Alejandro es uno de los 2.000 padres que han solicitado el 25% de castellano de forma individualizada en los últimos años. Y Elena representa a una de aquellas familias que no han dado el paso por miedo al acoso, al señalamiento. Ambos, partiendo desde posiciones alejadas, reflejan el conflicto lingüístico en Cataluña y sirven para explicar lo ocurrido en la escuela en la última década.
Un pulso que esta semana debe llegar a su fin: el martes es el último día que tiene la Generalitat para aplicar el 25% de castellano en todo el sistema educativo por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Todo tras la histórica sentencia que tumba la inmersión y abre la puerta al bilingüismo en las aulas avalada por el Supremo.
“Es la victoria de David contra Goliat”, asegura Alejandro. Su nombre y el de Elena son ficticios con el objetivo de preservar el anonimato, una petición expresa antes de las entrevistas para evitar problemas en sus entornos sociales. Y en la memoria reciente está el caso del niño de Canet de Mar y su familia, acosados por una parte del independentismo por pedir una asignatura más en castellano para el menor este invierno en la escuela del Turó del Drac.
Una lucha caso a caso, aula a aula –hasta la sentencia, las peticiones eran individualizadas y sólo se aplicaba el 25% en la clase del menor demandante– que ambos conocen en primera persona. Alejandro dudaba entre reclamar o no el bilingüismo por miedo a que estigmatizaran al pequeño. “Tomé la decisión cuando le escuché (al hijo) explicar que la profesora les pedía que hablaran en catalán entre ellos, con sus amigos”, relata. “Es habitual que ocurra, sobre todo cuando son más pequeños, antes de Primaria”.
“Pensé que no podía transigir”, recuerda. Entonces, empezó el periplo judicial de la mano de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad presidida por Ana Losada que asesora y defiende los intereses de las familias que quieren más clases en castellano en la escuela desde su fundación en 2014. Su petición terminó sin más problemas añadidos, con la dirección del centro aceptando la resolución e impartiendo dos materias en español, la de Lengua y la de Matemáticas.
“Muchos niños y niñas son castellanohablantes, y para ellos es muy bueno aprender una asignatura como por ejemplo Matemáticas en su lengua materna. Es muy beneficioso, habría que tomar nota”, apunta Alejandro con la vista puesta en la sentencia pendiente de ejecutar en todo el sistema educativo después de que la propia AEB haya recurrido con el aval de más de 1.600 familias.
Completamente opuesto es el caso de Elena, madre de tres hijos escolarizados actualmente en un centro concertado trilingüe de Barcelona. “Nos fuimos del colegio y hasta del barrio, no podíamos más”, explica. Su historia empieza cuando decidió pedir a la dirección del centro –uno público de Montjuïc– que quería recibir las comunicaciones y los avisos relativos a sus hijos también en castellano. “Había mucha presión, también por el adoctrinamiento”. Se refiere a otoño de 2017, en pleno estallido del “procés”, con el referéndum ilegal del 1-O saltando de la calle a las aulas.
En este caso, Elena se planteó solicitar el 25% de castellano por la vía judicial, aunque finalmente desistió después de toda la hostilidad que sufrió por haber reclamado más presencia del español y por pedir al colegio que la ideología se quedara fuera del aula y se mantuviera la neutralidad política. “Y, además, no quería que señalasen a mis hijos por la lengua”, añade.
“Es un camino muy difícil, no conozco a nadie a quien no le hayan hecho la vida imposible”, señala sobre el viacrucis judicial del 25%. La decisión de Elena fue matricular a sus niños en un centro concertado de Barcelona que imparte las mismas horas de catalán, castellano e inglés, a partes iguales. «Nosotros hemos tenido la suerte y los recursos, pero muchas familias no pueden», advierte.
Y aquí entra en juego la histórica sentencia que la Generalitat debe aplicar sí o sí en todos los centros catalanes a partir de este martes. “Es una victoria, como no podía ser de otra manera. Aunque es una victoria lograda con mucho sufrimiento”, asegura Elena.
Un resultado que secunda Alejandro, pese a que su caso terminó sin tantos sobresaltos: “Sin duda es una batalla ganada, pero sale caro, es muy, muy complicado”, señala abriendo el mismo melón: el de los recursos económicos necesarios e invertidos en caso de solicitar por libre el bilingüismo. “En el fondo es una victoria muy triste, debería ser normal la presencia del castellano en las aulas”, resume.
Sobre si la Generalitat terminará aplicando el fallo pese a haber amagado con esquivarlo a través del pacto lingüístico entre ERC, Junts, PSC y Comunes, ambos se muestran cautelosos. Y ahora, en plena cuenta atrás, todos los focos apuntan hacia el Departamento de Educación en manos del republicano Josep González-Cambray, el consejero que deberá dar instrucciones claras a los centros educativos como muy tarde el martes.
Sobre este aspecto, la entidad Impulso Ciudadano ha publicado un informe en el que cuestiona el acuerdo alcanzado en el Parlament sobre las lenguas, avisa de que puede ser inconstitucional y sentencia: la política lingüística de la Generalitat “no solamente es contraria a la Constitución, sino que atenta contra el pluralismo lingüístico y la dignidad de las personas”.
