La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado a los independentistas de ir de «víctimas» aprovechando el caso Pegasus y montar ahora un escándalo «cuando nunca antes se les ha visto defender los principios básicos del Estado de Derecho ni los derechos y libertades de todos los ciudadanos».
En respuesta a la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, la titular de Defensa ha afirmado: «Ya que se rasga las vestiduras yo le pregunto qué tiene que hacer un Estado y un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas y realiza desórdenes públicos, cuando alguien tiene relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania. Usted de esto no está diciendo nada. Cuando se hackean organismos como el SEPES e impide que los trabajadores puedan cobrar, cuando también ha habido hackeos de teléfonos de ministros no le he oído decir nada. Me suena todo a una hipocresía por su parte».
Las palabras de la ministra han sido interpretadas por parte de la Cámara como una justificación del espionaje que, para muchos tendría justificación en el momento en el que se produjo el ataque al Estado con la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia, pero no ahora cuando este mismo Gobierno indultó a los protagonistas de aquel atentado contra la unidad de la nación e incluso los elevó a la categoría de socios preferentes.
«Ojalá constituyamos pronto esa comisión [la de Secretos Oficiales] y podamos hablar de Pegagus sí o Pegasus no, y yo le digo que muchos se quedarían sorprendidos», ha asegurado Robles quien ha asegurado que todo lo que afecta al CNI, a sus medios y a su personal está sometido al secreto y tiene una protección legal. Así ha recalcado que el artículo 5 de la ley de 2002, de Secretos Oficiales es el que le impide dar una sola información al respecto. El PNV ha pedido la desclasificación inmediata de documentos y después la derogación de esa ley.
EL PNV PIDE «CONTUNDENCIA»
Para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, este asunto debería interesar a «todo el que crea en un Estado y en un sistema democrático». En su opinión, en la Comisión de Secretos, que se constituirá después de que Sánchez pidiera a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cambiar de un plumazo la mayoría para la elección de sus miembros, «no se solucionará absolutamente nada», como así ha sucedido siempre.
Esteban que, en su trayectoria parlamentaria, ha asistido a varias sesiones de esta comisión en otras legislaturas, ha asegurado que en ninguna de ellas se revelaron secretos ni información realmente reservada. El portavoz nacionalista vasco ha reclamado en consecuencia una comisión de investigación parlamentaria y ha reprochado a Robles que haya pasado de ser una «juez progresista» a una simple «aplaudidora de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».
«En la Comisión de Secretos no se va a solucionar nada y si creen que lo van a solucionar con una mera sesión, dos ronditas de preguntas por cada uno de los portavoces parlamentarios están equivocados. Y harán desde luego daño al sistema democrático y su credibilidad si no actúan más contundentemente. Aprueben la comisión de investigación y desclasifiquen los documentos», ha apremiado el portavoz del PNV, Aitor Esteban.
La ministra de Defensa ha insistido ante Esteban y después ante la diputada de la CUP, Mireia Vehí, en no dar credibilidad a la información de The Citizen Lab, publicada por la revista The New Yorker, desvelando el presunto espionaje con el programa Pegasus a 65 personas entre presidentes de la Generalitat, presidentes del Parlament, diputados, senadores, abogados y activistas relacionados con el independentismo.
Robles ha advertido de que pueden atribuir al CNI «hasta la muerte de Manolete» pero ha recriminado que hagan todas esas acusaciones sin pruebas o en base «a no sé qué informe o a no sé qué medio de comunicación». «Presente usted las pruebas, ¿dónde están las pruebas?», ha retado la ministra de Defensa, que ha instado a los afectados a acudir a los tribunales si creen que se han vulnerado las leyes.
LA «REENCARNACIÓN» DE FERNÁNDEZ DÍAZ
Lejos de complacer a los críticos, la intervención de Margarita Robles este miércoles en el Congreso ha hecho aumentar los reproches sobre cómo el Gobierno está gestionando esta crisis. La presión crece, entre otros motivos, porque la titular de Defensa no cuenta ni tan siquiera con el respaldo de todo el Consejo de Ministros, ya que Unidas Podemos sigue señalando a Robles como responsable última del caso de espionaje.
De hecho, los morados ya relacionan a la ministra socialista con los escándalos que protagonizó el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno. «Hoy [Jorge] Fernández Díaz ha vuelto al Congreso de los Diputados reencarnado en Margarita Robles», ha expresado en forma de metáfora el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, en relación a que el ex ministro del Interior fue procesado como parte de la operación Kitchen, paradigma para Podemos de lo que consideran las «cloacas del Estado».
Las divergencias con Margarita Robles, no obstante, no son nuevas. Unidas Podemos ha colisionado en numerosas ocasiones con la ministra de Defensa a lo largo de la legislatura. La última, precisamente, hace menos de una semana, cuando la líder morada, Ione Belarra, llamó a tomar las calles en contra del envío de más material ofensivo a Ucrania. Una propuesta que fue desechada con ironía por Robles: «Ojalá convenza a Putin«.
Ahora, no obstante los ataques a Robles llegan desde fuera del Consejo de Ministros. Este martes, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, redobló la presión al asegurar que el supuesto espionaje implica responsabilidades políticas, al mismo tiempo que mostró su sorpresa ante que no se haya concretado todavía fecha para una comparecencia de Robles sobre este asunto. Pablo Iglesias, además, también ha exigido a la ministra que se «depuren» responsabilidades.
Desde el seno de la formación reiteran que por el momento no se ha exigido la dimisión de ningún cargo en concreto -como sí lo hacen las formaciones independentistas con las que firmó el manifiesto este martes-, pero consideran que ha de producirse una «asunción de responsabilidades políticas» dada la «gravedad» del asunto. «Tienen que rodar cabezas», ha resumido este miércoles el propio Echenique en los pasillos de la Cámara Baja.
Todo, con el silencio de las ministras moradas -Ione Belarra e Irene Montero– y, de nuevo, la posición distante de Yolanda Díaz, que este martes reclamó cautela y solicitó, antes de sacar «conclusiones», escuchar «los hechos» en la comisión parlamentaria de Secretos Oficiales.
