Dicen que, a consecuencia de la covid, el teletrabajo ha llegado para quedarse. Y en el Gobierno de Aragón parece que es verdad. Un total de 336 empleados públicos han acordado con la DGA trabajar cuatro días a la semana desde casa y uno en la oficina, acogiéndose a la orden que pactaron el Ejecutivo autonómico y los sindicatos en abril del año pasado._Desde entonces, 480 funcionarios han solicitado trabajar a distancia, lo que representa un 4% de la plantilla de Administración General (12.000). No hay un perfil claro. Sí se da una circunstancia puntual, que tiene que ver con dificultades de movilidad entre las que se incluye la lejanía del domicilio al puesto de trabajo.
Desde el Gobierno de Aragón se quiere dejar claro que el teletrabajo nada tiene que ver con la pandemia y que no es una fórmula para fomentar la conciliación familiar y laboral. Se podrán acoger a él los que desempeñen funciones que no requieran presencialidad. Estará admitido, por tanto, para los que realicen estudios y análisis de proyectos, soporte técnico, elaboración de informes, asesoría jurídica, redacción de documentos y tramitación electrónica, entre otros. La DGA está chequeando cada uno de los puestos para determinar si quienes ostentan la plaza tienen derecho a hacerlo.
Los que solicitan teletrabajar tienen que firmar un compromiso individual con su responsable directo y se someten a un seguimiento personalizado. El permiso se revisa cada seis meses y es prorrogable. Los gastos que genere esta fórmula no presencial se compensan con 12 euros al mes.
A la vez que se van validando las peticiones de los empleados públicos, desde la consejería de Hacienda continúan chequeando los puestos para poder incluir más tarde en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) si son susceptibles de teletrabajar o no.
Los departamentos en los que más funcionarios se han acogido a esta práctica son los de Agricultura Ganadería y_Medio Ambiente (67) y los de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento (62). En el otro lado de la balanza figuran Economía, con 8, y Ciudadanía y Derechos Sociales, con solo 4.
Derechos y obligaciones
No se ha registrado, en todo caso, el aluvión de peticiones que algunos vaticinaban. Lo achacan, desde Función Pública, al trato «más humano y directo» que se consigue gracias a la presencialidad. Las exigencias laborales son exactamente las mismas. «El personal tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en la normativa vigente que el resto del personal que presente sus servicios en la modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección de datos que resulte de aplicación», dice la orden.
Tendrán prioridad, a la hora de acceder al permiso, las víctimas de violencia de género, los trabajadores con movilidad reducida y las embarazadas. Les seguirán los funcionarios que están a cargo del cuidado de hijos de 0 a 3 años, y después, de 3 a 14 años o familiares enfermos.
Los empleados de la DGA pueden acogerse, además, a un «teletrabajo por fuerza mayor» en caso de enfermedad o accidente grave de padres, madres, hijos, hermanos, cónyuges o parejas de hecho, por un mínimo de 15 días y un máximo de tres meses, contados a partir de la resolución de la autorización. En este supuesto, además, podrán trabajar los cincos días de la semana desde su domicilio.
