Estados Unidos es el único país occidental que se cree la existencia de una patriótica correlación entre seguridad y el acceso sin restricciones a las armas por parte de sus ciudadanos. Esta falacia identitaria se basa en la peor combinación posible: la guerra cultural que considera liberticida recortar lo que el Tribunal Supremo considera una y otra vez como un derecho fundamental (en contraste con el derecho al aborto a punto de ser derogado) y una industria multimillonaria empeñada en preservar su letal negocio.
Con 400 millones de armas de fuego al alcance de una población de 330 millones, EE.UU. debería ser el país más seguro del mundo. Al fin y al cabo, con un censo que representa un 5% de la población global, acapara la mitad de las armas en manos de civiles por todo el mundo.
Sin embargo, este nacionalismo pistolero contrasta con una vergonzosa realidad de continuas masacres como la perpetrada en una escuela primaria de Texas, donde han perdido la vida una veintena de niños y dos maestras.
Estas tragedias consentidas se apalancan en una tradición política muchísimo más sensible a derechos individuales que colectivos, con supremacía de la autonomía personal y la esfera de lo privado. En su diseño constitucional, la obsesión casi patológica de los Founders & Framers contra la concentración y abuso de poder se plasmó en la Segunda Enmienda («Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas») como contrapeso a la amenaza de ejércitos profesionales y espadones golpistas.
Esta impecable lógica republicana ante un escenario político que en el siglo XVIII estaba monopolizado por monarquías absolutas y tiranías ha degenerado en el siglo XXI en unos niveles de violencia incompatibles con una democracia avanzada. Y lo peor de todo, es que no hay punto de inflexión a la vista porque no hay crisis en EE.UU. que algunos no intenten solucionar con un poco más de pólvora y plomo.
