería», y María Soledad Iparraguirre, «Anboto». El asesinato del concejal “no pudo ser una acción terrorista cuya materialización decidiesen de forma individual o de motu propio los integrantes de un comando de acción de ETA, en este caso el comando Donosti, sino que respondió a una acción cualificada con un marcado valor estratégico para ETA y cuya ideación, planificación y decisión sobre su resolución final debió necesariamente ser tomada y ordenada” por el “Comité ejecutivo de ETA”, apuntan.
Acciones contra políticos
Para entender lo que sucedió con el concejal del PP en Vizcaya Miguel Ángel Blanco dicen los agentes que hay que remontarse a 1992 cuando un golpe policial detuvo a la cúpula terrorista en Bidart (Francia) y el grupo tardó varios años en recuperarse. Se inició un “debate estratégico que alcanzó todas las estructuras” y la conclusión fue que había que reorientar la lucha, ir a por objetivos más concretos y políticos.
El informe añade extractos del debate interno: “creo es hora de que empiecen a ver peligrar lo que más queremos todos, la vida. Pues el día en el que un tío del PSOE o PP, PNV va al funeral de un txakurra [es la forma con la que ETA se refería a los miembros de seguridad] o cien, se les llena la boca de palabras de condena y lágrimas de cocodrilo, no ve en peligro su situación personal y asume este tipo de ekintzas, pues están hechos una piña en contra de nuestros derechos como Pueblo. Pero el día que vayan a un funeral de un compañero de partido, cuando vuelvan a casa quizás piensen que es hora de encontrar soluciones o quizás le toque estar en el lugar que estaba el otro (o sea en caja de pino y con los pies por delante).”
Así pues ETA cambió el rumbo hacia ataques certeros y con un tinte muy político. “Los primeros hitos de esta escalada fueron los asesinatos del sargento mayor de la Ertzaintza D. Joseba Goicochea y del concejal del Partido Popular en San Sebastián D. Gregorio Ordoñez”, marca la Guardia Civil. Y en este contexto se decidió el secuestro del concejal bajo la amenaza de asesinarlo en 48 horas
Los agentes de Información han encontrado cartas que “Kantauri” remitía al comando Vizcaya en 1997 en las que inciden en la necesidad de secuestrar a un concejal del PP: “Con el tema de los concejales y políticos. Me figuro que en el mes de agosto habréis tenido problemas para encontrarlos por las vacaciones, pero vuelvo a insistiros sobre la importancia de este tipo de acciones. Poner toda vuestra fuerza, ganas y militancia en levantar a un concejal del PP. Espero vuestra respuesta sobre este tema tan importante.”
Los comandos que estuvieron operativos durante el verano que se produjo el secuestro fueron: el comando Vizcaya -cuyo responsable era “Kantauri”-; el comando Andalucía; el comando Araba y el comando Donosti. Obtuvieron información sobre las costumbres de Miguel Ángel Blanco y decidieron realizar el secuestro del mismo en las proximidades de la estación de tren de Eibar, justo en el trayecto que debía realizar para llegar a su lugar de trabajo. “A tal fin, Ibon Muñoa (exedil condenado por su complicidad en el atentado) estacionó un vehículo de su propiedad en la calle Barrena de Eibar, en las proximidades de la estación de tren y les facilitó las llaves a los liberados del comando”, relata el informe.
De igual forma que expuso el abogado de DyJ Miguel Ángel Rodríguez en la querella por la que el juez Manuel García Castellón reabrió este caso hace unos meses, los agentes consideran que existe responsabilidad de los cabecillas de la organización no solo activa, sino pasiva, es decir que no hicieron nada por parar el asesinato. “Se trata de la también posible responsabilidad en la acción de los integrantes del Comité ejecutivo de ETA por la omisión por parte de los mismos de llevar a cabo los actos necesarios que estaban en su mano […] de cara a evitar el resultado final del secuestro”, revela el informe. Al ser ETA una organización tan jerarquizada los integrantes estaban bajo la “sumisión” de la cúpula que era la que tenía “el pleno dominio sobre el modo de proceder”.
Otras acciones terroristas
El grupo de Información plasma también acciones consumadas y otras propuestas que el comité de dirección intentó en esos años de “objetivos mucho más selectivos y más significativos”. Así hablan del asesinato en San Sebastián de Gregorio Ordoñez, militante del PP.
En agosto de 1995 existió una tentativa de asesinato del Rey de España en Palma de Mallorca. La Policía desarticuló ese agosto un comando que estaba integrado por Juan José Rego Vidal, Ignacio Rego y Jorge García. El primero de los detenidos declaró que tenía órdenes de “Kantauri” para perpetrar dicho atentado.
El asesinato en 1996 del abogado y dirigente del PSE-PSOE Fernando Múgica también se enmarca en este contexto de la banda terrorista; lo mismo que el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara o los sucesivos intentos de asesinato del Consejero de Interior del Gobierno vasco Juan María Atutxa Mendiola.
